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La hora del Tribunal Supremo

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Nuestro país, España, está viviendo tiempos muy extraños. Los dos últimos meses han sido especialmente intensos y contradictorios. Las sensaciones y vivencias han formado una especie de simbiosis que se retroalimenta en un bucle invisible impidiéndonos salir del impasse producido por la incompetencia y la intransigencia de muchos y la desesperación de los demás.

Los momentos se suceden vertiginosamente con una cadencia difícil de digerir y ni tan siquiera de comprender. Hemos pasado de la euforia independentista del Govern y quienes le apoyaban en esa deriva y el mutismo del ejecutivo español frente a la misma, sin escenarios de diálogo político ni capacidad de comunicación democrática, al dominio total de la escena preelectoral por la Fiscalía General del Estado como un apéndice del Gobierno, sustituyendo a la Abogacía del Estado en este cometido.

De esta forma, el poder Ejecutivo, directa o indirectamente, se expande como una especie de epidemia de poder incontenible ante la vista , ciencia y paciencia de todos. El 155 suave, temporal y "democrático" ha adquirido un contenido tenebroso con la actuación del fiscal general del Estado.

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Mujeres y cine: una cuestión de poder

Harvey Weinstein con la actriz Amy Adams y la cantante Lana del Rey en un estreno en Los Angeles en 2015.

Creo que es evidente, o debería serlo, la estrecha conexión que existe entre las múltiples denuncias que en las últimas semanas están apareciendo sobre casos de acoso sexual en el mundo del cine y las conclusiones que arroja el reciente estudio presentado por CIMA sobre La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico español. Todas las fotografías que resultan de cruzar esos datos de la realidad de la industria cinematográfica nos ponen de manifiesto que estamos ante una cuestión de poder. Es justamente esa la perspectiva que nos ofrece el género en cuanto herramienta analítica: la visualización de las relaciones de poder que siguen alimentando la desigualdad de hombres y mujeres.  Unas relaciones que siguen marcadas, en la sociedad en general, y en el cine en particular, por el dominio masculino y la subordiscriminación femenina. Es esa la dimensión desde la que hay que analizar, valorar y perseguir por ejemplo el acoso sexual en cuanto manifestación de unas relaciones de género basadas en la superioridad masculina y en la paralela vulnerabilidad femenina, así como en una concepción cultural de las mujeres como objetos siempre disponibles para satisfacer nuestros deseos. Al igual que sucede con la violencia de género,  abordarlo como  una cuestión de poder, y por tanto de desigualdad,  es lo que nos da las claves para entender por qué es tan frecuente y sin embargo tan poco visible el acoso sobre las mujeres. Y, en consecuencia, solo actuando políticamente contra él será posible ir erradicándolo de nuestros esquemas de convivencia.

Del informe realizado por Sara Cuenca Suárez, y que tiene la gran virtud de ofrecernos un caudal impresionante de datos con los que callar las bocas de quienes piensan que el género es una ideología, se pueden extraer muchas conclusiones, las cuales además serían  trasladables a otros ámbitos sociales.  El termómetro “de género” que nos ofrece sobre la cinematografía española no creo que difiera en exceso de otros ámbitos como pueden ser el universitario, el científico o el de cualquier sector creativo o cultural.  En todos estos casos, la alarmante conclusión vendría a ser la misma: el poder sigue siendo cosa de hombres. Y cuando hablo de poder me refiero no solo al político sino también al económico y al que deriva de tener la capacidad de crear y decidir los relatos colectivos. 

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Querella catalana

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José Manuel Maza.

Sobre relaciones entre política y derecho penal se podría escribir largo y tendido. Baste un apunte. Cualquier responsable político que cuestione el orden hegemónico de las cosas y pierda está sometido al relato de la parte vencedora. La represalia le esperará a la vuelta del camino en forma de proceso penal, jaleado por la masa de la opinión publicada que sin duda pedirá mano dura contra el transgresor, convertido en blanco de las iras del poder felizmente restaurado para regocijo general. Por ello, cualquiera que practique la desobediencia civil en cualquiera de sus formas, sabe que debe aceptar este destino desde la convicción profunda y de conciencia de que hace lo correcto. Sin fanatismo, con las dudas que acosan a quien se ve en minoría social. Pero con la fe inquebrantable que le dan sus creencias políticas sostenidas y coherentes.

Por eso quizá es menos entendible la estrategia de algunos líderes independentistas en el momento actual. Mucha parte del pueblo catalán se ha partido la cara por ellos y por un ideal compartido. Deberían asumir ahora ellos y ellas el dar la cara por ese mismo ideal en la parte que les puede tocar, como única forma de mantener el simbolismo de la lucha política. Aunque esas consecuencias partan de la evidente venganza y la injusticia que deriva de la interposición de una querella penal por parte de la Fiscalía que tiene un evidente impulso político como por otro lado es evidente porque es la Fiscalía la que baja a acciones concretas la política criminalidad de un Gobierno en su actual configuración. Y en ese sentido hay que destacar algunas cosas que llaman muchísimo la atención.

En primer lugar, se mezclan las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales, que no tienen nada que ver, como el propio Partido Popular mantiene cuando se habla de casos de corrupción. La Fiscalía sostiene un concepto de autoría omnicomprensivo. Similar al todo es ETA, ahora en su versión de “todo es independencia”, planteando una acción concertada de todos los elementos independentistas, Gobern, Junts pel Si, la CUP y asociaciones como ANC y Òmnium en el objetivo común de delinquir, según el relato de unos hechos en que todas las acciones están perfectamente orquestadas y organizadas en pos de un objetivo común, pero sin aportar prueba alguna penal de que esto sea así, más allá de la interpretación política de que se comparten fines.

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Hablemos de España

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Pedro Sánchez preside una reunión de la Ejecutiva del PSOE.

En cierta ocasión, un pedagogo afirmó que en demasiadas ocasiones se defiende el diálogo con el monólogo. Esto, quizás, es lo que está ocurriendo en Catalunya. Las unilateralidades, la direcciones en un único sentido, la falta de transversalidad provocan un escenario político de confrontación nada aleccionador para la ciudadanía. A los y las socialistas, no nos gustan los bloques, ni la separación artificial entre constitucionalistas o no constitucionalistas. Nos gustan los pactos; pactos para la convivencia, pactos para el progreso, pactos para un futuro mejor.

Cuando el diálogo político se rompe es preciso que la ciudadanía decida de nuevo mediante procesos electorales. Por ello, desde el PSOE y del PSC insistentemente hemos apremiado a la convocatoria electoral. Se vencieron las resistencias y el 21 de diciembre, la ciudadanía catalana tomará decisiones sobre su futuro. Pero con el 21D no se termina la crisis catalana.

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155: Un cero a la izquierda

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Manifestación en plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Palau de la Generalitat.

Catalunya vive una revolución democrática, entre el pasmo y la incomprensión de la izquierda española. Ni siquiera en la Transición se produjo un movimiento social de estas características; nada de lo vivido es comparable por su grado de participación popular, extensión geográfica y temporal y por aunar calle e instituciones. Es un fenómeno propio de una nacionalidad oprimida que lucha por sus derechos democráticos y, con mirada equidistante, desde “España” no se puede entender, como no se entiende que en Euskadi la clase obrera se agrupe mayoritariamente en sindicatos nacionalistas, o que la derecha española sea siempre minoritaria en las urnas, por ejemplo.

Pero en realidad, el fondo del sentimiento catalán, es fácil de comprender: después de 40 años de dictadura y otros 40 de centralismo “democrático”, ya no pueden esperar nada del Reino de España ni en lo democrático ni en lo social y se han fijado como objetivo de emancipación conquistar la república catalana, y podemos estar o no de acuerdo, pero se han ganado el derecho a decidir su futuro. El Estado español, heredero del franquismo, está descargando toda la artillería antidemocrática contra el pueblo catalán en nombre de la constitución.

El PP ha decidido aplastar la rebelión del pueblo catalán. Para ello necesitaba la triple alianza, lo de Cs como reedición de falange ya estaba asegurado, pero necesitaba también, era imprescindible, la sumisión del PSOE. Un partido cuyos dirigentes han hecho de la traición cíclica a sus votantes y parte de su militancia su misión histórica; en la transición con la dirección del PCE, pero después con el pacto secreto tras el golpe de estado de febrero del 81, o con ZP aceptando las ordenes de la troika. Ahora, que aparentaban recomponer el partido, han respondido sin rechistar a la llamada de sus amos, en lugar de tomar el timón desalojando al gobierno del PP.

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La izquierda ante una crisis de Estado

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Pedro Sánchez.

El reto del PSOE y del PSC consiste en afrontar sin complejos y desde la confianza ciudadana una crisis de Estado que tiene su epicentro en Catalunya. Para aportar soluciones hemos de actuar combinando los valores propios de la izquierda frente al nacionalismo, nuestro nuevo proyecto socialdemócrata alternativo a Rajoy y una actitud de corresponsabilidad en la defensa del Estado.

No es inocente la actitud obsesiva de quienes, tras legitimar la consulta del 1-O y servir de soporte al bloque secesionista, acusan a Pedro Sánchez de apoyar al Gobierno de Rajoy cuando lo que hacemos los socialistas es apoyar al Estado de derecho. Porque sería un error que la izquierda se desentendiera y dejara como patrimonio exclusivo de la derecha la defensa de la Constitución, de la integridad territorial, y de las instituciones comunes. Aunque tenemos el empeño de someter lo anterior a un reforma consensuada, como en el 78, en el marco de una fase de diálogo transversal, participación ciudadana y máxima transparencia.

Los socialistas hemos afrontado la crisis de Catalunya sin escapismo y conscientes de la gravedad de un problema que afecta a un elemento esencial del Estado: su integridad territorial atacada por un proceso inédito de secesión unilateral. En esta cuestión trascendental, lo mismo que en la lucha contra el terrorismo, el PSOE es partidario de acuerdos para defender el Estado de derecho con la Constitución española como eje del bloque de legalidad. Y lo hacemos por encima de intereses partidistas o de cálculos electorales porque somos un Partido Socialista con vocación de gobierno y practicamos una oposición con sentido de Estado.

