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El Cabildo de Tenerife tendrá que pagar al vecino que Muvisa realojó ilegalmente

El TSJC ratifica la condena que obliga a la Corporación tinerfeña a abonar una indemnización de 31.465 euros por las humedades que las obras del tranvía provocaron en una vivienda de Taco

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Tranvia_metropolitano_tenerife_070713

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El Cabildo de Tenerife tendrá que indemnizar con 31.465 euros al vecino que fue realojado junto a su mujer y su hijo menor de edad de manera ilegal por el Ayuntamiento de La Laguna, lo que provocó la destitución del concejal Domingo Galván, a raíz de las humedades que las obras del tranvía causaron en su vivienda del barrio de Taco. Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una reciente sentencia, a la que ha tenido acceso  mirametv.com, en la que desestima el recurso presentado por la empresa pública Metropolitano y la UTE que acometió los trabajos.

El TSJC pone fin así a cinco años de lucha de una familia en las administraciones y los tribunales, a través de un abogado de oficio, después de que su vivienda quedara completamente inhabitable por culpa de las humedadesprovocadas como consecuencia de la defectuosa ejecución de la red general de alcantarillado durante las obras del tranvía de Tenerife.

Aunque ni el Ayuntamiento de La Laguna ni el Cabildo de Tenerife reconocieron el derecho a la indemnización que desde enero de 2011 reclamó uno de los cónyuges, Carlos Quintero Expósito, el Consistorio llegó a realojar a la familia, el matrimonio y su hijo menor, después de pagarles varias noches en un hotel de la ciudad, en una vivienda del barrio de La Cuesta a través de un alquiler social de la empresa pública Muvisa. El contrato, como se descubrió poco después, se firmó sin autorización y sin pasar por ningún trámite administrativo, lo que provocó que el por entonces alcalde, Fernando Clavijo, destituyera al que hasta ese momento era el concejal responsable, Domingo Galván.

Los problemas para la familia comenzaron pocos meses después de habitar su nueva vivienda, cuando Galván empezó a incumplir con el abono del alquiler. El exconcejal, ahora colocado como secretario de alto cargo en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, llegó incluso a realizar algunos de los pagos a través de cheques cuyo titular era una comunidad de vecinos y no el Ayuntamiento de La Laguna. 

Pese a todo, las administraciones continuaron sin asumir el arreglo del inmueble afectado por las humedades. La suerte de la familia, que llegó a encargar un informe pericial sobre el estado de su vivienda, comenzó a cambiar cuando el Consejo Consultivo les reconoció su derecho a ser resarcidos. El dictamen del órgano jurídico fue clave en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que estimó en parte el recurso de Carlos Quintero y condenó al Cabildo, al ser el titular de la vía (la carretera general de El Rosario), a indemnizar con 31.465 euros a los afectados, 16.465 euros para hacer frente a los desperfectos ocasionados y 15.000 euros por los daños morales causados al padre y a su hijo menor de edad. Una cantidad que, eso sí, se aleja de los 70.000 euros que reclamaron.

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