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Urge subir los salarios, sin trampas ni excusas

Esta situación es terriblemente injusta, porque llevamos cuatro años seguidos en los que crece el PIB de manera muy notable, y porque los beneficios empresariales aumentan de manera muy cuantiosa, superando ya con creces los niveles globales que tenían antes de la crisis

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El sector del automóvil, centro de la renegociación del TLCAN

Una cadena de montaje en una factoría de automóviles EFE

España posee salarios de miseria. No, no es una exageración literaria. Es literal. Una mayoría de salarios en nuestro país son miserables, puesto que están por debajo del umbral de ingresos que determina la pertenencia a esa penosa categoría de personas en situación de pobreza. Una de cada siete personas con empleo es pobre en España. Trabajar no garantiza tener un nivel de vida digno. Para las personas en desempleo es peor: una de cada dos es pobres.

España siempre ha sido un país de bajos salarios, comparándose con países de su nivel de desarrollo y en el contexto europeo. Pero las políticas aplicadas desde 2010 los han deprimido aún más. Desde entonces, han caído de media más de un 7%, y las categorías más bajas, más de un 20%. El resultado es que prácticamente la mitad de los trabajadores y las trabajadoras no llegan a ingresar 1.000 euros netos al mes. Es decir, que media España no llega ni a mileurista, lo que refleja una regresión económica y social lamentable.

Esta situación es terriblemente injusta, porque llevamos cuatro años seguidos en los que crece el PIB de manera muy notable, y porque los beneficios empresariales aumentan de manera muy cuantiosa, superando ya con creces los niveles globales que tenían antes de la crisis. Y también es una situación ineficiente e insostenible, porque sin mejores salarios el consumo no se consolidará, impidiendo que las empresas mejoren sus ventas y cortocircuitando la creación de empleo, y la Seguridad Social no podrá elevar sus ingresos por cotizaciones como necesita.

La evidencia de esta penosa situación de los salarios es tal que ya no solo demandamos un aumento de los mismos los sindicatos, como venimos haciendo insistentemente desde 2010, ante la evidencia de las nefastas consecuencias de las políticas de austeridad aplicadas. Ahora lo hacen, y cada vez con mayor claridad, los mismos organismos internacionales que defendieron y promovieron esos recortes y la devaluación salarial, como el Banco Central Europeo, la Comisión o el FMI. Los que hundieron el barco, ahora dicen que hay que reflotarlo.

El caso es que la evidencia de los datos ha hecho que subir salarios de forma nítida en nuestro país se haya convertido en una exigencia económica y social innegable y urgente para casi todo el mundo. Para casi todo, … menos para los que tienen la capacidad de hacerlo: Gobierno y organizaciones empresariales. La Ministra de Empleo viene declarando hace meses que los salarios deben crecer, en coherencia con la bonanza del ciclo económico.

Parece que ahora ha dado un paso adelante con el consenso alcanzado para elevar el Salario Mínimo Interprofesional un 20% en tres años, tras el consenso que hemos alcanzado Gobierno, sindicatos y patronal. Esto demuestra que el trabajo sindical es muy importante, porque sin él, esta subida no se habría producido nunca. Ahora esperamos que este incremento sirva de referencia para negociar convenios y, en concreto, un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con una perspectiva plurianual. Pero también es necesario que el Gobierno suba el sueldo a los empleados públicos, a los que se lo ha recortado intensamente en los años precedentes. No hay que olvidar tampoco que el Ejecutivo no ha dado marcha atrás en la reforma laboral y de la negociación colectiva que aprobó en 2012, que dio un poder extremo a las empresas, y que es en gran parte responsable de que los salarios se hayan desplomado.

La patronal, por su parte, mantiene hasta ahora un discurso anclado en la etapa de crisis, demandando más austeridad y negando la subida de sueldos, a pesar de que los beneficios de las empresas no dejan de aumentar. Lo irracional de este comportamiento está llevando a las organizaciones empresariales a plantear medidas no solo improcedentes e injustas en la situación económica y social actual, sino inconsistentes desde un punto de vista estrictamente técnico.

