eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

¿Por qué no se aborda la reforma del sistema de medios?

"El panorama es desolador: compraventa de licencias, sin obligación de ofrecer servicio público de informativos, prohibición de las comunitarias, fomento de la situación de duopolio mediático…", sostiene Díaz.

- PUBLICIDAD -

El espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. Sí. Esas ondas invisibles a través de las cuales accedemos a internet con nuestro 'smarthphone' o recibimos las señales de radio y televisión son un bien público que es gestionado por la Administración conforme a tres criterios básicos: informar, educar y servir a las personas. En definitiva, cumplir un servicio público. Este espacio, limitado, es administrado por el Estado bajo criterios de pluralidad, diversidad y libertad de expresión. Al menos, sobre el papel.

La nueva adjudicación de licencias de la TDT y el informe interno de Industria revelado en exclusiva por eldiario.es, dibuja una situación 'orwelliana'. El panorama es desolador: compraventa de licencias, sin obligación de ofrecer servicio público de informativos, prohibición de las comunitarias, fomento de la situación de duopolio mediático…

Tener una televisión no es rentable, en términos lucrativos, por sí sola. Sólo hay una forma de que lo sea: tener una posición de oligopolio en el audiovisual. Un duopolio (Atresmedia y Mediaset) que controla más del 85% de inversión publicitaria y multitud de canales.

Pero la rentabilidad no tiene porqué ser siempre económica. Muchas empresas, fondos de inversión, bancos y compañías de telecomunicaciones tienen acciones o poseen un medio de comunicación para influir políticamente así como para orientar las decisiones de consumo de la ciudadanía. ¿Por qué si no iba a querer tener El Corte Inglés un canal de televisión? ¿Qué gana la Iglesia católica sufragando ese pozo sin fondo que es 13TV?

Otros, se decantaban por la alternativa más beneficiosa: es el negocio de la venta y alquiler de las licencias otorgadas por concurso público. Unas operaciones en las que se mueven decenas de millones de euros y que, pese a lo que pueda parecer, son legales. Eso es lo que hace (y fomenta) el Gobierno de Mariano Rajoy con ese bien público que llamamos espectro radioeléctrico: impulsar un mercado negro de conciencias y miradas de la ciudadanía, presa por la mercantilización del espectro.

Muchas empresas, fondos de inversión, bancos y compañías de telecomunicaciones tienen acciones o poseen un medio de comunicación para influir políticamente así como para orientar las decisiones de consumo de la ciudadanía

Medios Comunitarios, en el ojo del huracán

Es indignante ver la situación de desamparo que sufren los medios comunitarios por parte de quien tiene la obligación de protegerlos. Pero más grave resulta aún, leer en el informe interno de Industria, las verdaderas intenciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy: planificar una voladura controlada del único resquicio de democracia mediática en nuestro país.

Ahora es más fácil entender cómo, durante las últimas décadas, lejos de mejorar el acceso al derecho a la comunicación de la ciudadanía, este Gobierno ha orquestado una campaña dirigida a penalizar el encomiable trabajo de las pocas emisoras comunitarias que existen en nuestro país. La respuesta de las comunitarias, interponiendo un recurso contra el concurso de la TDT ante los tribunales, ha inquietado al Gobierno.

La reforma del audiovisual

Afrontar la regulación del audiovisual es fundamental, una tarea pendiente en nuestra maltrecha democracia. Sin embargo, a todos los partidos, sin excepción, les tiemblan las piernas al hablar de ello. Tienen miedo. Miedo a los que enarbolan la bandera de libertad y la constriñen mercantilizando este bien público. Por eso, para afrontar el cambio es necesaria valentía.

Hace unos días, la jurista Isabel Tobeña, de Jueces para la Democracia, intervino en unas jornadas sobre Periodismo en Melilla señalando que legislar sobre el artículo 20 de la Constitución “es vidrioso y delicado, pero hay que hacerlo”. Y hay que hacerlo con seriedad y rigurosidad, evitando esta venta de esclavos que en el siglo XXI se llaman televidentes y oyentes.

Los partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales deben de ser consciente de lo necesario que es abrir la caja de Pandora de la propiedad de los medios y comprender que la lucha por democratizar las ondas es el comienzo de cualquier otra lucha por el cambio social. Sin abordar seriamente este problema, cualquier oportunidad de cambio será un titular efímero, un anhelo que se esfuma.

Defender la educación pasa, en un primer término, por defender la democratización del espectro. Defender la sanidad y el sistema público de pensiones pasa por defender el pluralismos en la opiniones que ocupan el dial. Defender la lucha contra el cambio climático solo es posible si en el espectro radioeléctrico otras voces toman la palabra.

Por eso es necesario apelar a las formaciones políticas para que no escurran el bulto. Y lo hacemos para que aborden el asunto con profundidad y no solo para que pongan parches a la legislación actual con el objetivo de mantener esta cena de buitres.

El documento del Ministerio que dirige Soria, visualiza una mafia organizada. Una trama de corrupción que solo se entiende como una descarada complicidad de servidores públicos con las corporaciones mediáticas de espaldas a la ciudadanía a la que debieran proteger de los lobos a los que alimentan.

En el fondo de la cuestión está la ciudadanía, que conforma buena parte de su realidad a través de la información que consume de los medios de comunicación. Su realidad pero también sus perspectivas de futuro, su ideología y su voto, sus decisiones de consumo y su identidad, individual y colectiva. Los medios hacen país. Y en estos momentos son Atresmedia y Mediaset, las que están construyendo patria.

- PUBLICIDAD -
- Publicidad -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha