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Rajoy en Londres o la oportunidad perdida

Rajoy en Londres con Theresa May

Sorprende que un proceso como el de las negociaciones del Brexit -sin duda el mayor escollo destituyente que haya conocido el proyecto europeo desde el Tratado de Roma- haya generado tan poco debate público en España. Hubo, es cierto, un arrebato inicial subido de tono sobre Gibraltar- que en seguida fue reconducido y rebajado con buen tino por todas las partes implicadas.

Oficialmente, la posición del gobierno no difiere de la de muchas otras cancillerías y capitales europeas: prudencia, discreción, unidad en torno a las posiciones del negociador europeo, y una hasta ahora exitosa táctica que consiste en esperar los errores, contradicciones e incongruencias de la posición británica que van marcando el ritmo de las negociaciones. El trabajo parlamentario sigue la misma tónica - en la subcomisión del Brexit de momento estudiamos documentación, escuchamos a los expertos (cuyas comparecencias empiezan irremediablemente por un "es imposible saber lo que va a suceder") y esperamos la información que Bruselas anuncia a cuentagotas y el devenir de los acontecimientos.

Si la prudencia (que se lo digan a cualquiera que haya vivido los últimos meses en España) puede ser buena consejera ante procesos tan delicados y sensibles, no es sin embargo una buena noticia que no exista un grado de conciencia en el debate público proporcional a la importancia de lo que está en juego. En primer lugar, porque, aunque el Gobierno sigue sin tener cifras fiables sobre emigración - pese a nuestros múltiples y reiterados requerimientos - sabemos que Reino Unido es el principal destino de la emigración española. Según los datos de la Seguridad Social Británica, 40.473 españoles/as se dieron de alta sólo en el último año; esto son 110 altas de españoles al día. A estos hay que añadir los que fueron a estudiar o están trabajando sin contrato (que, por desgracia, es algo relativamente común, especialmente en los empleos más precarios).

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Salvar vidas no es un delito

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Quería dar las gracias por esa oleada de cariño, solidaridad y compromiso con la defensa del derecho a la vida que he recibido de miles de personas. Me reconforta saber que estáis ahí y vuestro amor me sostendrá ante el tribunal si me flaquean las fuerzas. No puedo creer cómo he llegado a esta situación en la que se me tacha de criminal por hacer llamadas a servicios de Salvamento Marítimo. 

Me miro en casa al lado de mi perro, mi gata, con la mesa camilla puesta y después de recoger a mi hija de teatro. Me paro en la foto de mi hijo cuando era pequeño y en las cenizas de mi madre que presiden el pequeño altarcito improvisado en casa.

He hecho una llamada a Salvamento Marítimo para saber algo de la patera desaparecida desde hacía dos días, y desgraciadamente me explican que hay un fallecido. Entonces se me caen las lágrimas por otra muerte más. Le digo a uno de los controladores de Almería que tal vez esta sea una de las últimas llamadas que les hago. 

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Esto no es una violencia

El cuadro 'Esto no es una pipa', de René Magritte

Resulta desolador que, en un mal remedo del conocido ardid del poli bueno y el poli malo, el auto que el Tribunal Supremo dictó para Forcadell y otros miembros del parlamento catalán se haya venido a configurar ante la opinión pública como “garantista” frente al de la Audiencia Nacional para el Govern. En una democracia no se trata de que los polis –no digamos los jueces– sean buenos o malos, se trata de que sea imposible que haya polis malos y de que las instituciones no se dejen arrastrar por la intensidad de las pasiones políticas. Y no sé si estamos pasando la prueba.

El apartado conformado por los Fundamentos Jurídicos números 8 y 9 de ese auto, en los que el juez del Supremo desarrolla las razones por las que entiende que lo sucedido en Catalunya en los últimos meses fue un “alzamiento violento” es especialmente preocupante desde los presupuestos del Estado de Derecho. No solo estamos ante una decisión llamativamente endeble desde un punto de vista jurídico, sino sobre todo ante lo que parece ser una cesión más que preocupante desde una perspectiva política. Pero vayamos por partes.

Jurídicamente, el instructor está obligado a demostrar la existencia de “violencia” en los hechos que califica para poder así imputarles el tipo penal de Rebelión, que la conlleva necesariamente. Para ello procede a una estrategia argumental que solo nos queda esperar que alguien desmonte durante el juicio y que procede como sigue.

