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Un buen planeamiento genera empleo y riqueza

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Los ayuntamientos disponen de dos poderosos instrumentos para la creación de empleo y riqueza: la planificación territorial y la planificación inversora. La primera lo hace de manera indirecta, asignado diferentes usos al suelo del municipio, en función de sus propias necesidades y capacidades. La segunda actúa directamente sobre el tejido productivo, con la contratación de obras y servicios que no sólo activan la economía local, sino que repercuten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Sea de manera directa o indirecta, la planificación es imprescindible en la administración pública.

El éxito de esa planificación –entendiendo por éste su ejecución en tiempo y forma– está sometido a condicionantes que, a veces, escapan del propio ámbito de competencia municipal. Por ejemplo, el planeamiento urbanístico está sujeto a muchos –demasiados– obstáculos administrativos que demoran su aprobación definitiva. El planeamiento inversor, por su parte, depende de factores económicos coyunturales de índole global. Si en este segundo caso, la capacidad de maniobra política es más limitada, en el primero de ellos las administraciones sí pueden y deben hacer más.

En ese sentido, apoyaré decididamente todo cambio normativo que persiga una simplificación de los procedimientos administrativos para facilitar la inversión y la creación de empleo. No es lógico que la aprobación de los planes urbanísticos de una ciudad se retrase año tras año para dar cumplimiento a una norma excesivamente rígida y, en consecuencia, ineficaz. No es lógico que un Plan General tarde en Canarias unos diez años para ser aprobado o que un planeamiento específico se demore entre dos o tres años. Esa lentitud del acto administrativo es una injusticia para los vecinos, para los empresarios y, en definitiva, para las ciudades.

No debemos olvidar que las figuras de planeamiento son mucho más que una mera transcripción cartográfica. Son los instrumentos que definen los usos de los suelos y, por tanto, los que determinan el aprovechamiento de los mismos. Santa Cruz, por ejemplo, no se puede permitir más demoras en la aprobación de sus respectivos planes, porque de ellos depende la generación de actividad económica y de empleo. Un inversor o un empresario no pueden esperar eternamente a que la administración le diga si su dinero o sociedad se puede instalar en un determinado ámbito.

Desde la Gerencia de Urbanismo se han venido adoptando en los últimos meses diferentes medidas para aprobar cuanto antes las figuras de planeamiento pendiente, al menos en lo que compete al propio Ayuntamiento. Hemos adjudicado recientemente la conclusión y desarrollo de los planes especiales del Antiguo Santa Cruz y del Barrio de los Hoteles-Pino de Oro. Estamos a la espera de la respuesta del Cabildo de Tenerife sobre el Plan Especial de El Toscal y trabajamos en el procedimiento para sacar adelante los correspondientes a Las Teresitas y el Parque Marítimo. Al mismo tiempo, trabajamos para el levantamiento de los ámbitos suspendidos del Plan General. Con todo ello, esperamos concluir nuestra parte del trabajo antes de final de año y dar seguridad a todos aquellos que quieren invertir en Santa Cruz.

El ejemplo de lo que un documento de estas características puede hacer por la ciudad lo tenemos en el Plan Especial del Puerto, que fue aprobado el 13 de noviembre de 2014 y que hoy está permitiendo una importante diversificación de las actividades del recinto portuario y facilitará inversiones por importe de 200 millones de euros en los próximos años.

Por lo que respecta a la planificación inversora del propio Ayuntamiento, que cuenta este año con 30 millones de euros consignados en los Presupuestos municipales, ya hay proyectos que están en marcha como la remodelación de la piscina municipal Acidalio Lorenzo, de la calle Méndez Núñez o la Casa del Carnaval. Son solo algunos ejemplos de la acción directa que estamos llevando a cabo, fruto de una mejora económica global, pero también gracias al saneamiento de las cuentas municipales.

Estamos trabajando para poner las cosas fáciles a los empresarios –naturalmente dentro de la legalidad– y aumentar nuestra reputación como una ciudad confiable para la inversión. Y lo seríamos mucho más con un procedimiento administrativo en materia urbanística a nivel autonómico más sencillo y ágil. En resumen, más eficaz.

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