Los abogados de la defensa en el caso Arona coinciden en que no hay pruebas que incriminen a los acusados

Los abogados de la defensa en el macrojuicio por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Arona coinciden: La causa debería haberse enjuiciado por la vía civil y no por la penal, aparte de no haber pruebas directas y claras que incriminen a los acusados, por lo que han pedido la libre absolución de todos los delitos: cohecho, prevaricación urbanística y prevaricación continuada.

Es la conclusión de la última sesión de la vista oral por el caso Arona 1 que desde enero se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y en la que han intervenido los cinco defensores de los extécnicos de la Oficina de Urbanismo, tres arquitectos y un supuesto intermediario en el cobro de las comisiones ilegales.

Al igual que en la sesión de este martes, en la que la abogada Olga López que defiende al exalcalde de Arona y a los seis concejales que conformaron su Junta de Gobierno entre 2003 y 2007, los abogados de los restantes acusados recalcaron que no hay pruebas incriminatorias ciertas y que la Fiscalía no ha hecho bien su trabajo, al confundir unos técnicos con otros, unos servicios jurídicos municipales con otros, y sin una investigación “en profundidad” del patrimonio de cada cual.

Es más, para Pedro Revilla, abogado del arquitecto Zenón Rodríguez, acusado de cohecho (le piden cuatro años de cárcel) por haber trabajado codo con codo con el exaparejador municipal, Roberto de Luis (quien le habría impuesto para llevar a cabo edificaciones), en caso de que hubiera algún delito de cohecho, sería menor y ya estaría prescrito.

Juan Luis Fernández del Torco, que defiende al exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa (6 años de cárcel, 20 de inhabilitación y 500.000 euros de multa por cohecho y prevaricación urbanística) y al arquitecto Antonio González Tolosa (cuatro años de prisión y 10 millones de multa), alegó que los técnicos no intervienen en las decisiones que se adoptan en las juntas de Gobierno, al igual que no les competen las gestiones de las unidades de actuación, sino que eso son competencias de los servicios jurídicos de la Corporación, “que no son los mismos servicios jurídicos del área de Urbanismo”.

“El área técnica no tiene valor condicionante en la concesión de las licencias, sino que es el bloque jurídico, con sus propuestas de resolución, el determinante”, sostuvo, además de que los informes de los técnicos “no son vinculantes”.

También dijo que en las licencias de prórroga “había que conceder las licencias si había prestaciones de servicios municipales (agua, luz y acceso a la vía pública), y si se había construido en dos terceras partes de una unidad, porque estamos en suelo consolidado y el informe técnico tiene que ser favorable”.

Del Torco consideró que la actuación de Eliseo de la Rosa “podría ser dudosa”, pero que tan solo tenía cinco intervenciones directas en las valoraciones de lo que otros técnicos le habían informado, “pero no hay ninguna prueba de que se haya desvirtuado el principio de legalidad”. 

“La Fiscalía ha hecho un totum revolutum de los expedientes, cuando hay informes en los que (De la Rosa) informó negativamente”. “Sus informes no eran ni condicionantes ni vinculantes”,

En cuanto a la posible trama para el cobro de comisiones de las que habría sido participe, Del Torco recalcó que sus acusadores, los empresarios Ansorena padre e hijo, admitieron que nunca le han dado dinero alguno, y que el presunto “conseguidor” (Arsenio Zamora), reconoció que nunca pidió dinero para De la Rosa.

También que sus gastos son acordes con sus ingresos; que 60.000 euros los consiguió con su familia en una inversión en Forum Filatélico y que si en algún expediente su cliente fue confundido, las consecuencias tienen que ser administrativas y no penales, porque para ello habría que ·tener conciencia de la ilegalidad“.

