Repensando el modelo

Las islas, de pequeña dimensión y alejadas de los grandes mercados, reducen su vulnerabilidad mejorando la accesibilidad. La economía de Canarias siempre ha contado con un modelo de crecimiento económico en el que sus elementos constitutivos fueron los de una economía de producción cuya oferta exportadora se esforzaba por minimizar sus costes y por tener libre acceso a los mercados internacionales que maximizaban su intercambio.

Para ello se ha dotado de un marco económico y fiscal que procura reducir las desventajas estructurales a través de un modelo de autonomía determinado. Dicha autonomía no debe contemplarse como un sistema de mejor administración sino como un sistema de reconocer la existencia de políticas diferentes.

En este sentido, Canarias debe fundamentar su desarrollo en su potencial endógeno, ofreciendo facilidades a la aparición de unidades económicas de especialización flexible y con carácter mínimo eficiente. Con ello se evita la polarización de la actividad económica ante procesos de creciente competencia.

Así, los diferentes niveles de gobierno deben jugar un importante papel en las funciones del sector público. Para ello, hay que conformar un sistema fiscal que provea, de forma suficiente y solidaria, una batería de bienes y servicios públicos que originen procesos de inserción social.

Para llevar a cabo tal personalización, no siempre el carácter general es el óptimo, y la atención debe ubicarse en niveles de gobierno más cercanos a los territorios necesariamente divididos. Esto es necesario que ocurra, tanto por la burocratización de las acciones como por el conocimiento de los problemas. De esta forma, cada nivel de gobierno no debe intentar cumplir todas las funciones del sector público, sino que debe asumir aquella que mejor puede desempeñar.

No todas las regiones poseen ni desean un mismo estilo de desarrollo, y de él dependerán para obtener unos resultados u otros. Lo único que podría hacerse es la obtención de los efectos positivos en relación con otros estilos de desarrollo pero sin pretender insertarlos en su misma medida. Lo mismo habría que practicar con los aspectos negativos, porque puede que éstos afecten de una forma diferente.

Si las necesidades no son las mismas, tampoco lo serán los servicios disfrutados ni los problemas que éstos puedan originar en su provisión, de ahí que no se requiera un sistema uniformado sino armonizado. El aspecto regional, visto desde ese prisma, es primordial puesto que la manera más óptima de solidificar un determinado país sería a base de descentralizar el poder respectivo atendiendo a las necesidades de cada región.

Obviamente, dentro de la fabricación de ese modelo podemos incorporar la ponderación de los diferentes pesos políticos que entran a formar parte a la hora de configurar un proceso de toma de decisiones, dado que, al fin y al cabo, de eso va a depender toda la evolución del modelo. Lo otro, pura teoría…

José Miguel González Hernández

Economista