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Carlo Formenti, la variante populista

Imagen de una manifestación nacionalista

No se trata de un fantasma, es algo más material, más molecular, más consistente: la emergencia de una izquierda soberanista. Entendámonos, una izquierda que pretende reconciliar de nuevo emancipación social, soberanía popular y reconstrucción de un Estado democrático avanzado. Lo de volver a reconciliar tiene que ver con invertir la ruta que durante más de treinta años ha opuesto estos valores a la izquierda realmente existente considerándolos como reliquias de un pasado que no volverá o, aún peor, obstáculos que hay que superar para enfrentarse a los retos de esta modernidad tardía.

Lo vivimos cada día, a veces, como aquí y ahora en España, dramáticamente. Primero, se toma nota con gran alarma del renacimiento de viejos y nuevos nacionalismos y de la tendencia en diversos Estados a la fragmentación y a la ruptura territorial; segundo, se defiende vehementemente la globalización y su específico modo de concretarse en nuestro continente, es decir, la Unión Europea entendida siempre como algo irreversible e inevitable a la que solo cabe modular, atemperar o democratizar; tercero, se propone profundizar en la integración supranacional y en la progresiva pérdida de soberanía de los Estados en la perspectiva de un lejano momento donde se iría, más o menos, a unos Estados Unidos de Europa. Como se puede entender, la clave de este argumentario es que estos tres supuestos no se relacionen entre sí.

¿Cómo nos vamos a extrañar de que cuando planificadamente se está deconstruyendo los Estados europeos realmente existentes, renazcan o se revitalicen nacionalismos nuevos o viejos? ¿Cómo no entender que cuando la democracia como autogobierno de la ciudadanía pierde peso e influencia ante poderes económicos oligárquicos o no democráticos, como las instituciones europeas, renazcan demandas de soberanía, de identidad, de protección? ¿Cómo no comprender la desafección ante instituciones y partidos políticos tradicionales cuando se han ido rompiendo las reglas de un pacto implícito que ligaba capitalismo regulado con democracia política y derechos sociales?

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Las grandes empresas, entre el crecimiento económico y el progreso social

Las empresas juegan un papel crucial en el camino que transcurre del dinamismo económico al progreso y el bienestar social. A través de la generación de empleo asalariado, del retorno a los accionistas y propietarios, y del pago de impuestos al Estado, las empresas devuelven a la sociedad el valor y los ingresos generados. Sin embargo, a pesar de la vuelta al crecimiento económico, las principales empresas españolas parecen priorizar el retorno de accionistas e inversores frente al resto, dificultando que la bonanza económica se traduzca en mayores niveles de bienestar social para una gran mayoría, ahondando en la desigualdad económica y social.

En 2014, la economía española retomó el crecimiento económico tras cinco años de números rojos en los que el país se sumió en una profunda crisis económica con una importantísima factura social. Muchas empresas tuvieron que cerrar y millones de personas se quedaron sin empleo, quedando al amparo de un estado del bienestar cada vez más limitado presupuestariamente y constreñido políticamente. La vuelta al crecimiento económico, reflejada en una mayor actividad económica, ha supuesto la creación de nuevas empresas y de nuevas oportunidades laborales en aquellas que consiguieron sobrevivir el temporal. La gran empresa española, a pesar de que algunas de ellas desarrollan parte de su actividad fuera de nuestras fronteras, también han notado este cambio de ciclo. Tan sólo en el último año, los beneficios de las 35 empresas que conforman el índice de referencia de la bolsa española (el IBEX 35) creció un 46%.

Estos beneficios son el resultado de restar de los ingresos obtenidos por la venta de servicios y productos, los costes necesarios para obtenerlos. Una parte muy importante de estos costes se refiere a los sueldos y salarios destinados a compensar el trabajo de las diferentes personas que intervienen en el proceso de producción. Así, por tanto, la evolución de los beneficios es el resultado de la evolución tanto de los costes como de los ingresos. Sin embargo, esta mejora de los resultados experimentada por las empresas del IBEX durante el pasado año contrasta con la evolución de los salarios de las personas que con su trabajo ayudan a obtenerlos. En promedio, los trabajadores de estas empresas apenas vieron sus salarios incrementados en un paupérrimo 0,3%. Simplificando, podemos decir que esta diferencia viene explicada por un incremento de los ingresos mayor a los costes. Es decir, las empresas del IBEX han sido capaces de mejorar sus resultados vendiendo más y mejor, pero manteniendo los sueldos de sus trabajadores prácticamente congelados.

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Cuando el blanqueo pasa a ser violación de derechos

Un hospital de Malabo

A primera vista parece difícil imaginar que unos delitos como la malversación de caudales públicos y el blanqueo de capitales puedan ser al mismo tiempo constitutivos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, esto es precisamente lo que son, además de delitos, los hechos que actualmente se investigan en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial y contra los testaferros de uno de los regímenes más corruptos de África subsahariana, el que encabeza Teodoro Obiang Nguema. Se trata de los ciudadanos rusos Vladimir Kokorev, de su esposa Julia Maléeva y de su hijo Igor Kokorev.