La última de estas propuestas la expuso hace un mes el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, planteando la posibilidad de subir salarios a cambio de reducir las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, y que se trata -hay que decirlo claro- de un dislate. Según ésta, la rebaja de las cotizaciones sociales que pagan las empresas permitiría bajar los costes laborales y, por tanto, permitir la subida de salarios y ayudar a la creación de empleo. Pero nada de esto sucedería. Primero, porque la experiencia muestra que, en España, cuando bajan los costes de las empresas, lo que sucede es que aumentan sus márgenes de beneficio, no los salarios. Y segundo -y más importante- porque las cotizaciones sociales que pagan las empresas no son sino parte del salario del trabajador, que se conoce como “salario diferido”, puesto que el trabajador lo percibirá más adelante, en forma de las prestaciones que son sufragadas con los ingresos de esas cotizaciones: enfermedad, desempleo, formación o, sobre todo, jubilación.

Dicho más claro: todas las cotizaciones, tanto las que se reflejan en la nómina del empleado (“a cargo del trabajador”) como las que aporta la empresa y no constan en la nómina (“a cargo del empleador”) son parte del salario total del trabajador y la trabajadora. Y, además, todas ellas son parte del coste laboral para la empresa. Por tanto, reducir el porcentaje de las cotizaciones a cargo de la empresa no es sino es reducir el salario. Y aumentar el salario base que figura en la nómina y rebajar simultáneamente las cotizaciones supone dejar el salario total igual, no aumentarlo, además de que en absoluto supone una rebaja de costes laborales, sino que permanecerán inalterados.

La patronal, por supuesto, sabe todo esto, pero juega a la confusión de manera interesada. Pretende hacer pasar por una propuesta de subida de sueldos lo que en realidad es una propuesta de congelación a corto plazo y de reducción en el futuro, al cambiar una aportación al salario de los trabajadores segura (la cotización) por una mucho más incierta, con unas reglas de juego que actualmente juegan a su favor y en contra de la clase trabajadora. Todo para lograr la rebaja de cotizaciones, que es una rancia reivindicación empresarial, justificada en el supuesto hecho de que las empresas en España pagan más cotizaciones que en Europa. Pero esto tampoco es así: el peso de las cotizaciones sobre la riqueza nacional (el PIB) en España es inferior a la media de la zona euro, tanto en lo que se refiere a la parte a cargo de la empresa (9,9% frente a 10,5%) como en el total (13% frente a 18%).

Esto no es lo que necesita España. Del mismo modo que durante la crisis los trabajadores y trabajadoras aceptaron y contribuyeron mayoritariamente a poner en práctica medidas de flexibilidad interna para salvaguardar los puestos de trabajo y la viabilidad de muchas empresas y sectores, a costa de sus retribuciones, ahora las empresas deberían comprender y colaborar al aumento de sueldos, conscientes no solo de que es una actuación de justicia, sino la mejor garantía para el fortalecimiento de sus ventas y, por tanto, de su negocio.

Nuestra economía necesita mejores empleos y mejores salarios, y no es momento de dilaciones y propuestas trampa, que solo buscan confundir de manera interesada a la sociedad. Es hora de sentarse en la mesa de diálogo social para negociar, de manera leal y transparente, las posibilidades de acordar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para 2018 y los años siguientes, que incluya criterios en materia salarial que permitan que las trabajadoras y los trabajadores mejoren su poder de compra de manera clara. Atendiendo al escenario previsto, UGT considera que el aumento salarial medio en 2018 debería situarse en torno al 3%, atendiendo siempre a la situación concreta de cada empresa o sector, y, sobre todo, aumentar de manera especial los salarios más bajos, introduciendo en los convenios colectivos salarios mínimos garantizados de al menos 1.000 euros. Esperamos que la patronal rectifique, entienda por fin las necesidades del país, y se siente a negociar bajo estas premisas cuanto antes, evitando innecesarios conflictos en las empresas.

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