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Cuando la Justicia está enferma, nos duele a todos

Casi la mitad de los órganos judiciales superan el 150% de la carga de trabajo: es un clamor la fijación de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales

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Jueces piden solucionar ya los problemas en los juzgados o denunciarán en tres meses

Los Juzgados de Móstoles en una fotografía de archivo de 2015. EFE

La recién publicada encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos sobre su percepción de independencia arroja dos datos reveladores. El primero es que solamente una cuarta parte de los jueces españoles consideran que el Consejo General del Poder Judicial dispone de los mecanismos y procedimientos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva. Frente a los ataques inaceptables de algunos responsables políticos a la independencia de los jueces, se pone de manifiesto la falta de reacción del órgano constitucional encargado de su defensa y amparo. Pero conviene destacar, sobre todo, el segundo dato. Los jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en España han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

No en vano, recientes nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial avalan esa percepción, mandando un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional.

Con todo, el principal problema de la Justicia española es de organización y de eficacia, y así lo opinan un 80% de los ciudadanos en el Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía. España cuenta con una organización judicial decimonónica. Hoy en día son pocos los profesionales del Derecho que no aboguen por un nuevo diseño de la planta judicial que responda a las necesidades de una sociedad del siglo XXI. Se han de superar los tradicionales partidos judiciales al tiempo que se creen los tribunales de instancia con una ordenación más racional y eficiente de la carga de trabajo.

No acaba de acometerse esta deseada reforma pero tampoco se crean órganos judiciales con la excusa de que se plantea un nuevo modelo organizativo. Según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en los últimos seis años apenas se han creado órganos unipersonales, concretamente cuatro. Para paliar tales deficiencias se adoptan medidas de "parcheo" como adscripciones forzosas generalizadas de determinados órganos judiciales provocando con ello un profundo descontento en un sector de la judicatura. Consecuencia de todo lo anterior es que la litigiosidad aumenta año tras año, particularmente en la jurisdicción civil, estando estancado el número de juzgados existentes, lo que acarrea una situación de colapso y sobrecarga de trabajo. La respuesta al justiciable se retrasa así como merma la calidad de la resolución.

A lo anterior se suma que en España el número de jueces por cada 100.000 habitantes es de 12,2, una cifra muy inferior a la media europea (21). Y la distancia se ampliará seguramente este año pues hasta la fecha no se han convocado como es habitual plazas de jueces, tal y como ya ocurrió en el año 2012. Además, las plazas que se han convocado en los últimos años resultan a todas luces insuficientes para cubrir siquiera las jubilaciones que se están produciendo en la carrera judicial. Y en su momento se prescindió de cientos de jueces sustitutos que temporalmente cubrían las necesidades de plantilla.

Casi la mitad de los órganos judiciales superan el 150% de la carga de trabajo. Es por ello un clamor de la carrera judicial la fijación de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

A propósito de la publicación por la Comisión Europea en el pasado mes de abril de su Informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la Unión Europea, el Ministerio de Justicia se mostraba satisfecho, destacando que "España obtiene los mejores resultados en justicia digital". La realidad es bien distinta, como atestiguan las múltiples quejas de sus usuarios. La implantación del expediente electrónico está causando un enorme caos, obstaculizando la labor de los jueces, debido a la precariedad de los instrumentos informáticos.

Fiel reflejo de lo que acontece en la sociedad española, también existe en la carrera judicial una brecha generacional. No podemos olvidar la precaria situación laboral de las nuevas promociones de jueces, en permanente incertidumbre sobre cuál será el órgano judicial del que se harán definitivamente cargo, peregrinando mientras tanto por diversos Juzgados y Tribunales, y con serias dificultades de conciliación personal y familiar. Ellos han sido los principales perjudicados de las medidas de parcheo para hacer frente a las deficiencias estructurales de nuestra Administración de Justicia, imponiendo en su periodo formativo medidas de "sustitución y refuerzo" claramente atentatorias contra el principio de independencia judicial.

Es por ello indispensable una Administración de Justicia provista de personal y de medios para evitar el deterioro progresivo al que está abocado de manera irremisible este servicio público. Piénsese que España está a la cabeza de los recortes presupuestarios, junto a Irlanda y Portugal, que afectan de forma adversa a los recursos dedicados al sistema judicial, según el Consejo de Europa. Y, por supuesto, a unas retribuciones adecuadas que garanticen la independencia económica de los jueces, como establece la ley.

Cuando nos lamentamos del estado de la Justicia –escribe Alejandro Nieto, en su libro El malestar de los jueces y el modelo judicial–, no debemos pensar en abstracto sino en las personas de carne y hueso a quienes afecta directa e indirectamente: son sus víctimas y paganos, los jueces frustrados, los justiciables humillados, los litigantes engañados, los ciudadanos vejados, los acreedores que no cobran, aquellos a los que se ha despojado de sus derechos humanos y quebrantado sus derechos políticos y civiles, los que claman y nadie los oye, los que razonan y nadie escucha. Cuando la Justicia está enferma, nos duele a todos.

Y por eso, como Cicerón en las Catilinarias, hemos de preguntarnos: ¿hasta cuándo abusaréis de nuestra paciencia?

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