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La cultura en España, la vuelta al canon digital

El sistema, ratificado así por los tribunales, tenía que ser éste y ya iba siendo hora de que el sector cultural tuviera un respiro económico en la draconiana etapa del PP

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La Ley de Propiedad Intelectual concede derechos exclusivos a los autores

Este pasado miércoles se presentó en la Sala Berlanga de la ciudad de Madrid una exhaustiva propuesta avalada por más de 80 asociaciones y colectivos del mundo de la cultura, para la regulación de un Estatuto del Artista y el Trabajador de la Cultura. Ello se suma al trabajo de otras plataformas constituidas formal o informalmente para agrupar las reivindicaciones de parcelas importantes del sector que, con matices y con mayor o menor pretensión omnicomprensiva, también han ido desgranando propuestas. En la subcomisión parlamentaria constituida a tal efecto, se está trabajando en la elaboración de un dictamen que pueda derivar en una regulación, que dignifique las condiciones laborales, sociales y fiscales de las profesiones artísticas. Se prevé que su duración se demore al menos todo este año, antes de emitir un dictamen definitivo.

Si esta legislatura y su extraña conformación parlamentaria tiene que servir para algo, necesariamente éste debe ser uno de los puntos principales en la búsqueda de un acuerdo. Se trata el sector cultural de un espacio de extraordinaria precariedad que, tras años de predicación, ha conseguido que en la agenda de todos los partidos se refleje la necesidad de una mejora regulatoria sustancial. Si hay un terreno para el pacto es éste, una vez se ha fijado como prioridad política de forma casi unánime.

Si hay un pero que oponer es que, ante un caso de necesidad de solución imperiosa, que es la situación de los artistas jubilados que están siendo perseguidos por la administración por seguir creando, no se implemente una solución inmediata de urgencia para, al menos, paralizar los expedientes sancionadores y sus consecuencias. Si esperamos, habrá situaciones de hecho que ya no se puedan reparar después; es de exigir una inmediata medida por parte del Gobierno.

Esta semana también se convalidó en el Congreso el Decreto-Ley que regulaba la compensación por copia privada. Una medida de "extraordinaria urgencia" para el Gobierno Rajoy en 2011 fue liquidar el sistema anterior y establecer un sistema de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Se separaba así España de la práctica totalidad de Europa y de forma flagrante de la normativa europea que lo regulaba. De esa forma, lo que antes tenían que descontar las empresas tecnológicas del lucro que les generaba la venta de equipos susceptibles de copia privada, pasaría ahora a pagarlo la totalidad de la ciudadanía, consumiera o no esta clase de productos. Se dio la circunstancia, además, de que ni los equipos bajaron de precio una vez que dejaban de tener la obligación de compensar (con lo cual el "canon" pasó directamente a su cuenta de beneficios), ni el propio Gobierno dotó nunca adecuadamente la partida presupuestaria para ello, practicando una expropiación injusta de recursos para la cultura.

Desde el PSOE advertimos de la ilegalidad y de la injusticia de un sistema que, inasequible al desaliento, el Gobierno acabó por consagrar en su reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Se apoyaba el PP en la famosa sentencia "Padawan", que consideraba que el sistema anterior de compensación penalizaba a una generalidad, impidiendo discriminar si el hecho susceptible de compensación se producía o no. En consecuencia, el sistema tendría que haber habilitado mecanismos para dilucidar sujetos pasivos de la compensación, nada más incongruente pues que la decisión de generalizar la compensación vía Presupuestos. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo español acabaron por darnos la razón y por compelir al Gobierno a que volviera al sistema de compensación por copia privada anterior, adaptándolo a la sentencia "Padawan" y reincorporándonos así a un panorama europeo de normalidad.

El Gobierno, por lo tanto, traía esta semana obligadamente una normativa que adaptara el sistema a la legalidad. Más allá de matices, de si la normativa podría haber sido más ambiciosa y de algunas cifras, se hace difícil entender algunas críticas. El sistema, ratificado así por los tribunales, tenía que ser éste y ya iba siendo hora de que el sector cultural tuviera un respiro económico en la draconiana etapa del PP. Es cierto que las cantidades serán gestionadas por entidades de gestión colectiva, pero no se deben mezclar cosas. En primer lugar, por ley al menos el 20% de las cantidades recaudadas tendrán que destinarse a promoción cultural, ayudas, becas, para los artistas de este país. En segundo lugar, no todas las entidades de gestión colectiva en España son la SGAE (sobre la que también habría que exigir un debate riguroso), son un sistema de protección y gestión de derechos de éxito y que además está generalizado en Europa con toda normalidad.

Por mi parte, desde luego prefiero que las cantidades recaudadas reviertan al castigado sector cultural, antes que engordar aún más las cuantiosas cuentas de resultados de unas empresas tecnológicas que no son precisamente el eslabón más débil de la cadena. Es introducir algo más de equilibrio en la cadena de valor que relaciona creadores y simples intermediarios (con diferente naturaleza).

Y, como decía antes, me deja perplejo que algunas voces carguen contra un sistema que debe implementarse sí o sí, al mismo tiempo que ponen el acento en que el canon lo pagará el consumidor… ¿Bajaron los precios de los equipos cuando se eliminó el sistema anterior? ¿No sería más lógico que las asociaciones de consumidores velaran precisamente porque no se trasladara a la gente el canon, sino que lo pagaran quienes se lucran con la venta? ¿Nos imaginamos que ante el establecimiento de impuestos sobre productos bancarios reaccionáramos igual, criticando al Gobierno en lugar de advertir a las entidades bancarias que a ellas es a quienes les toca pagar y no a los clientes?

La reinstauración del sistema de compensación por copia privada supone un varapalo para el PP y una rectificación obligada. Difícilmente reparará el daño producido, pero ayudará a que no se siga produciendo. ¿Es mejorable esta norma? Mucho, pero la respuesta no es oponerse, sino permitir que al menos palíe parcialmente la situación actual, comprometiéndonos a mejorarla cuando tengamos ocasión.

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