Guinea Ecuatorial es, después Nigeria y Angola, el tercer país de África subsahariana productor de petróleo y es el que registra el producto interior bruto per cápita más alto de la región. Sin embargo, sus habitantes tienen una mala calidad de vida. Dos terceras partes de su población vive en la extrema pobreza con menos de un dólar al día. Los indicadores de salud y educación son deplorables. En 2015, sólo uno de cada cuatro recién nacidos fue vacunado y según datos de 2012, alrededor de cuatro de cada diez niños de seis a doce años no estaban escolarizados.

La corrupción endémica del país impide el desarrollo de políticas sociales. Los fondos públicos que debieran destinarse a la salud, a la escolarización y en general a proporcionar una vida digna a los ecuatoguineanos, forman parte del patrimonio de los miembros de su Gobierno. El Gobierno de Guinea Ecuatorial, encabezado por su presidente Teodoro Obiang Nguema, es responsable de que el país se cuente entre los de mayor corrupción en el sector público. El control que ejercen Obiang Nguema y su entorno familiar sobre las empresas privadas que explotan los recursos naturales, sobre todo petróleo, gas natural y madera, le ha permitido saquear el país y acumular una gran fortuna en el extranjero.

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Una campaña plural y sin exclusiones

¡Presos a la calle! Este es el banderín de enganche de un independentismo sin horizonte. Han llegado en un breve espacio de tiempo al final del camino de la independencia unilateral. Sin consenso social, en base a la fractura de un solo pueblo que ya son al menos dos, sin marco legal, habiendo derogado el Estatut y la Constitución, y sin ningún apoyo ni reconocimiento internacional. Una declaración unilateral de independencia y una proclamación de la república catalana absolutamente virtuales. 

Al final de un camino que no lleva a ninguna parte se hace imprescindible iniciar un nuevo trayecto. Explicar a los propios que el objetivo no era el proclamado, que ya sabían que no habría independencia, que se trataba de un duro ejercicio de acumulación de fuerzas tras el cual habrá un nuevo horizonte, una nueva frontera que esta vez sí, inevitablemente les llevará a la república soñada. Y si hay que decir que Europa es la salida, se dice. Y si ahora Europa es el lastre, se denuncia con ahínco (ahí la reciente huida de Puigdemont). O el desafortunado recurso a la manipulación del terrorismo. Todo vale si la vista no se aparta del horizonte, incluso mentir con osadía. 

Pero antes, como la realidad se impone, habrá que hacer recuento de las conquistas y también de las derrotas. O si les parece mejor, hacer balance de daños y perjuicios en relación con los avances. Porque daños ha habido, aunque siempre queda el recurso de atribuírselos a la maldad de un enemigo que bueno no es, que carece de cintura y es incapaz de utilizar la política como instrumento de diálogo y negociación. Sin embargo, hay que asumir los daños propios.

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El Brest-Litovsk catalán

Hace ahora un siglo, en diciembre de 1917, el gobierno bolchevique enfrentaba el siguiente dilema: retirarse de la I Guerra Mundial en Brest-Litovsk, con enormes pérdidas territoriales, o permanecer en ella, con un coste probablemente mayor. Las últimas semanas, los dirigentes independentistas se han topado ante un dilema similar. Ante la aplicación del artículo 155, podían asumir su cese y participar en las elecciones. O enrocarse en sus cargos, movilizar la calle y, en caso de que el Estado se pasara de frenada, confiar en que la condena y mediación internacionales compensaran de algún modo los costes civiles, económicos y penales de hacerlo.

La segunda opción, contemplada en el informe hallado en la vivienda del ex-secretario general de Economía, trataría de explotar lo que los teóricos de la secesión conocen como la vía remedial. Según esta, la secesión se legitima por la vulneración grave de derechos fundamentales –colonialismo, genocidio, crímenes de lesa humanidad– o de acuerdos de autogobierno por parte del Estado matriz, como hizo Milosevic en Kosovo. A tal vía responde la asidua denuncia de los supuestos agravios del Estado español, remotos y recientes: del Decreto de Nueva Planta a la sentencia del Estatut. El protagonismo reciente de la vía remedial, tras el uso de la fuerza el 1-O y los encarcelamientos cautelares, no puede entenderse, sin embargo, sin considerar dos vías alternativas y los escollos del bloque independentista para transitarlas.

