Las indígenas de Guatemala pueden poner en problemas a las multinacionales de la minería

En el piso 20º de una torre de oficinas en el corazón del distrito financiero de Toronto, la falda tejida a mano y la blusa rosa brillante y bordada de Irma Yolanda Choc Cac contrastaban con los trajes de los abogados que la escuchaban describir el día más difícil de su vida. Era la primera vez que Choc Cac salía de Guatemala.

La historia que ella y otras 10 mujeres mayas kekchí habían ido a contar estaba en el centro de un enfrentamiento legal entre los pueblos indígenas y una corporación multinacional que podría sentar un importante precedente. Un desafío que tiene asustada a la gigantesca industria minera de Canadá.

Su caso se centra en demandas por hechos ocurridos en 2007, cuando las mujeres dicen que cientos de policías, militares y empleados privados de seguridad vinculados a una minera canadiense bajaron a la apartada aldea de Lote Ocho, en el Este de Guatemala.

Según los documentos judiciales, los empleados de seguridad habían incendiado unos días antes docenas de hogares para forzar a los aldeanos a abandonar sus tierras ancestrales.

Violaciones sistemáticas

El 17 de enero los hombres estaban en los campos ocupándose de los cultivos de maíz y cardamomo. Las mujeres habían quedado solas. Las 11 dicen haber sido violadas repetidamente por los hombres armados. Cuando fue secuestrada por los hombres, entre los que había uniformados, Choc Cac estaba embarazada de tres meses y acompañada por su hija de 10 años. Doce hombres la violaron, dijo. Más tarde sufrió un aborto espontáneo.

Las mujeres vinculan la violencia con la cercana mina Fénix, una de las reservas de níquel más grandes de Centroamérica, y con la subsidiaria guatemalteca que supervisaba las operaciones. En ese momento, la filial estaba controlada por Skye Resources, con sede en Vancouver. En 2008, Skye fue adquirida por Hudbay Minerals de Toronto, que en 2011 vendió la mina a una empresa rusa.

Un equipo de abogados de Toronto utilizó la conexión canadiense para presentar demandas civiles contra la matriz en Canadá posteriormente adquirida por Hudbay. El argumento es que la matriz fue negligente a la hora de controlar lo que hacía su subsidiaria guatemalteca.

Estas demandas podrían convertirse en un precedente legal para sortear un obstáculo que los defensores de los derechos humanos enfrentan desde hace mucho: la aparente desconexión jurídica entre las multinacionales y las filiales que operan a nivel local en otros países.

Según el abogado Cory Wanless, de Klippensteins Barristers and Solicitors (el bufete de Toronto que representa a las mujeres), “estos son algunos de los primeros intentos en la historia legal de Canadá de hacer parcialmente responsable a una compañía minera canadiense por los espantosos abusos cometidos en otro país contra los derechos humanos”.

Un largo proceso

El novedoso enfoque ganó su primera victoria en 2013, cuando un tribunal de Ontario rechazó una solicitud de Hudbay para que se desestimara el caso. Fue la primera vez que en Canadá se concedió acceso a los tribunales a demandantes extranjeros para perseguir a empresas canadienses por presuntas violaciones de los derechos humanos en otros países.

Las mujeres guatemaltecas viajaron a Toronto en noviembre para la fase de instrucción, contestando durante horas a las preguntas de los abogados de la compañía minera. “Es difícil sentarse y enfrentarse a ellos”, dijo Choc Cac a través de un traductor (sólo habla kekchí).“Sentarse frente a los que nos causaron este dolor a mí y a mi comunidad”. En un momento del interrogatorio, se desmayó. “Porque recordarlo todo es como volver a vivirlo todo de nuevo”, explicó con lágrimas en los ojos.

La demanda de las mujeres es una de las tres interpuestas por la comunidad contra Hudbay en Ontario. Las otras dos relacionan a la compañía con la muerte en 2009 de Adolfo Ich Chamán, un activista local, y con un tiroteo que dejó paralítico a un hombre de 28 años. Ninguna de las acusaciones ha sido probada en los tribunales.

Hudbay cuestiona las acusaciones y dice en su página web que los desalojos se llevaron a cabo antes de que ellos tuvieran vinculación con la mina. Según la compañía, los desalojos ordenados por los tribunales y respaldados por el Estado se llevaron a cabo sin incidentes y el personal de seguridad de la mina no estuvo presente.

“Las demandas son por acusaciones muy serias que no reflejan la forma en que operamos”, dijo la empresa Hudbay a the Guardian. La naturaleza sensible de las acusaciones puede hacer que para algunos sea difícil reservarse la opinión, dijeron también. “Sin embargo, esperamos que la gente acepte que los hechos están en disputa, el asunto está ante los tribunales y podemos confiar en que nuestro proceso legal entregue una decisión justa basada en pruebas y testimonios reales”.

El caso está siendo seguido de cerca en todo Canadá, donde tiene su sede más del 50% de las empresas mineras con cotización en los mercados mundiales. Según los datos del gobierno canadiense, estas 1.500 compañías tenían intereses en 8.000 propiedades y más de 100 países alrededor del mundo en 2013.

“Todas las decisiones cruciales de empresas, inversores y políticos que resultaron en estos graves daños y violaciones fueron tomadas en Canadá. Este problema es nuestro. Es un problema muy canadiense”, dice Grahame Russell, de la ONG Rights Action.

Canadá controla la minería latinoamericana

De acuerdo con un informe de 2014 del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, las corporaciones mineras canadienses controlan entre el 50% y el 70% de la industria minera latinoamericana, lo que las sitúa en la primera línea de un sector tradicionalmente vinculado con violaciones de los derechos indígenas y con la falta de cuidado por las reservas naturales. Las Naciones Unidas también han criticado a las empresas mineras canadienses y pedido a las autoridades que regulen mejor el sector.

Para Wanless, es poco probable que las demandas contra Hudbay lleguen a los tribunales durante años. Pero ya sirvieron para allanar el camino en casos similares, incluyendo una impugnación legal que vincula a una empresa con sede en Vancouver acusada de esclavitud moderna.

“Estamos realmente esperanzados de que este sea el comienzo de una tendencia”, dice Wanless. En su opinión, la fuerza y el valor de las 11 mujeres detrás de la demanda han dado lugar a un nuevo precedente que podría cambiar el comportamiento de las empresas en todo el mundo. “Lo bueno es que envía un mensaje a todas las demás compañías mineras: si algo como esto sucede mientras usted estaba a cargo, puede ser demandado. Estas guatemaltecas vinieron a Canadá y cambiaron nuestra ley para mejor”.

Traducido por Francisco de Zárate