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Un 'plan C' para el president Puigdemont

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Carles Puigdemont, president de la Generalitat

Estimado señor president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable Carles Puigdemont:

Tras las acciones judiciales del pasado día  20 de septiembre y la incautación de más de 9 millones de papeletas destinadas al referéndum -¿debería añadir ilegal?- del próximo 1 de octubre, he leído en la prensa que usted, su aparato de gobierno y sus partidarios no descartan hacer una DUI (declaración unilateral de independencia) si, por interposición de la judicatura española mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no se celebra dicho referendo en la fecha fijada. En concreto, dicha DUI aparece cada vez con más frecuencia citada como su 'plan B'.

Es decir, que el 'plan A' era la votación para saber si ustedes tienen una mayoría con la que independizarse de España y el 'plan B' consiste en que, en el caso de que no les dejen votar, se pasan la mayoría "por la espalda" -utilizando su propio lenguaje- y declaran la independencia de Catalunya sin consultar a los catalanes. Es decir: nos la imponen queramos o no. Bueno es saberlo, por que la semana pasada ya nos enteramos por las duras de que no se trata tampoco de que seamos españoles por deseo propio, sino también que lo somos por imposición. Al menos, ese parece el mensaje que nos quiso hacer llegar el Gobierno central.

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¡Ciudadanos, no votéis!

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Parlament de Catalunya.

“Estado de derecho: imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general; división de poderes y legalidad de la Administración como mecanismos jurídicos anti-totalitarios; y, finalmente, respeto, garantía y realización material de los derechos y libertades fundamentales” (Elías Díaz, 1966).

“Catalunya ha gozado de la mayor autonomía de su historia con el régimen de libertades. Jamás tuvo tanta. Pero sus gobernantes, corruptos de CiU, la han usado tan mal que hoy la deuda de la Generalitat catalana es un bono basura cuyo principal tenedor es el Estado... Y la corrupción envuelta en la bandera se perdona…” (Juan Ramón Capella).

Decían los Fiscales progresistas el pasado 7 de septiembre que “Los votos de una apretada mayoría de diputados del Parlament… no pueden imponer una visión parcial y sesgada de la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines”. Pero lo hicieron, porque el patriotismo y el irracionalismo, que siempre le acompaña, son capaces, como lo  acreditaron el pasado siglo el fascismo y el nazismo, de imponerse adulterando las instituciones democráticas.

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España suspende en refugiados

Refugiados procedentes de Italia, a su llegada a España en 2016.

Este martes 26 de septiembre expira el plazo establecido por la Comisión Europea para que los Estados Miembro cumplan sus compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas conforme a las decisiones del Consejo de julio de 2015.

España suspende flagrantemente con apenas un 11% de cumplimiento, a pesar de la voluntad manifestada reiteradamente de ayuntamientos, comunidades autónomas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. 

De las 17.337 personas que deberían haber llegado, hoy faltan 15.354 que siguen esperando en Grecia e Italia poder ejercer su derecho a protección internacional. Un 11% de cumplimiento. Tal y como recuerdan un grupo de oenegés, ¿se imaginan que fuera ése el grado de cumplimiento de cualquier trabajador o trabajadora en sus responsabilidades? ¿Qué pasaría?

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De las cuotas al modelo australiano: ¿hacia dónde va la política migratoria europea?

Inmigrantes encaramados a la valla de Melilla acosado por la Policía.

Hace ahora justo dos años, mientras cientos de miles de personas llegaban a las fronteras europeas huyendo del hambre, las bombas y el cambio climático, se inauguraba oficial y mediáticamente la conocida y mal llamada “crisis de las personas refugiadas”. En los meses que siguieron asistimos a una esquizofrenia discursiva por parte de las élites europeas. Primero fueron las bonitas promesas de acogida por parte de Juncker y Merkel, seguidas de las insuficientes cuotas de reubicación de las que hoy se cumplen dos años sin que su incumplimiento haya motivado terremoto alguno ni tan siquiera una mínima reflexión, muy contrariamente a lo que ocurre cuando un Estado Miembro se salta el corsé neoliberal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

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Alemania, lo que ha cambiado y lo que sigue igual

Angela Merkel.

Merkel sigue. Pero no todo sigue igual. Tras el análisis de los resultados electorales, sus posibilidades de formar Gobierno parecen complicadas, aunque nada insuperable. Los socialdemócratas pasarán a la oposición, según dicen, y la coalición que se prefigura sería la llamada Jamaica (CDU/CSU -Negro-, Liberales -Amarillo-, y Verdes -como su nombre indica-). En términos generales, la política del país más poderoso de Europa ha sufrido un seísmo que, no obstante, podía haber sido aún más peligroso. Y de cara al exterior, cierta tranquilidad en el frente.

Para entender lo que ha sucedido, y no es nada sencillo, hay que recordar un par de cosas. Que el gobierno Merkel ha acogido en la última legislatura a casi un millón de refugiados y que los males del SPD tienen que ver con su participación en el Gobierno, pero aún más con la profunda desconfianza hacia un partido socialdemócrata que realizó una reforma laboral que ha sido admitida con enormes reservas.  En estas condiciones, que Alternative für Deutschland (AfD), xenofoba y gritona, haya logrado un 13%, parece algo casi moderado.

Los dos grandes partidos se han dejado las plumas hasta el punto de parecer gallos viejos, cosa que en realidad son. Bajar del 41,5% al 33% por parte de los cristiano-demócratas significa perder casi un 9% y eso es muy malo. Sobre todo teniendo en cuenta que la CSU, su rama bávara, ha tenido uno de los peores resultados de su historia, con apenas un 47%, dejándose 9,8%. Lo normal allí se considera por encima del 50%. Además, el hecho de que AfD haya obtenido en Baviera un 10%, viene a negar una de los lemas cristiano-sociales desde la época de Franz Josef Strauss (1915-1988), la gran figura histórica del partido quien dejó bien claro que “a nuestra derecha, nadie”. Pues ya tienen a alguien y si se añade que el SPD bávaro ha caído en algunas circunscripciones a un casi testimonial 10%, el panorama allí parece el de una derecha muy conservadora peleándose con la ultra- derecha. Algo que puede generar tensiones en toda la cristiano-democracia. De hecho, el líder de la CSU, Horst Seehofer, insinuó enseguida que igual reclamaban un grupo parlamentario propio. 

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Sedición y reminiscencias autoritarias de la Fiscalía

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Concentración ante la Conselleria de Economía de la Generalitat, en Barcelona.

El Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional ha firmado una denuncia contra todos aquellos ciudadanos que, profundamente indignados, protestaron a veces airadamente contra la operación policial del día 20 de septiembre en Barcelona, imputándoles la presunta comisión de un delito de sedición, que se castiga en nuestro Código Penal con un mínimo de cuatro a ocho años de prisión. ¿Tiene visos de prosperar esta denuncia? ¿Existen argumentos jurídicos que la sostengan?  

Conviene saber que el delito de sedición acompañó históricamente al de rebelión porque se consideraba que ambos atentaban contra el orden público, entendido como “orden social” u “orden político”, tanto si un militar pretendía cambiar el Gobierno legítimo como si un grupo de ciudadanos protestaba contra el llamado “impuesto de consumos”. Es decir, los intentos de golpe de Estado y las simples algaradas populares atentaban (en mayor o menor medida) contra ese “orden público” en un sistema político que no garantizaba el derecho de reunión y manifestación. Por ello decían los penalistas del siglo XIX que la sedición era una “rebelión en pequeño”.  

Hace ya muchos lustros que el legislador separó totalmente ambos delitos, porque la rebelión atenta contra el sistema constitucional democrático (recuérdese el 23F) mientras que la sedición no deja de ser un grado superior del delito de desórdenes públicos y como tal debe ser interpretado.  Sin embargo, la denuncia presentada hoy por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional comienza calificando la sedición como una “rebelión en pequeño”, lo que permite atisbar un tufo autoritario o franquista en su redactor, que parece haber olvidado la nueva configuración del delito de sedición tras la promulgación del Código Penal de 1995, es decir hace más de veinte años. Por si ese detalle fuera poco, el Fiscal Jefe cita como jurisprudencia aplicable una Sentencia del Tribunal Supremo de ¡1980!, una época de la recién estrenada democracia en la que todavía se consideraba sediciosa la huelga de funcionarios públicos….. ¿De qué fuentes se ha servido el Ilmo. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional para redactar su denuncia? Y, sobre todo, ¿Quiere aplicar el ordenamiento jurídico democrático vigente o un Derecho obsoleto y profundamente antidemocrático? 

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El partido ultra AfD, el más activo en Twitter en la campaña electoral alemana

Acto del partido AfD

Por delante la CDU de Angela Merkel y de segundo, muy por detrás, el partido socialdemócrata liderado por Martin Schulz: el veredicto de las elecciones alemanas parece previsible desde hace tiempo y muchos observadores ya las marcan de "aburridas". Si esta opinión encuentra confirmaciones en lo que se lee en los grandes medios de comunicación alemanes, el juicio cambia a la hora de analizar los flujos de interacciones en las redes sociales, Twitter en particular.

Ahí, como muestra la investigación elaborada por el Observatorio EuVisions, domina el partido de ultraderecha Alternative für Deutschland (AfD), cuya entrada en el Bundestag representaría la principal novedad de estas elecciones. El AfD –gracias a sus eslóganes anti-inmigración y sus mensajes euroescépticos– apuesta en convertirse en la tercera fuerza del Parlamento, hecho que podría poner muchas incógnitas a la hora de formar el Gobierno. Los últimos sondeos le dan un porcentaje alrededor del 12%, por delante de los liberales del FDP, la izquierda de Die Linke y los Verdes, que se quedarían entre el 7 y el 10%.

