¿Democracia y, o consenso?
La sociedad española repiensa su modelo de convivencia, camina hacia un mejorado contrato social. Lo hace esta vez sin miedo, consciente de que la nuestra es una democracia consolidada dotada de una ciudadanía libre e informada.
Lo somos gracias a las virtudes del pacto de convivencia que consensuaron los españoles en 1978. Aquella –aun vigente- Carta Magna nos ha permitido superar como sociedad algunos de los traumas de 40 años de dictadura y dispuso los mimbres para construir una sociedad civil libre para organizarse y construirse a si misma, sin dictados.
No nos preparó sin embargo –quien iba a suponerlo- para algunas de las amenazas a nuestro pacto de convivencia. La instrumentalización política de instituciones clave para garantizar la justicia y la propia separación de poderes, han puesto en cuestión la capacidad de nuestra Carta Magna para garantizar una justicia independiente que actuase contra la corrupción; así como tampoco se preveía los efectos corrosivos de las puertas giratorias que otorgan privilegios a las empresas que emplean políticos –Trinidad Jiménez coquetea con Telefónica, Aznar asesora a Endesa, el asesor económico de C´s, Garicano, trabaja para una banca rescatada, Lieberbank- lo que atenta contra la democracia económica; no predijo tampoco la migración campo ciudad y no está preparada para garantizar que el voto de cada ciudadano y ciudadana cuente por igual; así como tampoco lo está para frenar la voraz y connivente destrucción de nuestros servicios públicos privatizados y recortados o para reconocer el encaje de nuestro rico y plural país.
Nos debemos por tanto una actualización de nuestra Constitución, una mejora de nuestro pacto de convivencia que limite privilegios y estreche desigualdades.
Y este nuevo pacto de convivencia, esta reforma constitucional que ya aceptan prácticamente todos los partidos políticos, no debe nacer del consenso de los despachos.
Si, decimos bien, no queremos una reforma consensuada, cerrada, hecha de retales, renuncias, influencias y pactos entre partidos políticos, como si de un mercadillo de saldos se tratase. Aquel consenso fue necesario en 1978 ante la amenaza del retorno de la dictadura. Hoy no somos una democracia timorata y por tanto tampoco tenemos por qué ser una democracia pacata, que escatime el lugar central que tiene en democracia el derecho de cada persona a decidir sobre las cuestiones esenciales que le competen, a decidirlo directamente, no por vía interpuesta.
En la España de 2016 no hay razones para un buscar tan solo un consenso entre representantes en el Congreso que ignore a la ciudadanía y la aparte de este debate; la respuesta a preguntas como ¿puertas giratorias sí o no?, ¿consulta ante cualquier intervención militar sí o no?, ¿diputaciones sí o no?, ¿garantías constitucionales para los derechos sociales sí o no?, por solo poner un ejemplo.
Tenemos derecho a opinar cosas diferentes ante estas distintas preguntas.
El 20D nos jugamos si la nueva Constitución para los próximos 40 años la decidimos todas y todos o la deciden por consenso esos diputados del PP, PSOE y Cs que mantienen deudas con los bancos y se sientan en los consejos de administración de las multinacionales.
