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Una diferencia inaceptable

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Un informe del Ministerio del Interior conocido estos días ha venido a certificar algo que muchos ya intuíamos: el desequilibrio existente en las dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Según ese documento, esta última ciudad dispone en la actualidad de 246 agentes más que la suma de los que prestan servicio en Santa Cruz y La Laguna.

Ese desequilibrio, además de escandaloso, resulta inaceptable. No hay datos ni circunstancias que, analizados objetivamente, permitan una mínima justificación. Ni siquiera en términos poblacionales: porque si bien es cierto que el número de habitantes de Las Palmas de Gran Canaria supera a la suma de los de Santa Cruz y La Laguna, esa diferencia es de unas 25.000 personas, lo que no explica el desfase de 246 agentes.

Me parece muy bien que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria disponga de esos efectivos y también de los medios materiales que precise. No quiero que se quiten policías a Las Palmas, pero sí que se incrementen las dotaciones en mi ciudad y la provincia. Por eso, exigiré al nuevo Gobierno que surja de las elecciones que corrija de inmediato ese desequilibrio en las plantillas de empleados públicos dedicados a la seguridad, puesto que su configuración actual profundiza el agravio.

Que nadie busque en mi reivindicación, a la que por otra parte estoy obligado como alcalde, tintes partidistas, porque ese desequilibrio se ha forjado con gobiernos de distintos colores políticos. Se trata de que el nuevo Ejecutivo enderece el rumbo para atender las necesidades objetivas en materia de seguridad ciudadana de Santa Cruz, el área metropolitana y el conjunto de las islas occidentales.

Desde hace tiempo, las inversiones se han focalizado en Las Palmas de Gran Canaria, no solo en medios humanos, sino también materiales. Basta con comparar las instalaciones con las que cuenta el CNP allí, con una moderna supercomisaría, y las que sufrimos en Santa Cruz, tanto en la avenida Tres de Mayo como en la calle Robayna.

Es hora de que la Administración central empiece a saldar la deuda que mantiene en particular con nuestra ciudad y, en general, con la provincia tinerfeña, en seguridad ciudadana, con una dotación de medios adecuada a la realidad de la misma y que contribuya dar respuesta a las demandas actuales en esta materia.

Esta exigencia se une al listado de asuntos pendientes que el Estado tiene con las islas y que sólo en Santa Cruz incluye, entre otros, las inversiones en los proyectos de mejora de nuestro litoral, la ejecución de planes de empleo específicos o la financiación para ampliar la estación depuradora de aguas.

Por eso, la defensa de los intereses de Santa Cruz de Tenerife se debe extender con toda la firmeza a las Cortes, para que la voz de nuestros vecinos se escuche alta y clara y el Gobierno del Estado atienda unas reivindicaciones tan justas como necesarias.

En mi condición de alcalde y, si los ciudadanos así lo deciden, en la de diputado en el Congreso seguiré peleando siempre por Santa Cruz y el grueso de la provincia tinerfeña. Allá donde haga falta y utilizando todos los medios políticos a mi alcance, lucharé para que se haga justicia con este territorio y sus habitantes, para que dispongamos de las mismas oportunidades que otros lugares del Archipiélago o del Estado.

No somos más que nadie, pero menos tampoco. Esa es mi obligación y ese es mi compromiso.

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