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Absuelto el guardia civil que reunía a empresarios y concejales en Arona

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no encuentra sustento a la acusación de tráfico de influencias del excabo José Manuel Rodríguez por haber mediado entre ediles de la Junta de Gobierno, la oposición y el empresario Pedro Suárez

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pedía una condena de seis meses de prisión e inhabilitación y una multa de 30.000 euros por perseguir beneficios, que no han quedado demostrados

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Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto del delito de tráfico de influencias al guardia civil José Manuel Rodríguez, al que la Fiscalía sentó en el banquillo por entender que había intentado presionar en 2008 a los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Arona, así como al alcalde y otros concejales de la Junta de Gobierno para favorecer al empresario Pedro Suárez. 

Era una pieza separada del Caso Arona. Se parece mucho a un culebrón, y quizás lo sea, pero sin sustento para una condena. El que en 2008 era cabo de la Guardia Civil y responsable del Servicio de Información en Playa de las Américas (rango que perdió tras su imputación y ser trasladado a Madrid), organizó varios encuentros, primero con los concejales socialistas que eran la oposición , entre ellos, Francisco García Santamaría. Luego, con miembros de la Junta del Gobierno local, como el propio ex alcalde José Alberto González Reverón y  el que era concejal de Urbanismo, Antonio Sosa; y por último, entre todos los anteriores y el constructor Pedro Suárez, que la vez era el presidente del Círculo de Empresarios del Sur (de Tenerife) y uno de los hombres de negocios del ladrillo más poderoso de la isla, no en vano es vicepresidente del CD.Tenerife. 

El Gobierno local de Arona quedó paralizado tras la denuncia en 2007 de Francisco García Santamaría a la Fiscalía anticorrupción por presuntas irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas y posibles contratos a dedo. Meses después, se abrió un expediente urbanístico contra un camping, el Camping Nauta, regentado y gestionado por un familiar de Santamaría. 

No se concedía ni una licencia de obras mayores, o se concedían a cuenta gotas, y el acusado, que mantenía relaciones de vecindad con concejales de uno y otro bando enfrentados, y también conocía a Suárez y otros empresarios afines, medió para que se sentaran a hablar unos con otros y acabar con esa situación de parada. Al final se celebró una comida en casa de Pedro Suárez, cita que ha sido una de las piedras angulares de la acusación pública. 

Fue en abril de 2008, y abundó el cochino negro, eso lo recordaron todos los testigos. Asistieron el exalcalde de CC José Alberto González Reverón, principal encausado por corrupción en la pieza matriz del Caso Arona (el juicio ha durado cuatro meses y aún está pendiente de sentencia), Santamaría y concejales de la Junta de Gobierno. “Se habló de esto y de lo otro, y sí, de la concesión de licencias, pero sin concretar ninguna ni llegar a ningún acuerdo”, dijo uno de los testigos. 

Varapalo a la Fiscalía 

Para la Fiscalía, esas reuniones, y las llamadas para concertarlas, tuvieron una finalidad: la de influir en los votos de los concejales de la oposición para desbloquear la concesión de licencias y sobre todo, favorecer al poderoso Pedro Suárez. A cambio, que se diera carpetazo a una multa de 35.000 euros que pesaba sobre los familiares de Santamaría, dueños de Camping Nauta. 

Pero el caso es que no ocurrió ni lo uno ni lo otro y que, tras ocho años de investigación judicial, no se ha dado con el beneficio que el guardia civil obtendría de todo ello, un elemento esencial en el tráfico de influencias. 

Hubo un conato de comisión de Urbanismo tras esa comida, pero como relataron varios testigos, apenas quedó en una reunión en el vestíbulo del Ayuntamiento en la que no se llegó a acuerdo alguno. 

Tampoco constaban entonces expedientes pendientes para concesión de licencias a nombre de Pedro Suárez o su empresa Gomasper. Ni ha quedado acreditado, más bien al contrario, que el acusado José Manuel Rodríguez tuviera autoridad suficiente como para imponerse en las decisiones de los concejales de la Junta de Gobierno y de la oposición. 

Según las conversaciones telefónicas interceptadas, el acusado tampoco ejercía autoridad ni influencia moral sobre el ex alcalde José Alberto González Reverón, ni Santamaría podría influir en los votos ya que no formaba parte de la Junta de Gobierno. 

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Tenerifeahora.es, se da un varapalo a la Fiscalía, al argumentar que “lo primero que debe decirse es que no queda del todo claro cuál o cuales son los funcionarios o autoridades influenciados, ni tampoco queda determinado debidamente en el escrito de conclusiones cuál sería la situación de ascendencia o influjo del acusado sobre ellos”. 

El tribunal de la sección sexta de la Audiencia Provincial ha absuelto, por tanto, al acusado del delito de tráfico de influencias y ha dado la razón a su abogado defensor, que en el juicio afirmó que su cliente actuó por altruismo, sin obtener beneficio alguno, y que si estaba sentado en el banquillo es porque “es bobo”, ya que “si se hubiera quedado quieto, no habría tenido que escuchar las barbaridades que se han dicho sobre él”.

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