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Diálogo entre socialistas sin líneas rojas

José Antonio Pérez Tapias

Miembro del Comité Federal del PSOE —

Puede extrañar que reivindique un diálogo sin líneas rojas entre socialistas. Estoy convencido de que hace falta, por más que haya quienes se sorprendan de insistir en tal cosa en relación a los miembros de un mismo partido. O, precisando más, de dos partidos federados, como es el caso, dado que la propuesta tiene que ver fundamentalmente con lo que deben dialogar entre sí PSOE y PSC, toda vez que, de nuevo, una tímida propuesta de los socialistas catalanes respecto a un posible referéndum en Cataluña ha vuelto a provocar que suenen las alarmas en el campo socialista.

Tenemos bien presente que venimos de una etapa en la que, al calor de las recientes campañas electorales, se ha abusado de las líneas rojas. De tanto ser usada, la expresión ha acabado entrando en el lenguaje coloquial de la ciudadanía. Cualquiera traza una línea roja para indicar ese límite que señala el punto hasta el cual se puede ceder. Más allá queda lo innegociable, o lo que es condición que ha de aceptar todo interlocutor que quiera seguir negociando con quien traza tan explícita “frontera”. En el ámbito político, explotando al máximo las connotaciones del color rojo como “semafórico” color para lo prohibido, nos hemos encontrado con líneas rojas en muy diversos contextos y en múltiples direcciones.

Recordemos, a título de ejemplo, que Podemos dio a entender tras las elecciones del 20 de diciembre que cualquier negociación con el partido morado tenía que contemplar como elemento fundamental la propuesta programática de realizar un referéndum en Cataluña. Había otros muchos temas cruciales, pero ése aparecía como condición indispensable para hablar de cualquier posible pacto al que pudieran sumarse. Por otra parte, cierto era que el asunto fue presentado en campaña como elemento central en la propuesta para Cataluña, lo cual puede considerarse como uno de los factores causantes del fuerte respaldo obtenido en dicha comunidad por la coalición electoral en la que participaba. El PSOE, por su parte, no se privó de subrayar dónde ponía su línea roja. En el Comité federal celebrado inmediatamente después de las elecciones de diciembre, a la vez que se presentaba a Podemos como partido contrario a la defensa de la unidad de España por proponer un referéndum en Cataluña –aunque su posición fuera para defender ante el mismo la unidad de España, insistiendo, como hizo antes el PSC, en la plurinacionalidad del Estado-, se establecían tales condiciones para un posible pacto de cara a la investidura como presidente del candidato socialista que eran de hecho obstáculos insalvables. La propuesta de referéndum, como parte de la “cuestión catalana”, operó así no sólo como línea roja, sino como coartada para no entrar en negociación con Podemos… Tampoco Pablo Iglesias lo puso fácil. Es historia reciente, pero, obviamente, pasada, la cual ahí queda en las hemerotecas como testigo de la manera en que determinadas líneas impidieron que fraguara entonces un pacto de izquierda.

Si volvemos la mirada hacia otros frentes encontramos que el mismo Partido Popular andaba al acecho pendiente de si el PSOE cedía lo más mínimo ante la propuesta de referéndum y agitando ante los socialistas el espantajo del populismo, por lo que a Podemos se refería, y del independentismo, por lo atinente a partidos soberanistas por si Pedro Sánchez, como candidato socialista, buscaba en ellos algún tipo de apoyo. La línea roja funcionó con tal eficacia que el PSOE no quiso ni siquiera contemplar la posibilidad de que los partidos independentistas se abstuvieran de manera que así se viera indirectamente facilitada su investidura. Bien es conocido que el PSOE interiorizó como propia tal línea roja más allá de la etapa postelectoral tras las generales del 20 de diciembre. Lo chocante del asunto, que muestra lo que de interés tacticista asoma con supuestas líneas irrebasables, se hace patente cuando, tras las elecciones del 26 de junio, y en el trance de hablar de cara a su investidura para repetir como presidente, Rajoy recibe -¡y en la Moncloa!- a independentistas de ERC. La escena es muy ilustrativa, por mucho que los representantes del independentismo catalán aprovecharan para dejarle al candidato popular, presidente en funciones, soporte digital con información exhaustiva de las conversaciones de su ministro del Interior, en funciones también puesto que no ha sido cesado, sobre utilización de organismos y recursos del Estado contra adversarios políticos en Cataluña. A lo ilustrativo se sumó la documentación de lo escandaloso.

