Mamotreto 'versus' Generalitat en la apertura del año judicial en Tenerife
El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, hizo un alegato este viernes sobre la defensa de la legalidad y del cumplimiento de las resoluciones judiciales en la apertura del año judicial en la provincia tinerfeña, y lo realizó hilando las consecuencias del incumplimiento de sentencias firmes con lo acontecido en Cataluña el pasado 1 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional dictara la suspensión del referéndum. También evocó a Cataluña la fiscal jefe provincial, Carmen Almendral.
El magistrado puso un ejemplo cercano a los tinerfeños para dar cuenta de ese incumplimiento de las resoluciones judiciales: el caso mamotreto. La demolición del ilegal edificio de aparcamientos en la entrada de la playa de Las Teresitas fue fallada en 2014 en una primera sentencia que luego ratificó la Audiencia Provincial, pero no se acató hasta tres años más tarde.
“Sabemos que todas las resoluciones judiciales pueden estar sometidas a la sana crítica y que no somos infalibles, pero queremos recordar que el sistema judicial es plenamente garante porque las resoluciones judiciales son controladas por las diversas instancias superiores, hasta el Tribunal Constitucional”, enfatizó. “Por eso, no es aceptable en un Estado de derecho que se abogue por el incumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, porque eso es tanto como cuestionar el Estado de derecho, lo que nos acerca a los tristes y complejos acontecimientos que estamos viviendo en España...”
Con estas palabras, Astor Landete cerró un discurso de apertura, que no dejó indiferente a muchos de los invitados al acto, entre ellos, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que abandonó la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que se celebró la apertura, negando sentirse aludido por las indirectas del magistrado en relación con el mamotreto.
Reivindicativo como acostumbra, sí nombró la palabra “corrupción” y recordó la escasez de medios con la que se celebró el juicio de Las Teresitas (aunque sin llamarlo por su nombre), que definió como ese tipo de “litigios vinculados a comportamientos aislados de representantes cualificados de otros poderes de la Administración local o del mundo empresarial”.
Jueces politizados
Jueces politizadosEllo le sirvió para rechazar la “politización de los jueces”, algo que dejó ver como cotidiano y a lo que se refirió como un “problema” varias veces en su discurso.
“Creo que de una vez por todas se debe dar respuesta a este problema que cuestiona el buen hacer de nuestros administradores y esa solución no debe ser la judicial. Hace muy poco, un alto dignatario dijo que las responsabilidades por corrupción se solventaban en los tribunales o en las elecciones. Creo que es una visión errónea del problema. La responsabilidad es política e individual. En segundo lugar, debe actuar el partido político y, finalmente y en su caso, el Parlamento”.
Y añadió que “la Justicia solo debe resolver las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la ley. No se puede huir de asumir las responsabilidades políticas para esconderse ante los tribunales bajo el paraguas de la presunción de inocencia y luego acusar a los tribunales de estar politizados”.
La fiscal jefe provincial, Carmen Almendral, también nombró a Cataluña y el “problema catalán” para dar su apoyo a los fiscales que ejercen en esa comunidad autónoma, además de a las fuerzas de seguridad del Estado, desde la Policía Judicial hasta las policías autonómicas y locales.
Sin embargo, su discurso se centró en la falta de medios para sacar adelante una sobrecarga de trabajo que tradujo en 89.904 procedimientos penales iniciados en 2016, de los que 15.566 diligencias lo fueron por delitos contra el patrimonio, la mayoría, hurtos.
A la espera del nuevo orden penal
A la espera del nuevo orden penalComo Astor Landete y el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, el magistrado Juan Luis de Lorenzo Bragado, Almendral abogó por la puesta en marcha de la Oficina Judicial, tal y como se planeó desde 2003, un proyecto que ha quedado en el aire y que se espera ver plasmado en la nueva Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, que aboga por que se desarrolle en la zona de Cabo Llanos y no en la zona de El Sobradillo, como tiene planteado inicialmente la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias.
Igual que el modelo de nueva Oficina Judicial sigue a la espera después de más de una década desde su aprobación por el Ministerio de Justicia, el nuevo orden penal (por el que los fiscales llevarían la carga de la investigación de cada causa) tampoco ha avanzado mucho.
Para la fiscal jefe, urge el sistema acusatorio puro, “en el que la fase de investigación de los procedimientos penales sería dirigida por el Ministerio Fiscal, lo cual supondría la necesaria reorganización de las funciones de jueces y fiscales, que tendría efectos muy beneficiosos sobre el proceso penal, abandonando de una vez, de manera definitiva y mucho más allá de las tímidas reformas que se van produciendo, el modelo procesal existente en la actualidad”.
