Pena de muerte en EEUU: 23 personas ejecutadas y 39 sentenciadas a muerte en este año
En 2017 23 personas han sido ejecutadas y otras 39 sentenciadas a muerte en Estados Unidos, uno de los pocos países desarrollados dónde aún rige la pena de muerte. Pero según el informe anual publicado el jueves por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), las ejecuciones y sentencias de muerte en EEUU se mantuvieron este año en mínimos históricos, con sólo unos pocos condados y estados en favor de la pena capital.
Según Robert Dunham, director ejecutivo del DPIC, “a largo plazo, la impresión es que las sentencias de muerte y las ejecuciones van a seguir siendo bajas. Ciertamente van a permanecer bajas en comparación con los niveles de hace una generación”.
El DPIC es una fuente de análisis y datos sobre la pena de muerte, pero no adopta una posición a favor o en contra.
La caída en las tasas de ejecuciones tiene que ver con hallazgos publicados por el DPIC que revelan que el 90% de las ejecuciones en 2017 involucraron a personas con “pruebas significativas” de estar en alguno de estos grupos: enfermedad mental, discapacidad intelectual, daño cerebral, trauma severo y, en algunos casos, el grupo de los inocentes.
En una semana de abril, Arkansas mató a cuatro personas pese a los desafíos legales que presentaban tres de los casos, en los que el Fair Punishment Project de la Facultad de Derecho de Harvard encontró bases sólidas para reducir la pena. “Una de las características más preocupantes de las ejecuciones de 2017 fue que se ejecutó a prisioneros que nunca habían recibido una revisión significativa de aspectos cruciales de sus casos”, dice el informe de DPIC. “Al menos cinco de los ejecutados este año habían recibido una representación legal claramente deficiente o se les había negado una revisión judicial sustancial”.
Para entender el apoyo a la pena de muerte hay que comprobar el número decreciente de las condenas antes que el número de ejecuciones del año, que en su mayoría son producto de decisiones judiciales adoptadas hace décadas. Tommy Arthur, por ejemplo, fue sentenciado a muerte en 1983 pero se enfrentó a siete fechas de ejecución diferentes a lo largo de 16 años antes de que lo mataran en Alabama en mayo.
¿Qué pasará en el futuro?
Se estima un total de 39 sentencias a muerte para 2017, el segundo año con menos condenas desde 1972. El recuento incluye las 36 sentencias de muerte ya confirmadas y tres más en las que las sentencias definitivas llegarán al final del año. Se espera que sean de muerte porque esa fue la recomendación del jurado.
Estas tasas en descenso coinciden con la disminución del apoyo público a la pena de muerte para una persona condenada por asesinato. Según una encuesta de Gallup publicada en octubre, el 55% de los estadounidenses dice apoyar la pena de muerte, el índice más bajo desde 1972.
En el último informe de ejecuciones globales de Amnistía Internacional, el organismo de derechos humanos reveló que 2016 había sido el primer año desde 2006 en que Estados Unidos no figuraba entre los cinco principales verdugos del mundo. China, Irán, Arabia Saudí, Irán, Irak, Pakistán y Egipto lo desbancaron de su posición habitual.
“A pesar de que estos problemas siguen existiendo en Estados Unidos y en todo el mundo, estamos viendo algunas tendencias esperanzadoras”, dijo Kristina Roth, responsable del programa de justicia penal de Amnistía Internacional para Estados Unidos.
El grupo de derechos humanos también encontró que Estados Unidos fue uno de los 23 países que llevaron a cabo ejecuciones en 2016. Amnistía no pudo confirmar si hubo ejecuciones por el Estado en Libia, Siria y Yemen.
Aunque Estados Unidos siga formando parte de la minoría de países que apoyan la pena de muerte, las ejecuciones y condenas sólo se producen en zonas puntuales del país. Las 23 ejecuciones de 2017 tuvieron lugar en sólo ocho estados. Las 39 nuevas sentencias de muerte fueron impuestas por 14 estados y por el Gobierno federal.
Aun así, algunos de los condados periféricos famosos por su propensión a la pena de muerte no están usando ya el castigo, lo que sugiere que el uso de la pena capital está estrechamente vinculado a las ideas políticas del fiscal del distrito.
Por primera vez desde 1974 el condado texano de Harris, que ha ejecutado más que ningún otro condado, no mató en 2017 a ningún preso ni sentenció a muerte a ningún acusado.
El condado, al que pertenece la ciudad de Houston, eligió hace poco una nueva fiscal de distrito, Kim Ogg, que tomó posesión del cargo el primer día de este año. Entrevistada por el periódico Texas Observer en junio, Ogg dijo que se había opuesto a la pena capital desde el principio de su carrera, pero que como fiscal de distrito pensaba que debía mantenerla como una opción para los fiscales. Uno de sus primeros actos tras ser elegida fue despedir a 37 fiscales del condado.
Según Dunham, “el hecho de que Harris esté abandonando el ranking de los condados más prolíficos en condenas a muerte demuestra que los castigos tienen menos que ver con la tasa de homicidios que con la política que se hace en torno a los homicidios”.
Algunos cambios legales en los estados que usan la pena de muerte también influyeron en las tasas de 2017. En Florida, ahora los jueces sólo pueden sentenciar pena de muerte si un jurado lo recomienda de forma unánime. En Alabama, los jueces ya no pueden anular la decisión de los jurados cuando recomiendan condenas a cadena perpetua en lugar de la pena capital.
Para Dunham, los datos del DPIC no permiten saber si Estados Unidos va a renunciar a la pena capital, aunque parezca evidente que la práctica está en sus últimas etapas. “Lo que vemos es una tendencia a largo plazo, y esa tendencia a largo plazo es hacia la disminución del uso de la pena de muerte con menos condenas a muerte y menos ejecuciones”.
Traducido por Francisco de Zárate
