Los ciudadanos comunitarios ya son discriminados en Reino Unido en ofertas de trabajo y alquiler de pisos

La Oficina de Igualdad va a examinar las pruebas, cada vez más numerosas, de casos en que se impide ilegalmente en Reino Unido a los ciudadanos de la Unión Europea alquilar o comprar propiedades, acceder a puestos de trabajo e incluso reservar vacaciones.

El Partido Laborista y el grupo defensor de los derechos de los ciudadanos comunitarios the3million han enviado un informe con más de 20 ejemplos de anuncios de viviendas, ofertas de trabajo y otros en los que solo se aceptan solicitudes de candidatos de Reino Unido e Irlanda.

En respuesta parlamentaria, Nick Gibb, viceministro de Igualdad, transmitió a los parlamentarios que la Oficina de Igualdad “es consciente y está investigando” las informaciones sobre la creciente discriminación surgida tras la votación del Brexit y ejercida contra ciudadanos comunitarios que buscan trabajo en Reino Unido o que quieren comprar propiedades u otros servicios.

Los activistas han encontrado numerosos anuncios que especifican claramente que los candidatos deben tener pasaporte británico. Entre los ejemplos recogidos se incluye un anuncio para un ejecutivo de ventas en Bristol en el que se requiere hablar alemán, pero se restringe el puesto a ciudadanos británicos.

Otro anuncio de trabajo de investigador para una asesoría radicada en Solihull especifica que el “candidato debe tener el derecho a permanecer y trabajar de forma permanente en Reino Unido y un pasaporte británico válido”. En otro caso, un trabajo para recoger en España y Francia coches alquilados y devolverlos a Reino Unido estaba restringido únicamente a personas con pasaporte de Reino Unido.

Otros ejemplos recogido por el Partido Laborista y the3million son:

Sin embargo, varias de las empresas incluidas en el informe, la mayoría desconocidas, han asegurado a the Guardian que sus anuncios eran “o bien viejos, hechos por error o publicados con una errata”. Dos de ellos sostienen que sus anuncios originales incluían errores administrativos y que se habían vuelto a publicar con una redacción más clara.

No es una investigación oficial

The Guardian ha hablado con una serie de ciudadanos comunitarios que recuerdan ejemplos recientes de discriminación. Natasha, una profesora polaca de 42 años que prefiere no hacer público su apellido, afirma que le “pilló por sorpresa” cuando una agencia de contratación le pidió su permiso para trabajar en Reino Unido.

“Me quedé completamente sorprendida y pensé que era incompetencia, pero su respuesta fue muy confusa, al afirmar que necesitaba un permiso de residencia o de trabajo permanente, ninguno de los cuales es necesario”, indica Natasha, que ha vivido en Reino Unido seis años y que tiene derecho a trabajar allí bajo la legislación comunitaria. “Me puso de los nervios. En ese momento necesitaba trabajar”, añade. Natasha cuenta que ella y sus amigos también tienen miedo de buscar otro alquiler porque los propietarios pueden no considerarlos inquilinos seguros cuando llegue marzo de 2019.

El parlamentario laborista por Sheffield Central, Paul Blomfield, que remitió estos ejemplos al Gobierno, afirma que está muy preocupado por la discriminación que están viviendo los nacionales de países de la UE en el sector servicios y en el mercado laboral.

Blomfield, encargado en la oposición de los asuntos del Brexit, señala: “Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que estas informaciones son motivo de alarma, y reflejan inseguridad en el sector empresarial y discriminación entre los ciudadanos comunitarios. Una inseguridad y una confusión alimentada por la falta de precisiones por parte del Gobierno”.

En la respuesta parlamentaria de Gibb, filtrada el sábado, el viceministro de Igualdad afirma que Reino Unido tiene una de las leyes más fuertes del mundo en contra de la discriminación y promete proteger estos derechos.

“La Oficina de Igualdad del Gobierno es consciente y está investigando las informaciones sobre discriminación contra ciudadanos de la UE que buscan empleo remitidas al secretario de Estado de salida de la UE”, asegura. “La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos tiene el poder de hacer cumplir la Ley de Igualdad de 2010 en los casos en que sospecha que se ha ejercido discriminación en el trabajo”, añade.

El Ministerio de Educación e Igualdad ha confirmado que está investigando el informe, pero ha negado que este proceso sea una investigación oficial.

“La investigación en estos casos extremadamente graves es bienvenida, pero se deben tomar acciones”, ha dicho Blomfield. “El Gobierno tiene que aclarar que no tolerará la discriminación”.

Una alemana de 41 años que llegó a Reino Unido en 1998 asegura que se le impidió probar un coche en un concesionario en Stockport porque su carné de conducir era europeo y “a causa del Brexit, ya no es válido”. “Me enfadé y me sentí señalada. Mi mitad británica se enfadó mucho y así lo expresé. Tuiteé mi indignación y me respondieron que debía ponerme en contacto con el director de la oficina”, añade.

Otra mujer en Edimburgo, de 48 años, que llegó a Reino Unido hace 25 años proveniente de Grecia, asegura que le dijeron que necesitaba un pasaporte británico para acceder a la financiación en la compra de muebles.

“Estaba decidida a hacer una gran compra y tenía que fraccionarlo”, afirma. “Al final pagué 1.660 euros en bienes y el resto de las unidades de cocina las compró mi carpintero. Una empresa europea me negó el servicio de financiación por mi pasaporte comunitario. Esto no sienta bien. Creo que algunos están utilizando el Brexit como una excusa para intimidarnos”, añade.

“La discriminación es sutil y en ocasiones difícil de demostrar”, explica un portavoz de the3million. “Y los ejemplos que hemos visto en las ofertas de trabajo son solo la punta del iceberg”.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti