La Laguna libre de paraísos fiscales

Se calcula que en todo el planeta entre 19 y 29 billones de euros se ocultan en los paraísos fiscales. La Unión Europea pierde un billón de euros cada año por lo que dejan de tributar esos fondos dirigidos a paraísos fiscales, lo que representa más que el gasto sanitario total de todos sus Estados juntos. El problema alcanza la categoría de drama en los países pobres y menos desarrollados, donde la pérdida de los ingresos fiscales excede el total anual mundial destinado a la ayuda al desarrollo.

Y todo esto sucede mientras la crisis económica castiga duramente a la ciudadanía en general y de un modo lacerante a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, que ven con impotencia como las instituciones que tendrían que defenderlos y velar por sus intereses hacen la vista gorda ante el problema.

Por otra parte, los continuos escándalos de corrupción, que vinculan a una parte de la política y la actividad económica-financiera, están contribuyendo a crear una brecha social entre la población y la elite político financiera que da sustento a esa situación y que sumado a las consecuencias nefastas de las políticas neoliberales (recortes, pérdida de derechos laborales y civiles, pauperización de los servicios públicos...), ponen en entredicho no solo al sistema político y la calidad de la democracia, sino que están contribuyendo a romper la cohesión social.

Todas las administraciones públicas, también los gobiernos locales a pesar de escaso margen de actuación en fiscalidad, deben velar por el cumplimiento de buenas prácticas financieras y fiscales, preservando la ética de los negocios, la transparencia, la igualdad de oportunidades y la lealtad en la competencia, ya que, entre otros males, la evasión fiscal es una medida que permite a las grandes corporaciones tener posiciones ventajosas frente a las pequeñas o medianas empresas locales.

No es cierto que no se pueda hacer nada contra esta lacra, que solo sea cometido de las grandes instituciones de ámbito supranacional o que se mantenga porque los gobiernos no alcanzan a controlar la economía globaliza. Al contrario, este combate contra la evasión y la irresponsabilidad fiscal se debe plantear y se debe ganar en todos los ámbitos, empezando por organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a los ayuntamientos y terminando en los foros políticos más alejados y poderosos.

De hecho, la evasión hacia paraísos fiscales está ahora en la agenda de la UE, de la OCDE, del G8, del G20 y otros organismos de carácter global, gracias a iniciativas que parten desde esa base ciudadana de las sociedades más avanzadas.

Así, en los últimos años en el ámbito local han florecido iniciativas pioneras de exigencia de compromiso con la responsabilidad fiscal y en contra de los paraísos fiscales promovidos por organizaciones del tercer sector, como Oxfam-Intermon y la Plataforma por una Fiscalidad Justa. En Europa destacan algunas regiones y ciudades francesas, como Grenoble y Estrasburgo y muchas municipalidades de Suecia, Noruega y Finlandia.

En el Estado español, después de las últimas elecciones locales y con la entrada de las fuerzas del cambio en muchos municipios, ya sea en los gobiernos o en la oposición, empiezan a aprobarse declaraciones institucionales de “municipios libres de paraísos fiscales” e iniciativas que van más allá exigiendo garantías éticas y una mayor transparencia y responsabilidad fiscal en la gestión de sus licitaciones públicas a empresas y personas. Así lo han hecho Mataró, Castellón de la Plana, Tarragona,..., y muy recientemente Barcelona.

Siguiendo las directrices del Informe BEPS (Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios -Base Erosion and Profit Shifting-) de la OCDE, que se aplica ya en el Estado español en el sector financiero, y en el marco del contexto social anteriormente descrito, desde Unid@s se puede pretendemos que el Pleno lagunero suscriba una declaración simbólica y moralizante de que nuestro municipio está libre de paraísos fiscales.

Además proponemos otras medidas prácticas para requerir que las grandes empresas que concurran a concursos públicos municipales deban presentar informes de responsabilidad fiscal, especificando en su caso en qué países tienen filiales y tributan impuestos y una declaración jurada asegurando que sus directivos no tienen vinculación con empresas, sociedades financieras o bancos que estén situados en países catalogados como paraísos fiscales.

De conseguirlo, cosa en la que confiamos porque no encontramos argumentos para que el resto de partidos de la corporación pueda votar en contra, La Laguna sería el primer municipio de Canarias que se suma a este movimiento social en contra de la evasión y los paraísos fiscales.