La primera vía, la llamada plebiscitaria, no exige agravios previos para la secesión. Depende únicamente de la existencia de una voluntad democrática. Muy hábil fue, en este sentido, la rápida sustitución en el discurso secesionista del derecho de autodeterminación, que Naciones Unidas solo ha reconocido a colonias, por el derecho a decidir, que apela a la secesión como un derecho democrático, no remedial. “Naciste con la capacidad de decidir; ¿renunciarás a ella?”, rezaba el anuncio institucional del 1-O.

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¿Por qué la creación de empleo no está reduciendo la desigualdad?

Veinte personas tienen en España tanto dinero como el 30% de la población, según Oxfam Intermón

Para defender su gestión, la ministra Báñez y los ministros Montoro y De Guindos recurren habitualmente al mantra de que “la mejor medida para reducir la desigualdad es la creación de empleo”. Afirman que la mayor parte del incremento de la desigualdad que se ha producido durante los últimos años se explica fundamentalmente por la destrucción de puestos de trabajo. Y en buena medida tienen razón: cabe esperar que en una economía en la que la tasa de paro ha llegado al 26%, gran parte de la desigualdad responda a la falta de empleo de millones de familias. Sin embargo, lo contrario ha dejado de ser cierto: a pesar de las declaraciones del Gobierno, la reciente creación de empleo no está permitiendo reducir la desigualdad.

La distribución de la renta presenta dos dimensiones: la distribución primaria o de mercado (también llamada pre-distribución), es decir, aquella que se da en el ámbito productivo como resultado del reparto del ingreso nacional entre rentas del trabajo, rentas del capital y ganancias del patrimonio; y la distribución secundaria, o de la renta disponible, que es la que persiste después de que el sector público lleve a cabo su labor redistributiva, utilizando para ello los impuestos y las transferencias sociales.

Las políticas de austeridad fiscal aplicadas (erróneamente) como respuesta a la crisis han reducido esta capacidad redistributiva del Estado, contribuyendo poderosamente al empeoramiento de la distribución de la renta, así como a la expansión de la pobreza y la exclusión social en nuestro país.

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Kafka y el “procés”

Franz Kafka

Leí ‘El proceso’ de Kafka en mis años de estudiante; recuerdo aquella primera lectura como una suerte de inmersión en una atmósfera de textura onírica en la que compartía con el atribulado Josef K. la pesadilla densa y grávida de un tribunal que, a lo largo de un proceso disparatado, va cercando a un hombre inocente que no sabe de qué delito se le acusa y por el que, al final, es ejecutado. Lo que en aquella historia ocurría –extraño e insólito- poco o nada tenía que ver con lo que en la vida real acontece, tanto que dentro de las innumerables interpretaciones que de la novela pueden hacerse, podría aventurarse la tesis de que el relato corresponde a una realidad distorsionada por la percepción de una mente enajenada. Escenarios y situaciones, diálogos y personajes aparecían con la desfiguración propia de los sueños y la dislocación de lo absurdo, al tiempo que palabras y conceptos se vaciaban de su significación originaria para adquirir un contenido grotesco. La detención de Josef K. no lo es al cabo, pues seguirá en libertad; el proceso, por arbitrario, no merece tal nombre; el tribunal no juzga, sino que persigue, acusa y condena; no existe la idea de una absolución definitiva. Todo se concita para ofrecer al lector un mosaico de factura extravagante.

Siguiendo el ‘procés’ secesionista catalán, he revivido aquella sensación de quiebra de la realidad; primero, porque ocurre lo inimaginable, y luego, porque se instaura una suerte de realidad paralela y virtual, una farsa que sirve de contrapunto pseudolegitimador del propio desvarío. Y una vez el desbarro se apodera de la realidad, se acude al uso mendaz de las palabras con el vano propósito de apuntalar aquella realidad artificial, inexistente, pero interesadamente acomodada a la percepción distorsionada de las cosas tal como interesa al visionario.

Hace algún tiempo hubiera tenido por inimaginable el escandaloso y espeluznante atropello de la legalidad y de los derechos de la oposición ocurrido en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre. ¿Acaso alguien podía prever tamaña osadía, semejante desafuero de impúdico desprecio por el orden democrático? Fue la gran deflagración secesionista que quiso abrir atajos sobre las cenizas de las instituciones democráticas; estorbaba el respeto y la observancia de la legalidad, como estorbaban también las normas que rigen en el templo donde la palabra, mediante el parlamento, se hace ley. ¿Cómo pueden demandar diálogo aquellos que tan abruptamente lo burlaron en la cámara del diálogo democrático por excelencia? Y al engendro de aquel golpe de lesa legalidad llamaron, sin pestañear, ley. Era impensable algo tan descabellado, pero ocurrió.

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