EuVisions ha monitoreado en las últimas dos semanas las actividades en Twitter de todos los candidatos de los seis principales partidos, incluyendo en sus análisis las interacciones con los usuarios (retuits y respuestas). Los más de 200.000 tuits analizados han confirmado la importancia que el partido AfD da al activismo digital, sea de sus candidatos o sus militantes. A dicha formación política pertenecen los candidatos más prolíficos: en promedio, un miembro de AfD publica seis tuits por día, frente a los tres de los candidatos de los otros partidos.

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Ofensas rutinarias

La Diada de 2014 en Barcelona.

Hace unos días, el escritor Sergio del Molino recomendaba a los catalanes “tener cuidado al nombrar figuras históricas”, refiriéndose a los muchos defensores de desobedecer al Estado español que han comparado esta postura con la que adoptara la mujer negra Rosa Parks cuando rompió con una ley discriminatoria en Alabama.

“Nos preguntamos -continúa Del Molino en su artículo- en qué sentido un catalán del siglo XXI puede sentirse con respecto a España como un negro del sur de Estados Unidos con respecto a las leyes segregacionistas”. En lugar de preguntárselo a un catalán del siglo XXI, Del Molino se responde él mismo con un símil burlón antes de afirmar que esos catalanes no distinguen “entre los funcionarios y políticos del Estado español y el Ku Klux Klan”.

La comparación, que no valora el fondo común de ambas protestas, puede ser buena estrategia para ridiculizar a los que no piensan como tú pero sin duda contribuye a echar más leña al fuego, si bien Del Molino, al final de su artículo, invita a todo el mundo a la calma.

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Diálogo y reformas: el camino y la solución

El Congreso de los Diputados, al aprobar la Comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico que propuso el secretario general del PSOE hace apenas 10 días, ha iniciado el camino para, por fin, abordar la solución política que requiere una crisis institucional como la que enfrentamos. Porque el desafío secesionista, y la respuesta que debe ofrecerse desde la legitimidad del Estado de Derecho, no pueden impedirnos constatar que el edificio territorial que se construyó hace casi cuarenta años, sufre hoy de tensiones, desajustes y malestares que requieren ya de puestas en común y soluciones compartidas.

El diálogo, la conversación democrática, es sin duda el camino que como decía al principio iniciamos en el seno de la Comisión no permanente. La razón del éxito de la democracia española desde finales de los setenta se encuentra en la gestión inteligente de la pluralidad. La integración de ideologías diferentes con un proyecto común aseguró el tránsito desde la dictadura al actual sistema de libertades y hoy continua siendo la única hoja de ruta capaz de garantizarnos que la respuesta a la crisis territorial tiene como condición imprescindible para su legitimación que sea compartida.  

El destino en este camino que defendemos es la voluntad de reformas porque una organización del Estado que quiera pervivir no puede ser ajena a sus mejoras, a su perfeccionamiento. Unidad, autogobierno, diversidad…son conceptos que forman parte de la historia y de la realidad de España; en como sepamos conjugarlos en cada momento, está en juego nuestra capacidad para la convivencia entre diferentes que se sienten participes de un espacio común. 

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24-S, umbral de agotamiento del régimen

Durante la última década, han sido incontables los espacios en los que se han hecho visibles las demandas democráticas de una España valiente que ha decidido transformar de una vez y para siempre el régimen del 78. La crisis financiera, en este contexto, ha actuado como catalizadora de un malestar que va aflorando en escenarios distintos y situaciones cambiantes, pero que, en todos los casos, ha obedecido a un mismo empeño: transcender los escuetos límites en los que se han encapsulado las esperanzas de una mayoría creciente desde la Transición. 

En este sentido, la resistencia al cambio que ahora protagoniza Mariano Rajoy no es sino hija del miedo que respiran las élites, sabedoras de que ha llegado a su fin el periodo de impunidad en que la política y los negocios se sentaban en la misma mesa, pasando por encima de la ciudadanía. De ahí las actuaciones torpes y autoritarias del Gobierno del Partido Popular, apoyadas de manera explícita por el Partido Socialista, que al recortar libertades y restringir derechos, únicamente acreditan su condición aumentada de debilidad. 

Un poder que se siente legitimado no se salta las reglas del juego que él mismo ha ayudado a crear, ni apela a la judicialización de los conflictos políticos para hacer prevalecer sus planteamientos por encima de todo. Más bien al contrario; la hegemonía se ejerce, siempre y en cualquier lugar, con una imprescindible dosis de reconocimiento que incluso comparten sus detractores, incapaces de subvertir las narrativas que explican su propia subordinación. Sin embargo, si esta fuera la situación de la España de hoy, no habríamos presenciado las escenas de represión que se han sucedido a lo largo de toda nuestra geografía plurinacional, al calor de una ley redactada ex profeso para amordazar conciencias. Y mucho menos habríamos visto al mismísimo monarca y jefe del Estado tomar partido en esta pugna en favor de aquellos que quieren que las cosas sigan como están. 

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