Un testigo confirma que el exalcalde de Arona influía en la contratación de personal
Ángel Artillos, responsable de contrataciones de la empresa concesionaria de limpieza y jardines del Ayuntamiento de Arona, ha confirmado este jueves (3 de noviembre) que el exacalde José Alberto González Reverón (CC) influía para que se diera empleo a personas determinadas.
Según este testigo, era habitual que llamara para pedir la contratación de personas concretas. “Muchas veces el alcalde daba nombres”, aunque no siempre se atendían sus demandas, ha ñadido Artillos en la vista oral de una de las piezas separadas del caso Arona.
En esta causa, la fiscal María Isabel Silva ha pedido para González Reverón dos años de prisión y quince de inhabilitación por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones, delitos supuestamente cometidos en 2008.
Al alcalde se le juzga por utilizar su puesto para influir en la obtención de empleos en la empresa concesionaria, pero también por el presunto amaño de unas oposiciones a la Policía Local, las gestiones para que una niña hija de un amigo obtuviera plaza en la guardería municipal, el intento de salvar del derribo la vivienda de otro concejal construida en suelo rústico, el interés por quitar multas de aparcamiento a un vecino y la presión para que la Cámara de Comercio contratara a otro de sus conocidos.
Pese al testimonio del responsable de contrataciones de la empresa concesionaria, otros testigos negaron que se realizara ninguna actuación al margen de la normativa, aunque confirmaron las llamadas del alcalde interesándose por los asuntos objeto de juicio.
Así, tanto la directora de la guardería como la trabajadora social encargada de tramitar las solicitudes, ambas empleadas municipales, negaron cualquier trato de favor para la hija del amigo del alcalde, aunque admitieron el interés del edil por ese caso en particular, algo que no era habitual.
La exconcejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Clara María Pérez, también testificó que el expediente de la niña fue tramitado como cualquier otro.
Además, la exconcejal aseguró que en su departamento se hacían listas con vecinos con problemas económicos y sociales para proponerlos como empleados en sustituciones en la empresa concesionaria de la limpieza.
Sin embargo, el responsable de contratación de esa empresa, Ángel Artillos, dijo que en sus siete años en el puesto solamente en una ocasión le mandaron del Ayuntamiento una lista semejante, ya que lo normal eran peticiones para personas concretas que hacía directamente el alcalde.
Las acusaciones contra González Reverón se basan en las grabaciones telefónicas realizadas por la Policía en la investigación del caso Arona, algunas de las cuales fueron reproducidas en la sesión de la vista oral.
En una de esas conversaciones telefónicas entre el alcalde y la subinspectora de la Policía Local de Arona, Hortensia García, que era la presidenta del tribunal evaluador de las oposiciones, esta le comunica al alcalde que han tenido que tirar del candidato que González Reverón quería que obtuviera plaza, Nicanor Valentín Díaz, quien finalmente consiguió entrar en la décima y última posición.
Hortensia García, que también se sienta en el banquillo y para la que la fiscal pide ocho años de inhabilitación, comunicaba al alcalde en esa conversación que el candidato tenía un nivel de inglés bajísimo, pero que había hablado con la profesora encargada de hacer la prueba oral de ese idioma y decidieron darle un punto de los dos posibles.
Durante su comparecencia como acusada, Hortensia García ya había negado que interviniera a favor del candidato y justificó que dijo esas “tonterías” por teléfono porque estaba cansada de las continuas llamadas de González Reverón para interesarse por determinados candidatos.
La profesora de inglés compareció como testigo y negó cualquier irregularidad por su parte en el proceso de evaluación.
En la sesión de este jueves también ha testificado el policía local Sebastián Fuentes, al que el alcalde llamó para intentar parar el expediente con las multas de aparcamiento al vecino.
Al parecer, se trataba de 32 multas por aparcar reiteradamente en la acera junto a su negocio.
El agente dijo que él solo instruyó tres de esas multas y que contestó al alcalde que el vecino en cuestión era “un sinvergüenza” por aparcar continuamente en la acera y que si a él le llegaba un pliego de descargos le contestaría como haría con cualquier otro ciudadano.
Finalmente, el vecino pagó todas las multas, según testificó él mismo ante el tribunal.
El juicio por esta pieza separada del caso Arona concluirá mañana con la presentación de las conclusiones de las partes.
