El exalcalde de Arona Miguel Delgado admite que era “normal” conceder licencias con informes en contra

Uno de los ejes centrales del caso Arona 1 es si la corrupción municipal, con supuestas concesiones de licencias urbanísticas a cambio del cobro de sustanciosas comisiones ilegales, arrancó con la llegada de José Alberto González Reverón (CC) a la Alcaldía de ese municipio del sur de Tenerife, en 2003, y si los responsables de la oficina técnica de Urbanismo, como el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, el exaparejador municipal Roberto de Luis, o el mismo exconcejal del PP en el área, Félix Sierra, ya tenían establecido un “sistema” para el cobro de las mismas, mientras el Gobierno local miraba para otro lado o se beneficiaba del mismo.

Y algo ha quedado esclarecido en la sesión de este lunes, la décimo octava del juicio oral por esta causa, que se celebra en la sesión sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tras declarar como testigo el predecesor de González Reverón, el exalcalde también de CC y luego consejero en el Cabildo de Tenerife, Miguel Delgado.

En efecto, Delgado admitió que se concedían licencias urbanísticas, de todo tipo, pese a los informes jurídicos en contra. “Cuando los informes eran todos negativos -los de los técnicos de Urbanismo y los del Servicio Jurídico- no se concedían, pero con uno a favor, sí. No podíamos permitir denegar una licencia por una cuestión jurídica que no nos parecía tan importante”, sostuvo.

Cuando Delgado fue elegido alcalde en 1999, los acusados por cohecho Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis ya eran los responsables de informar a favor o en contra de la concesión de licencias, tanto de construcción, como de cambio de usos de las parcelas, como de primera ocupación, obra nueva o restauraciones.

“Ya había muchos rumores de corrupción, pero mientras no hubiese pruebas…”, matizó Miguel Delgado, quien añadió que se abrió un expediente disciplinario a un funcionario que informó ilegalmente a favor de la concesión de la licencia de apertura de una discoteca en Arona “porque sí tenía pruebas”, recalcó.

“No recuerdo”

Otro de los ejes sobre los que pivota el juicio por el caso Arona 1 es el del perjuicio causado a los empresarios vascos José Ramón Ansorena Ormazábal y José Ramón Ansorena Carrera (padre e hijo), promotores de una parcela en Costa del Silencio en la que pretendían construir una urbanización dado que el suelo era de uso de mixto, pero se vieron obligados a solicitar un cambio de uso de hotelero a residencial.

Para ello, y es base de su acusación particular, fueron presuntamente extorsionados por De Luis y De la Rosa, a quienes, a través de un intermediario (Arsenio Zamora, también sentado en el banquillo), les pidieron 45 millones de pesetas para darles la licencia.

Miguel Delgado negó conocer siquiera a los Ansorena, pese que firmó con ellos un convenio en 2001 para poder llevar a cabo los elementos esenciales de urbanización en su parcela. “Desde luego, no recuerdo haberme reunido con ellos”. Tampoco recordaba haberles echado de su despacho tras ser informado de que eran víctimas de una extorsión, ni que los Ansorena tuviesen una grabación en las que el intermediario Zamora les pedía esos 45 millones.

Sí admitió que se puso en conocimiento del Ayuntamiento el pago de cinco millones de pesetas a Félix Sierra por parte de un promotor, “pero no recuerdo qué se hizo”.

Concluyó con que “nunca Roberto de Luis ni ningún otro funcionario me hicieron algún tipo de comentario para cobrar comisiones”.

Miembro del CNI

Juan Antonio Hernández, compañero en el PP de Félix Sierra, y testigo de la defensa del ex alcalde y los exconcejales en Arona, sentados en el banquillo por corrupción urbanística, reveló algunos datos curiosos, como que uno de los hijos del denunciante Ansorena Ormazábal, Jaime Ansorena, fue “colocado” por la Águeda Fumero, portavoz del PP en Arona, en una empresa del Gobierno de Canarias, de la misma forma que otra hija de los denunciantes, Virginia, fue colocada como asesora de ese partido en el Cabildo de Tenerife gracias a la intermediación de Félix Sierra.

Hernández, que entró en el Ayuntamiento de Arona como secretario de las cuatro concejalías que logró ese partido tras las elecciones de 2003, incidió en que Félix Sierra le hizo conocedor de la grabación con la presunta extorsión de la que habrían sido objeto los Ansorena, en contra de lo manifestado por Sierra en el juicio.

Asimismo, que José Ramón Ansorena hijo le interpeló un día en un bar y le dijo que iba a acabar con Sierra “porque él era miembro del CNI y sabía cómo acabar con él, que para eso venía del País Vasco y que había estado infiltrado en grupos abertzales”. Insinuó que los Ansorena buscaban en Félix Sierra una cabeza de turco “para poder justificar ante los inversores de su parcela el frenazo en las obras” de la misma,

La tercera testigo, una subordinada de Félix Sierra en CajaCanarias, declaró que Ansorena hijo amenazó de muerte al acusado en plena calle, aunque nunca se denunció ante la policía y era la primera vez que hablaba de ello.