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Todos queremos vivir más, pero alguien tendrá que pagarlo

La creciente longevidad y la presión sobre el sistema sanitario se ha colado de lleno en la campaña electoral británica, donde ahora se debate quién debe soportar la carga de los cuidados de los pensionistas  

La esperanza de vida de un bebé nacido hoy en Reino Unido llega a los 104 años

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La profesora de gerontología en la Universidad de Oxford Sarah Harper ha señalado esta semana que la esperanza de vida de un bebé nacido hoy en Reino Unido alcanza la asombrosa cifra de 104 años. La medicina moderna está alargando la vida media unos 15 minutos cada hora. Los 70 son los nuevos 50. Los matrimonios entre pensionistas se están disparando.

Como resultado, señala Harper, estamos en una “loca situación” donde los jóvenes pueden estar en su etapa de formación hasta mediados de los 20 y posteriormente retirarse a principios de los 60 hasta los 90. Durante aproximadamente la mitad de su vida, la gente no será activa económicamente, viviendo sin contribuir al bienestar común.

La longevidad puede ser una buena noticia para gente como yo que desea, como Woody Allen, convertirse en inmortal y no morir. Pero alguien tiene que pagarlo. Durante la mayor parte de la historia, los ancianos han sido una carga sobre las familias y las comunidades locales. Dado que no había muchos, el peso era sostenible. Los ancianos de hoy viven más y son consumidores aún más voraces del sistema de cuidados. Los costes han estado aumentando gradualmente y las personas mayores ya consumen cerca de la mitad del presupuesto del Sistema Nacional de Salud.

Por eso, cuanto más reflexiono sobre el giro radical de Theresa May en el tema de la atención a los mayores, más desastroso me parece. No fue solo una pifia electoral, sino que desafía directamente un aspecto fundamental del Estado de bienestar: atención gratuita de la cuna a la tumba. Como tal, nunca se debería haber metido en una campaña electoral, donde los marchantes del populismo ruin están al mando. En este caso, el giro de 180 grados ha asegurado el debate en el Parlamento. Como pasó con la seguridad social, los impuestos sobre inmuebles comerciales y la central nuclear de Hinkley Point, los cambios de May no la están convirtiendo en una líder fuerte y estable, sino débil e insegura.

El dinero para la atención a los ancianos tiene que venir de algún lado; de los impuestos o de los propios seguros y ahorros de las personas mayores. Expertos de la ciencia actuarial [disciplina que aplica modelos estadísticos y matemáticos para la evaluación de riesgos en las industrias aseguradora y financiera] como Andrew Dilnot han luchado por encontrar una combinación aceptable de subsidios, impuestos y seguros. Pero ninguna ha recibido apoyo; hasta que el equipo de May pensó que sería una buena idea hacer temblar la campaña con su sorprendente propuesta.

May declaró que el Estado no pondría límite a cuánto debería contribuir el patrimonio privado a los costes de la dependencia, y que desearía que ese patrimonio en cuestión incluyese las casas. Tan solo una cantidad 115.000 euros sería inembargable. En una era de largas enfermedades incurables como alzheimer, parkinson y demencia, May y sus asesores creen que cargar al Estado con el coste del cuidado en el hogar no es realista. Mantener a aquellos incapaces de mantenerse por sí mismos debería volver a lo que ha sido durante buena parte de la historia, una responsabilidad familiar.

Como señaló el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt: “El patrimonio que construyes durante tu vida, debería ser utilizado para pagar tus gastos de cuidados”. Si alguien tiene una casa de entre uno y dos millones de euros y a su vez tiene unos elevados gastos de cuidados de entre 114.000 o 228.000 euros, asegura Hunt, solo sería justo para otros contribuyentes que esta persona asumiese sus gastos de dependencia. Eso significa que incluso una casa de 250.000 euros, precio medio en Reino Unido, estaría en una situación de riesgo, incluso si la venta y el pago se pospusiesen hasta después de la muerte del afectado. Para Hunt y May, los ricos han ahorrado para cuando lleguen las vacas flacas. Cuando lleguen, tendrán que pagar.

Lo que me desconcierta es que May no haya visto que esto es dinamita ideológica, tanto para la izquierda como para la derecha. Es, en primer lugar, una privatización importante que pasa la carga de la dependencia del Estado de bienestar a los individuos y las familias, cuyas propiedades quedarían en peligro en el caso, por ejemplo, de demencia prolongada. También es una importante redistribución de la riqueza. El coste de la incapacidad en los ancianos recaería en el Estado solo si eres muy pobre. Podría acabar siendo un inmenso impuesto a los ricos.

Los cínicos podrían ver la propuesta como una forma de popularizar los testamentos vitales y dando mayor urgencia a la causa de la eutanasia regulada y el suicidio asistido. A mediados del siglo XX, la afligida aristocracia tuvo que donar sus casas de campo a la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural, desheredando a sus herederos, si querían seguir viviendo en ellas de por vida. La aristocracia son hoy las clases medias propietarias y la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural, el cuidado doméstico.

A pesar de décadas de socialismo intermitente, hemos asumido tradicionalmente que los ricos pueden privilegiar a sus descendientes con ingresos no ganados tras su muerte, sujetos solo a los impuestos de sucesiones. Legar bienes es visto como un derecho vinculado a los padres. Los hijos son solo meros espectadores con suerte. Harper señala que la esperanza de vida está cambiando este fenómeno. Puede que los hijos de hoy no hereden nada hasta que ellos mismos sean pensionistas.

El problema para Hunt, igual que para May, es que el cuidado generoso a los ancianos puede parecer injusto, e incluso insostenible, pero inherente al Sistema Nacional de Salud. Cuando ocurrió la debida explosión, el giro de 180 grados de May resultó humillante por la siguiente afirmación: “Los principios de política social que fijamos en nuestro programa no han cambiado”. Por supuesto que lo han hecho. Primero dijo que las propiedades serían un activo indefinido para los costes del cuidado de ancianos. Ahora dice que no. Todos los políticos mienten, pero sería mejor que no lo hicieran con la espalda en la pared y las cámaras apuntando.

La primera ministra fue valiente al abrir una era de reforma política, sumergiéndose en las entrañas ideológicas tanto de los privatizadores conservadores como de los laboristas defensores de la igualdad. May preguntó: ¿Piensan realmente que el Estado de bienestar puede soportar una esperanza de vida de 100 años sin ningún coste? ¿Realmente esperan que los contribuyentes asuman el creciente peso del cuidado a largo plazo? ¿Realmente creen que acumulamos ahorros, no para ayudarnos a nosotros mismos en la vejez, sino para simplemente enriquecer a nuestros hijos?

May ha propuesto un debate sobre políticas de cuidado social. Este tendrá que abordar la pregunta difícil pregunta de en qué punto se fijará el tope para establecer un “límite absoluto” a la cantidad que tendrán que pagar los ciudadanos. También debería examinar el papel de las propiedades y las herencias en aliviar las cargas del Estado de bienestar.

Puede que sea una pena para los hijos ver como su futura riqueza se consume al tiempo que sus padres no mueren. Pero de eso van las familias. Deberían aceptar los riesgos y las complicaciones que puede traer la bendición de vivir más.  May ha hecho al electorado una pregunta complicada pero necesaria. Y entonces se le evaporó el coraje.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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