El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se considera el auténtico perjudicado con el pelotazo de Las Teresitas
Los servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han presentado su escrito de acusación por el caso Las Teresitas y lo hace porque considera que la Corporación local ha sido la verdadera perjudicada con el pelotazo que implicó la compra del frente de la playa. De hecho, los servicios jurídicos municipales cuantifican en 82 millones el agujero que dejó el anterior alcalde, Miguel Zerolo y los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia. De esta cantidad 52,5 millones se corresponden con el precio pagado a Inversiones Las Teresitas (ILT) y 29,5 a los intereses computados desde que tuvieron lugar los hechos hasta la presentación de este escrito el pasado 29 de junio. El último de los talones tiene un valor de casi 409.000 euros y fue abonado justo cuando explotó el caso de Las Teresitas a finales de 2006.
El Ayuntamiento considera responsables del pago de esta suma a los trece acusados más las empresas ILT, Promotora Punta Larga de Plasencia y Promotora Victoria de González. Para los abogados de la Corporación local, las tres sociedades resultaron beneficiadas de esta operación además de detectar “una absoluta confusión de patrimonio entre todas ellas”.
El Ayuntamiento considera que los anteriores responsables pagaron por los terrenos un sobreprecio de 39,4 millones y no duda que “la actuación delictiva objeto de la acusación fue ideada y diseñada como un todo unitario acudiendo a la figura de la compraventa a sabiendas del perjuicio que se originaba a las arcas municipales”. El Ayuntamiento cree que tanto el anterior alcalde, Miguel Zerolo, como el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo como los empresarios llegaron a un acuerdo para, no sólo evitar las construcciones en el frente de la playa, sino también garantizar que ILT obtuviera beneficios.
Con este fin se celebraron una serie de reuniones entre ambas partes, al margen de cualquier procedimiento administrativo, ninguna de las cuales está documentada, en las que participó el exalcalde, empresarios y representantes de los antiguos propietarios. El Ayuntamiento pide que los acusados depositen una fianza por valor de 82 millones o sino se proceda al embargo de los bienes. También solicitan la declaración de una inspectora de Hacienda y de un policía nacional que participaron en las investigaciones. Igualmente que lo haga el auditor de ILT y que Urbanismo certifique que se pagó la totalidad del dinero acordado.