Estos ejemplos así recogidos son correspondientes a situaciones en las que se han hecho valer a conveniencia determinadas líneas rojas en las relaciones entre partidos. Pero ahora lo que reclama una especial atención es la necesidad de que al interior del ámbito socialista no operen otras líneas que son sumamente dañinas para la coherencia del proyecto socialista y, por tanto, para su credibilidad ante la ciudadanía. En este caso, de hecho, el PSOE saca a relucir la línea intraspasable que dibuja ante el PSC, subrayando que no cabe plantear referéndum alguno para que de manera expresa se pronuncie la ciudadanía catalana. Todo se remite desde las instancias del PSOE a la Declaración de Granada, que como bien se sabe recoge un acuerdo interno del Partido Socialista sobre reforma constitucional del Estado de las autonomías en una dirección federalizante, mas sin avanzar hacia perfilar con nitidez un modelo de Estado federal y sin acometer un reconocimiento explícito de la plurinacionalidad del Estado español, sin recoger, por tanto, el reconocimiento explícito de Cataluña como nación.

Desde el PSC, con la conciencia clara de que puede darse el caso, ante ese déficit de planteamiento inicial, de que la reforma de la Constitución, sometida a referéndum de toda la ciudadanía española, no obtenga en Cataluña un respaldo suficiente, plantea la necesidad de realizar entonces otro referéndum tomando como modelo “la vía canadiense” –esto es, asumiendo como referencia la “Ley de Claridad” aplicada al realizar los referendos para la posible independencia del Quebec, la cual, a tenor de las condiciones establecidas, no se logró por quienes la defendían-. De esa forma se supone aportar una solución para el hipotético bloqueo que se pueda dar. Tal posible solución también es objeto de discusión entre los socialistas de Cataluña. Todo ello muestra la necesidad imperiosa de acabar con determinados tabúes sobre federalismo, plurinacionalidad y referendos que traban el debate entre socialistas y, por tanto, la formulación de una propuesta creíble al respecto a un lado y otro del Ebro. De camino, tal confusión paralizante hace que sea inamovible la línea roja que fácticamente funciona a la hora de buscar acuerdos con Podemos o sencillamente de dialogar con partidos nacionalistas o independentistas catalanes.

Tal como vienen planteadas las cosas en torno a un posible referéndum en Cataluña, que aparece como el punto candente de la cuestión, diré de nuevo que mucho más claro, ya que claridad se pretende, es plantear un referéndum consultivo, tal como desde la legalidad es posible, antes de la reforma constitucional, y no después. Contar con las preferencias del electorado catalán respecto a la relación entre Cataluña y el Estado español es cuestión tan útil como decisiva para orientar la reforma constitucional que debe hacerse, en vez de quemar una reforma que se hiciera para luego constatar que no cuenta con el apoyo necesario para considerarla legitimada por la ciudadanía catalana. Temas tan cruciales y delicados no son los que encuentran el clima más propicio en medio de negociaciones postelectorales a la búsqueda de mayorías de gobierno en el ámbito parlamentario. Pero al menos debiera ser posible dejar abiertas puertas transitables para abordar asuntos de este calado, dialogando sin líneas rojas entre socialistas –mejor reservar lo rojo para otros lineamientos- y despejando obstáculos para el entendimiento con otras fuerzas políticas, desde Podemos hasta nacionalistas sensibles a exigencias de la razón democrática.

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