Toda la clase política brasileña está en la lista del mayor caso de corrupción, excepto el presidente
“¿Quién está en la lista?”. La pregunta ha tenido obsesionada a toda la clase política brasileña desde hace meses. Mientras, el país espera que se revelen los nombres involucrados en el caso de corrupción más grande del país: la Operación Lava Jato.
La respuesta parece haberse filtrado esta semana desde la oficina del fiscal general, Rodrigo Janot: en el listado figuran casi todos los políticos que estuvieron en el poder en los últimos 10 o 20 años, con la llamativa excepción del presidente Michel Temer.
Pero con prácticamente toda la clase política en el banquillo, la investigación puede debilitarse al adquirir tamaña envergadura.
Según medios locales, entre los 83 políticos acusados este martes ante la Corte Suprema figuran cinco miembros del Gabinete, dos expresidentes —Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff—, los actuales y anteriores presidentes de ambas cámaras del Congreso y al menos dos antiguos líderes opositores —Aécio Neves y José Serra—.
Ellos, junto con decenas de abogados, han sido denunciados por la llamada “confesión del fin del mundo” de los exejecutivos de Odebrecht, la empresa de construcción más grande de América Latina, acusada de sobornar funcionarios de todo el continente.
Se dice que los testimonios, que supuestamente todavía están bajo secreto de sumario, revelan cómo los contratos públicos para la construcción de represas, puentes, carreteras y plantas energéticas fueron inflados escandalosamente para pagar sobornos a funcionarios de alto rango, tanto de los gobiernos locales como del nacional.
Janot envió 83 casos a la Corte Suprema y 211 a tribunales menores. El número de acusaciones es mayor al que se presentó durante los comienzos de la investigación del caso de corrupción de la petrolera Petrobras, que llevó tres años. Algunos gobernadores y senadores, como Romero Jucá y Renan Calheiros, han sido acusados en ambas investigaciones.
Las acusaciones son otro golpe para el gobierno de Temer, que ya ha perdido ocho ministros —la mayoría a causa de escándalos de corrupción— desde que planificó la destitución de la presidenta Rousseff el año pasado.
Aunque el presidente no ha sido acusado, está implicado en muchos de los testimonios y además supuestamente figuran en el listado todos los otros líderes del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), junto con cinco miembros de su gabinete. Temer ha dicho que solo les pedirá la dimisión si son acusados formalmente.
Sin embargo, existen temores de que muchos de los acusados por la Operación Lava Jato hayan estado socavando la investigación desde que Rousseff fue destituida. El juez de la Corte Suprema que más apoyaba la investigación, Teori Zavascki, murió en un misterioso accidente aéreo en enero. Fue reemplazado por un aliado de Temer, el exministro de Justicia Alexandre de Moraes.
Los políticos están debilitando la investigación de otras formas. Calheiros, expresidente del Senado, salió indemne tras rechazar una orden de un juez de la Corte Suprema para que dimita de su cargo mientras está siendo investigado. Además, los diputados están intentando prohibir las confesiones de los acusados con el objetivo de reducir sus penas y están intentando aprobar una ley de amnistía que permitiría que muchos de ellos evadan un castigo judicial.
Fernando Limongi, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, dice que el listado de Janot prueba que la corrupción es endémica y que involucra a todos los partidos políticos. Pero advierte de que ampliar la investigación podría beneficiar a aquellos que buscan socavarla.
“Como están involucrados casi todos los líderes políticos, esto podría acabar aliviando la presión sobre el gobierno de Temer. Ahora todos los políticos están en el mismo barco”, afirma. “¿Qué pasaría si toda la clase política se uniera para buscar una salida?”.
Sylvio Costa, editor de la organización de Congreso en Foco, asegura que el lento proceso judicial podría atascarse si se presentan solicitudes de investigación de forma masiva y al final se acabaría castigando a muy pocos políticos.
“Es un juego brutal: por un lado los principales partidos políticos —tanto el gobierno como la oposición— están intentando llegar a un acuerdo que preserve a los líderes como Lula y Aécio. Y por otro lado está la sociedad frustrada, que quiere que continúe la investigación aunque no tenga mucha fuerza”.
Costa advierte que la reacción pública determinará el futuro del proceso. “Algunos políticos serán castigados. Tendremos algún tipo de cambio, pero no será ni tan grande ni tan profundo como quisieran los que querían la destitución de Dilma y los que quieren una política honesta y ética”.
Traducido por Lucía Balducci
