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Sí se puede pide que se dé uso a las viviendas deshabitadas de Santa Cruz en manos de financieras

El concejal Eligio Hernández afirma que bancos e inmobiliarias poseen un “amplio inventario” de casas que “no cumplen” con la función social que les corresponde 

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La calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife

La calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife

Eligio Hernández, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido al grupo de gobierno que active las herramientas que estén en su mano, dentro de la legalidad, para darles uso a todas aquellas viviendas deshabitadas de la capital tinerfeña que estén en manos de entidades financieras e instituciones similares que poseen un “amplio inventario” de casas “que no cumplen con la función social que les otorga la Constitución española”.

Hernández llevará al próximo Pleno ordinario una pregunta con la que desea saber qué pasos ha dado el Ayuntamiento, dentro del respeto a la legalidad vigente, para movilizar las viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos para que cumplan su función social y den respuesta a las necesidades habitacionales mediante un alquiler asequible para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

En el texto de su pregunta, el edil de Sí se puede recuerda que la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, de 2014, incluye un título específico sobre medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas. Este apartado de la norma desarrolla toda una serie de preceptos que materializan lo dispuesto en una exposición de motivos que pone el acento, entre otros aspectos, sobre el fomento de la función social de la vivienda y el establecimiento de medidas que impidan la proliferación de viviendas sin uso o infrautilizadas

Si bien la citada ley se encuentra actualmente suspendida por un recurso ante el Tribunal Constitucional, Hernández considera que las líneas marcadas por esta norma son las que debe seguir el Ayuntamiento. Entre ellas también se incluye arbitrar políticas y medidas que incidan sobre el mercado de la vivienda libre y su efectiva ocupación, así como operar sobre la acumulación de viviendas desocupadas en manos de personas jurídicas, señala.

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