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Cambio climático: una oportunidad perdida por la ceguera de los gobiernos

Una se pregunta cómo puede un Gobierno estar tan ciego ante las señales de alarma de un país o de un planeta. O lo que es más paradójico, cómo un Gobierno conservador y liberal le da la espalda al mercado y sus potencialidades. Incluso, cómo le da la espalda a las golosas cifras de creación de empleo en esta España del siglo XXI, donde el empleo sigue siendo un problema por su escasez y calidad.

Que el cambio climático representa una seria amenaza para el desarrollo y el progreso de los países, para la lucha contra la pobreza, para la salud del planeta y los derechos humanos o para la seguridad de la población mundial no debe ser un tema de discusión. Pase lo que pase y le pese a quien le pese. 

No estamos en un momento en el que tengamos que explicar lo básico en materia de cambio climático. Ese ya pasó, aunque líderes que no están a la altura como Trump o Rajoy sigan mostrando su indolencia ante el problema.

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Derecho a decidir en Catalunya

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La la plaza Sant Jaume, tras la declaración de independencia.

Los independentistas catalanes acuñaron la ingeniosa idea del “derecho a decidir” como un eufemismo del derecho de autodeterminación, una terminología mucho más dura por la relación histórica con movimientos independentistas violentos y que alejaría a muchos sectores no independentistas a los que necesitaban para perpetra el mayor jaque a la democracia española.

En concreto fue Artur Mas en 2007 en aquella “Casa Grande del Catalanismo” cuando incluyó el “derecho a decidir de los catalanes” , algo que olvidó inmediatamente para reclamar un nuevo pacto fiscal similar al País Vasco. Su fracaso personal en este y en otros temas le hizo iniciar posteriormente un camino hacia al abismo en el que nos encontramos en estos momentos.

La evidencia de ese fracaso se visualizó en la indigna claudicación ante la CUP no presentándose como President ante el Parlament de Catalunya, plegándose a todas sus exigencias. Ellos han sido la verdadera intelligentsia del Procés.

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Damnatio memoriae

El consenso democrático es algo relativamente frágil, que exige que una amplia mayoría de la ciudadanía conceda que sus instituciones son, a la vez, legítimas y representativas. 

El alejamiento de buena parte de la sociedad española respecto a las instituciones establecidas mediante la Constitución de 1978 es palpable. Distintos factores han influido en ello, desde la crisis económica y las políticas practicadas con este pretexto, hasta la gravedad y extensión de la corrupción, pero en resumen podemos afirmar que convergen una crisis de representación, una crisis de la constitución territorial, y una crisis del programa social de nuestra democracia. La última no es menor, pues, como decía Léon Gambetta, lo que caracteriza a una verdadera democracia no es el hecho de reconocer a iguales, sino el hecho de crearlos. 

Pero la que centra toda la atención estos meses, y desde luego hay razones para ello, es la crisis de la constitución territorial, que ha llegado a su paroxismo en Catalunya. Insignes juristas como Pérez Royo han llegado a afirmar que “ En España nos hemos quedado sin Constitución territorial”, refiriéndose expresamente en sus reflexiones a la tristemente célebre sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en el año 2010, y es cierto que desde entonces Catalunya se convirtió en la única comunidad autónoma regida por un estatuto de autonomía que ni su cámara legislativa ni su ciudadanía había refrendado. 

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Por qué fui becaria gratis y ahora lucho contra ello

Jordi Cruz, cocinero y empresario.

Sí, acepté ser becaria sin remunerar. No, no lo hice por prestigio o por creer que me contratarían. Como los becarios de Jordi Cruz, trabajé gratis varios meses voluntariamente, como cientos miles de estudiantes cada año que no salen en la tele. En España hay más de 180.000 becarios al año y unos 110.000 no reciben ninguna compensación. ¿Por qué tantas personas iban a trabajar gratis? ¿Por qué trabajé gratis? ¿Y por qué preguntármelo a mí en lugar de a los que sacan provecho del trabajo gratis?

Tienes 22 años, es verano y te estás matriculando de tu último año de universidad. Entre las asignaturas no se te puede olvidar la más importante del año: el prácticum. No es una asignatura más -aunque tengas que pagar por matricularte al igual que en el resto-, es donde vas a tener tu primer contacto con la parte laboral del campo de estudio que elegiste hace al menos 3 años.

Al hacer clic en la asignatura para añadirla a tu matrícula recuerdas a Álvaro, que el año pasado se matriculó en las prácticas curriculares obligatorias -pagando religiosamente sus créditos-, pero no consiguió encontrar una oferta de prácticas compatible con el resto de asignaturas. Buscó empresas, intentó negociar con ellas, habló con el servicio de prácticas de la universidad, nada. Este curso tendrá que volver a matricularse en el prácticum, pagando un 70% más por ser la segunda vez.

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