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CASO SILIUTO

Los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, otra vez en el banquillo por prevaricación y malversación

La vista oral se ha aplazado una semana para dar tiempo a la acusación popular, que ejerce IU, a depositar la fianza de 2.000 euros que le permita intervenir en el juicio

La Fiscalía pide 10 años de prisión para Norberto Plasencia por ambos delitos; para el funcionario Víctor Reyes, acusado de prevaricación, solicita siete años de cárcel

La acusación popular es la única que acusa a Manuel Parejo porque votó a favor de la compraventa: le pide ocho años de privación de libertad

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Manuel Parejo, Norberto Plasencia y Víctor Reyes, en el banquillo de los acusados.

Manuel Parejo, Norberto Plasencia y Víctor Reyes, en el banquillo de los acusados.

El juicio por la compraventa de un edificio en el corazón de Santa Cruz de Tenerife por un precio casi el doble de lo tasado por los técnicos del Ayuntamiento ha sentado de nuevo en el banquillo este lunes a los exconcejales de Urbanismo Manuel Parejo y Norberto Plasencia (entonces de CC y ahora en prisión por la sentencia firme del caso mamotreto), acusados de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. También, una vez más, se ha sentado en el banquillo el exsecretario general de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes, para quien la Fiscalía pide siete años de prisión y la acusación popular, diez, por prevaricación.

Sin embargo, la vista oral ha sido aplazada una semana, hasta el 11 de julio, para dar tiempo a la acusación popular, que ejerce Izquierda Unida y representada por el abogado José Pérez Ventura, a depositar una fianza de 2.000 euros para poder ejercer la acción popular que en la fase de instrucción no le fue reclamada.

La compra de la casa Siliuto, o antigua casa Lázaro, situada en el popular barrio de El Toscal y que iba a ser destinada a Casa de la Juventud, recuerda en su esencia a la compra del frente de la playa de Las Teresitas. Y ocurrió igualmente a comienzos de siglo: los propietarios del inmueble, que se iba a ver afectado por el Plan Especial de El Toscal, propusieron en 1998 al Ayuntamiento que lo comprara por 612.777,78 euros, según una tasación particular, frente a los 332.469,99 euros en que fue tasado por los técnicos de Urbanismo.

Norberto Plasencia, que en 2002 era el consejero delegado de Urbanismo, solicitó una nueva tasación a Tinsa, que elevó el precio a casi 706.000 euros. Atendiendo al escrito de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, esta nueva tasación solo tenía como objetivo “lograr la apariencia de legalidad”.

Finalmente, en febrero de 2003, se elevó a escritura pública la compraventa por 280.281 euros por encima de lo tasado por la propia Gerencia de Urbanismo. En otra reunión del consejo de administración de la Gerencia, en la que participó Manuel Parejo, se acordó que el Ayuntamiento abonaría el impuesto municipal conocido como plusvalía, que por ley corresponde pagar a los vendedores y que supuso, según las acusaciones, otro detrimento de las arcas públicas de 10.946 euros.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Norberto Plasencia contó con la ayuda esencial del exsecretario general de Gerencia Víctor Reyes para llevar a cabo la operación, que habría favorecido intereses particulares frente al interés general, máxime cuando la casa Siliuto incluso podría pasado al patrimonio municipal sin tener que abonar un euro.

Los delitos no han prescrito

Para Norberto Plasencia, la Fiscalía ha solicitado siete años de prisión y 12 de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa, además de otros tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta por el de malversación de caudales públicos.

Para Víctor Reyes pide siete años de prisión y 12 de inhabilitación por el delito de prevaricación.

Sin embargo, dejó fuera y pidió el sobreseimiento provisional para Manuel Parejo, que solo está acusado por IU del delito de prevaricación y para quien se reclaman ocho años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta.

Tampoco han sido acusados ni por la Fiscalía ni por la acusación popular los demás integrantes del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, que declararán en calidad de testigos, entre ellos, el actual concejal de Obras Públicas en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Dámaso Arteaga.

Al inicio de la vista oral, los abogados que defienden a Manuel Parejo y Víctor Reyes alegaron que los delitos habrían prescrito, además de la falta de legitimación de Izquierda Unida para ejercer la acción popular por tratarse de un partido político “con intereses particulares”.

Tras dos horas de deliberación, los magistrados que componen la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, presididos por Esmeralda Casado, resolvieron que los delitos no habían prescrito, ya que así se declara en un auto de la Sección Quinta de la misma Audiencia Provincial, y que Izquierda Unida sí está legitimada para llevar a cabo la acusación popular, sobre todo por la naturaleza de los delitos que se enjuician, prevaricación y malversación, “de claro interés público”.

Manuel Parejo y Norberto Plasencia se encuentran en prisión, en cumplimiento de su condena de tres años y dos años y tres meses, respectivamente, por la construcción ilegal del edificio de aparcamientos a la entrada de la playa santacrucera de Las Teresitas, conocido como mamotreto.

A su vez, Manuel Parejo y Norberto Plasencia están a la espera de la sentencia del llamado caso La Ninfa, cuyo juicio se celebró en junio pasado y en el que la acusación particular solicito cuatro años de prisión para ambos por las supuestas irregularidades acometidas en la reforma de un inmueble, con invasión de terrenos destinados a un aparcamiento público.

Manuel Parejo y Víctor Reyes, a su vez, han sido condenados a siete y cuatro años de prisión, respectivamente, en el juicio por el caso Las Teresitas.

En un principio, la Fiscalía solicitaba una responsabilidad civil subsidiaria a la Gerencia de Urbanismo de 280.281 euros, sin que estuviese muy claro si esa Gerencia era perjudicada o beneficiada por la compraventa de la casa Siliuto. Este lunes, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha retirado esa obligación. El pago de lo abonado de más a los hermanos Siliuto deberá ser satisfecho solidariamente por los acusados en caso de ser condenados. También deberán reingresar a las arcas públicas los más de 10.000 euros en concepto de plusvalía. A todas las cantidades habrá que añadir el interés legal del dinero.

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