El mercado libre funciona, pero no en la educación
El mercado libre es la mejor manera de distribuir los recursos escasos en el 90% de los casos. En el 10% restante están las escuelas.
Los directores de centros británicos han reclamado algo completamente obvio. Si el Gobierno financia a organizaciones privadas para abrir escuelas públicas “libres” y gratuitas (“Free School”, un sistema similar a la educación concertada en España) allá donde a los padres no les gusten las que hay, la oferta va a ser “fragmentada, confusa y un derroche”. Habrá demasiadas plazas en algunos barrios y muy pocas en otros.
Es lo que ha ocurrido. Medio millón de niños están actualmente en clases masificadas, mientras que las escuelas británicas están volviendo a la selección y a la segregación social de los viejos tiempos. Esto no tiene nada que ver con las escuelas libres y las academias (escuelas públicas financiadas directamente por el Estado y que no dependen de los ayuntamientos) como tal. Tiene que ver con permitirles expandirse –o no expandirse– a su antojo y seleccionar a sus alumnos, lo que quiere decir seleccionar a sus padres. Desde que las escuelas primarias pasaron a ser supuestamente “locales” y las secundarias, “integradoras”, a los padres, al menos en el centro de las ciudades, les ha costado sacar a sus hijos de escuelas impopulares y a los ayuntamientos les ha costado controlar la competencia resultante.
La crisis llegó con la ley de academias de 2010, que ya auguraba problemas y que dejaba a los ayuntamientos sin competencias. En el futuro, cualquier nueva escuela debía ser o bien libre o bien academia, dependiendo del Gobierno central. Al mismo tiempo, los ayuntamientos seguían siendo los responsables de encontrar “un lugar para cada niño”. No había manera de solucionar la contradicción. Eso implicaba que las escuelas privadas en mala situación solo tenían que declararse “libres” para que el Gobierno las llenara a ellas y a los padres de dinero. Otros centros se hacían “libres” para hacer una selección étnica, religiosa y académica de sus alumnos. La ley de 2010 no fue solo una receta para disparar los costes. Supuso también una selección social por la puerta principal. La admisión escolar en función de la influencia de los padres y de la capacidad para pagar clases particulares no puede constituir una educación pública responsable.
Cualquier infraestructura pública tiene que ser planificada. El Gobierno creía que los ayuntamientos lo hacían mal y que el libre mercado –regulado por el Gobierno– lo haría mejor. Ese sistema ha fracasado. Una cuarta parte de las escuelas libres están en zonas con plazas vacías en las escuelas ya existentes. Antes o después, el Gobierno tendrá que abrir “agencias escolares del Gobierno central” en determinadas comunidades a lo largo del país. Los ministros serán responsables de encontrar un lugar para cada niño, en función de criterios que se podrán cambiar por ley.
Cualquiera que piense que esa “nacionalización” del sistema educativo desembocará en un servicio público sensible y receptivo es ingenuo. Será segregación financiada por el Estado, sectarismo y “éxodo de blancos” (emigración de personas blancas de determinados barrios por la presencia de otros grupos étnicos). Será ineficacia financiada por el Estado.
