Huir de la violencia en Honduras para acabar detenida en Estados Unidos

Mientras Kimberly Pineda Chávez espera en el centro de detención de inmigrantes de Irwin, en Georgia, con miedo a ser deportada en cualquier momento, sus compañeros de instituto se están saltando las clases. Temen acabar igual que ella, arrestados de camino a clase en redadas migratorias.

Pineda Chávez, de 19 años, entró en Estados Unidos siendo menor para escapar de la violencia y las amenazas de su Honduras natal. Esa circunstancia debería permitir declararla apta para el asilo, pero un tropiezo legal la tiene bloqueada en su arresto desde hace más de seis semanas. Además, su detención por parte de las autoridades de inmigración de camino al instituto ha paralizado a su comunidad de la periferia noreste de Atlanta.

“Todo el mundo quiere a Kimberly, es una joven adorable”, asegura Larry Campbell, amigo de la familia y anciano de la Iglesia de Cristo de Corners. “Cuando te llevas a una persona, se extiende la sensación de que te podrías llevar a otras y eso crea mucho miedo en toda nuestra iglesia y nuestra comunidad”.

Kimberly iba de camino a clase con su hermana de 14 años cuando un vehículo con las luces intermitentes detuvo el coche en el que iban, según su abogado Elanie Cintron. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) interrogaron al conductor y confirmaron que el vehículo se dirigía al instituto, y entonces la arrestaron. 

Cintron cuenta que la joven había viajado a Georgia con una de sus hermanas menores para huir de la violencia y reunirse con su madre, que se había marchado antes a Estados Unidos con sus otras hermanas. Pero la madre y la hija vuelven a estar separadas, salvo por las cortas visitas al centro de detención de Irwin, que está a unos 300 kilómetros de donde vive la familia.

Una familia rota por un cristal

Seis semanas sin Kimberly han devastado a la familia, explica a the Guardian su madre, Lourdes Chávez Ramírez. “Mi hija menor está muy afectada”, relata. “No para de preguntar: '¿Cuándo volverá Kimberly? ¿Dónde está mi hermana?'. Y yo no puedo darle una respuesta”.

Ha recorrido a menudo los 300 kilómetros para visitar a su hija, a veces con la ayuda de Campbell, que conoce desde hace tres años a esta familia separada por un cristal. “Su madre nunca puede tocarla, no podemos enviarle nada y ella no puede enviarnos nada a nosotros, así que es una situación muy, muy complicada”, explica Campbell.

Sin embargo, cuando se le pregunta si esta experiencia ha cambiado su impresión sobre la vida en Estados Unidos, Chávez Ramírez rechaza rotundamente la idea. “No, no, no, no, para nada. Es el único lugar en el que se me ocurriría vivir”, responde, a pesar de que las autoridades “no ven a las personas como las personas que de verdad son, sino como números”.

Campbell indica que en torno a un tercio de su iglesia está formada por inmigrantes recién llegados a EEUU, muchos de los cuales tienen ahora miedo de ir a clase o de salir de casa. Cada vez hay más miedo por la última ronda de redadas del gobierno de Obama dirigidas a inmigrantes centroamericanos.

“Hay varios asuntos que se superponen a otros, pero uno es que los niños deben ser protegidos, y esa es una razón particular por la que siento que el caso de Kimberly es tan triste”, confiesa Campbell. “No ha hecho nada malo, más allá de huir de una situación dura y recorrer 1.600 kilómetros solo para sentirse segura con su madre durante un tiempo. Y ahora está en un centro de detención”.

Los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes se han mostrado críticos con las redadas de este año. El Centro Legal para la Pobreza del Sur ha impugnado la legalidad de una operación del 2 de enero en los estados del sur, que según esa organización se dirigió contra mujeres y niños.

Las opciones de recurso legal que tiene Pineda Chávez son limitadas. Su despacho de abogados inicial, Taylor Lee & Associates, no presentó solicitud de asilo para su familia. Pero Cintron, su nuevo abogado, asegura que el despacho debería haberlo hecho porque dicen que se fueron de Honduras para escapar de la violencia. Ahora trata de reabrir el caso, mientras Kimberly podría ser deportada en cualquier momento.

Si un migrante que entra a EEUU expresa su miedo a volver al país del que procede, puede solicitar el asilo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Si se trata de un menor de 18 que accede a EEUU sin un adulto, puede ser considerado menor extranjero no acompañado, lo que detiene el proceso en el juzgado de inmigración hasta que el USCIS se pronuncie.

“En lugar de darles una oportunidad de luchar, los expulsamos”

Llevar el caso a esa institución es un protocolo tan habitual que los jueces de inmigración cada vez comprueban más si el abogado tiene intención de presentar solicitud de asilo para el menor. “Revisar el caso para una posible solicitud es lo que hacemos los abogados”, señala Cintron. “Que no hicieran eso es más que terrible, es inaceptable”. Lichter Immigration, donde trabaja Cintron, ha presentado varias quejas ante el colegio de abogados del estado contra Taylor Lee & Associates en representación de cinco mujeres, entre ellas Lourdes Chávez Ramírez. La empresa no ha querido hacer declaraciones.

Taylor Lee & Associates defendió su actuación en una respuesta por escrito a una queja presentada en nombre de la madre de Kimberly. La carta remitida al colegio de abogados de Georgia reconocía el temor de la joven. Sin embargo, argumentaba que este se debía a la pobreza y no a una persecución gubernamental, por lo que no era una situación suficientemente singular para merecer una solicitud de asilo. El colegio desestimó la queja.

“Todos los días me pregunto qué le pasará a esta familia y no es así como debería funcionar esto”, lamenta Cintron. “El asilo es una forma maravillosa de proteger a las víctimas, a las personas que han sido perseguidas, pero en lugar de dar a esta gente una oportunidad de luchar, nos limitamos a expulsarlos”.

Chávez Ramírez también tiene una orden de deportación, pero Cintron ha presentado un recurso, en un intento de reabrir el caso. El escrito incluye una solicitud de asilo para proteger a Kimberly y a sus hermanas. “Los chavales de su instituto se preguntan si sus compañeros serán detenidos mañana”, indica el abogado. “Y eso es lo triste, que es nuestro gobierno el que perpetúa el miedo que estos niños han sufrido en sus propios países”.

Una educadora que trabaja con jóvenes inmigrantes en el instituto de Kimberly escribió una carta de protesta contra las redadas, en la que decía que había “notado un cambio palpable en el ambiente de las clases” en las que trabaja. La profesional, que pide mantener el anonimato por miedo a represalias de la comunidad conservadora, asegura que algunos de los estudiantes han dejado de ir a clase por el temor a ser detenidos de camino al instituto o en su regreso a casa.

“La mayoría de estos alumnos ya han vivido traumas significativos, que es la verdadera razón por la que huyeron de sus países para venir a Estados Unidos”, escribió en su carta. “Ahora viven con un temor diferente: el miedo a no tener la oportunidad de presentar su solicitud de asilo ante un juez, a ser simplemente deportados”.

La educadora ha percibido una mayor ansiedad y agitación en sus estudiantes y una menor capacidad para concentrarse. “Es desolador saber que lo que está pasando demuestra que no se está haciendo justicia con estos niños”, decía la carta. “La deportación pendiente de Kimberly ilustra claramente la injusticia que se está cometiendo y los derechos humanos que se les están negando”.

Traducido por: Jaime Sevilla