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Empleo cierto

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La formalización de un contrato no se ejecuta por un deber patriótico sino por una objetiva causa de rentabilidad económica. De la misma forma que no se debe ni pueden establecer fronteras a la libre circulación de capitales, respecto a las personas la actitud debe ser la misma.

Las autarquías han demostrado a lo largo de nuestra historia económica que, al no fomentar la amplitud de los mercados, y menos los limitados en lo que a su dimensión y fragmentación se refiere, generan más perjuicios que beneficios. Lo que hay que provocar es la certeza más absoluta por parte del tejido productivo a la hora de contratar a nuestros residentes porque estos sean los que mayor capacitación profesional, formación y habilidades transversales exponen frente al resto.

Bajo esta perspectiva se ubica el concepto de empleo cierto, desde la perspectiva del acoplamiento de la oferta formativa a las demandas sectoriales requeridas, adecuando la formación a las actividades económicas planificadas desde hoy para que, a la hora de habilitar las contrataciones, nuestros residentes tengan ese plus adquirido con anterioridad al resto de competidores. Desde la perspectiva de lo público, la inversión en capital humano ha supuesto un importante desembolso económico, lo que ha permitido el ahorro privado en materia formativa dentro de las empresas.

La formación debe ser parte de la vida activa de las personas y durante su proceso hay que facilitar los medios económicos precisos para una vida digna

Para establecer tal escenario deben combinarse la inversión en políticas activas de empleo con un alto nivel de exigencia. Es innegable que hay que fomentar no solo la alta movilidad en el empleo, sino también la de las inversiones. Hay que habilitar un sistema de incentivos económicos y fiscales para la promoción de las personas desempleadas, así como para las empresas en lo que a los sistemas de desempleo; formación; empleo+formación se refiere.

De igual modo, la formación debe ser parte de la vida activa de las personas y durante su proceso hay que facilitar los medios económicos precisos para una vida digna. No se trata solo de un requisito anterior a la ocupación, máxime cuando los requerimientos formativos de los puestos de trabajo serán cambiantes durante toda la vida laboral, bajo la perspectiva de trabajar con un innovador modelo de relaciones laborales funcional que permita a las empresas y a sus efectivos laborales adecuarse rápidamente a los diferentes condicionantes y requerimientos del mercado, ofertando, al tiempo, la adecuada protección social a los trabajadores. O lo que es lo mismo: después de la formación, debe venir más formación.

De igual modo, se debe disponer de una red regional de centros que inplique una amplia oferta adaptable de Formación Profesional. Todo ello auspiciado por un alto nivel de participación de los agentes sociales en el sistema. Una mayor inclusión de la sociedad en la toma de decisiones políticas, a través de procesos participativos, potenciará la confianza de los individuos en las instituciones públicas y, por tanto, su legitimidad, mejorando la calidad de los procesos decisorios y la estabilidad institucional.

*José Miguel González Hernández es economista

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