“La Fiscalía y el juez instructor lo hicieron mal”

El abogado de Roberto de Luis (8 años de cárcel, 3,4 euros de multa y 20 años de inhabilitación), Rafal Vasco, arrancó con se habían vulnerado sus derechos fundamentales lo que supone las nulidad de las actuaciones y devolver la causa al juzgado competente, porque cuando se instruyó esta causa, otro juzgado tenía abiertas otras diligencias por los mismos motivos y con los mismos acusados, que fueron sobreseídas en 2012. El juez instructor del Caso Arona, explico, tenía que haberse inhibido.

Alegó que la única prueba contra su cliente era su sobrino, José Antonio Luis Molina, que fue testigo en una causa de un periódico local contra el ex aparejador, que acabó archivada por idénticos hechos “de los que ahora de los que ahora es acusado”.

A igual que otros abogados de la defensa, se apoyó que en que la acusación por el delito de prevaricación urbanística es genérica. “No sabemos los actos concretos, Intuimos que uno es informar favorablemente para la construcción en un suelo hotelero”. “Pero se ha confundido la calificación de gestión urbanística con la calificación de un proyecto de obra. (Roberto de Luis) no se pronunció sobre la concesión de la licencia, sino sobre el proyecto básico de ejecución”.

Asimismo, matizó que cuando De Luis informó sobre la licencia que tramitaban los acusadores particulares “lo hizo a requerimiento de la Alcaldía”, no porque se hubiera reunido con ellos, y que en cuanto al uso del suelo del solar de aquellos quería edificar, había discrepancias incluso dentro del servicio jurídico, por lo que no podía tener como técnico “una conciencia clara” de actuar contra el Derecho, luego “no hay delito” de prevaricación.

En cuanto a la acusación de ejercer actividades prohibidas a funcionarios, Vasco afirmó que Roberto de Luis sí tenía libertad para su actividades privadas en Ayuntamientos que no fuesen Arona y que no hay prueba alguna de cargo de que participara en una trama para el cobro de comisiones.

“Ningún promotor ha denunciado que le haya impuesto los arquitectos para construir. Ni siquiera los Ansorena han afirmado que hubieran recibido una petición de dinero de él”. Los siguientes minutos los dedicó a tumbar lo que considera la única prueba de cargo, que es el testimonio de su sobrino, que calificó de ineficaz “por su enemistad evidente y su credibilidad nula”.

“El daño verdadero a los Ansorena fue porque no se les dio financiación para llevar a cabo la obra. Ese es el daño, porque si les dan el dinero, no hubiera pasado nada”.

En cuanto al patrimonio acumulado por De Luis, el letrado lanzó un dardo a la Policía Judicial, de la que insinuó que hizo el registro de su despacho bajo indicaciones, por lo que ha impugnado el informe, “porque parte de sospechas y porque tiene un déficit interpretativo importante”, al no tener en cuenta la vida laboral de su cliente ni la procedencia de sus bienes.

Pruebas fabricadas

Carmen Botia, la abogada de Arsenio Zamora, acusado de cohecho por ser el supuesto intermediario en el cobro de las comisiones, recalcó como sus colegas que no había pruebas que pudieran incriminar a su defendido, ni siquiera por la acusación particular, y que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y el derecho a una tutela judicial efectiva.

Y ello porque Zamora fue detenido, al tiempo que Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, después de que se entregara al juez instructor una conversación grabada en la que el primero solicitaba 45 millones de pesetas para agilizar la licencia de los Ansorena, sin que un secretario judicial hubiera dado fe de que la transcripción de la cinta.

Además, quiso echar por tierra la prueba caligráfica a la que fue sometido, para verificar si la letra de su cliente era la misma que la de un manuscrito con las indicaciones de pago que Zamora habría hecho llegar a los Ansorena.

“Todas las pruebas son nulas. Eso es lo que tenemos” y concluyó con que “esto es una estafa pero por parte de los señores Ansorena”, a los que acusó de haber construido pruebas, supuestamente para beneficiarse de una indemnización millonaria.