eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

La desconcordia europea del Egeo

A pesar del drástico descenso de llegadas, el número de demandantes de asilo que llega a las islas del Egeo sigue siendo mayor que el de retornos y reasentamientos/reubicaciones

Ni siquiera la política de retorno en el marco del acuerdo con Turquía está funcionando como debería mientras que la reforma del reglamento de Dublín parece no romper con la lógica actual

Con los campos ya sobresaturados, el verano a la vista y un enfoque excesivamente centrado en la disuasión y el  retorno más que en la protección y el asilo, la situación puede empeorar aún más

- PUBLICIDAD -
La entrada de inmigrantes en países de la OCDE batió su récord en 2016

Un grupo de refugiados de Irán, Pakistán y Marruecos protestan en la frontera entre Grecia y Macedonia. EFE

Más de un año después del acuerdo de la UE con Turquía, siguen existiendo serias dudas sobre su legalidad y su efectiva implementación, mientras que la reforma propuesta por la Comisión Europea respecto al reglamento de Dublín, que regula qué Estado es responsable de procesar las demandas de asilo, no parece romper con la dinámica actual.

Según informes de  Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la UE puede estar sentando un precedente peligroso en el acuerdo con Turquía y la intención de incorporar su lógica en la reforma de Dublín respecto al derecho de asilo, ya que existen serias dudas de que Turquía sea un país de origen seguro. El principio de país de origen seguro, elemento central del acuerdo, permite declarar la inadmisibilidad en el procesamiento de las solicitudes en caso de que el demandante en cuestión haya llegado a la UE a través un país en el que ya ha recibido protección ( artículo 38 de la Directiva sobre procedimientos comunes para la concesión de protección internacional) o en el que podría potencialmente recibir tal protección (artículo 35 de la misma directiva). Si tal fuera el caso, el procesamiento puede hacerse por la "vía rápida", acelerando el retorno en 15 días y sin un análisis riguroso de la solicitud de asilo.  

A pesar de que en los últimos meses cada vez más comités de apelación griegos en materia de asilo han considerado a Turquía como  país de origen seguro (acelerando el retorno), son decenas los casos en los que tales Comités han considerado lo contrario, dejando en el limbo jurídico a demandantes de asilo y convirtiendo las islas en ratoneras en las que no se cumplen los mínimos estándares humanitarios. Siguiendo la tendencia de varias organizaciones de la sociedad civil, varios de dichos comités han considerado que Turquía no garantiza protección efectiva a los demandantes de asilo, rechazando su retorno por las dificultades que estos encuentran en lo que se refiere al registro, así como respecto al acceso al mercado de trabajo, la sanidad y la educación.

Ello se debe fundamentalmente a la incapacidad de implementar de forma eficaz la legislación aprobada en 2014 por parte del Gobierno turco en materia de asilo como resultado del mantenimiento de la limitación geográfica en la ratificación del Protocolo de Nueva York (1967). En este sentido,  el país solo ofrece protección temporal (que no completa, según la Convención de Ginebra de 1951) a demandantes de asilo de origen sirio, lo que no garantiza la residencia a largo plazo y solo da acceso a una lista limitada de servicios, mientras que aquellos de otras nacionalidades como iraquíes o afganos solo pueden optar a protección condicionada o subsidiaria, las cuales ofrecen aún menos garantías.

Por otro lado, parece que se está dando prioridad a los demandantes de asilo sirios por encima del resto, algo expresamente prohibido por la legislación internacional, creando tensiones entre los demandantes de asilo de distintas nacionalidades. Además, se ha documentado el incumplimiento del  principio de no-devolución por parte de Turquía, el cual garantiza el derecho de toda persona a pedir asilo político sin ser devuelta de forma automática.  

Lo más alarmante del caso, sin embargo, es que la reforma de la Política Europea de Asilo Común y especialmente de Dublín IV persigue consolidar en el acervo comunitario la externalización de la responsabilidad de asilo en terceros países a través del controvertido concepto de "país de origen seguro" utilizado en el acuerdo con Turquía, que podría  ser replicado en otros estados del norte África. Un concepto controvertido, difícil de verificar y excesivamente abierto a la interpretación y la arbitrariedad.

¿En el marco de la involución democrática actual, alguien cree que Turquía es un país de origen seguro o que iraquíes y afganos, entre otros, no están amenazados si son devueltos a sus países de origen? ¿Qué garantías tenemos de que sus derechos son respetados en caso de ser devueltos a Turquía?

Lo que sí parece evidente es que el uso sistemático del principio de "país de origen" seguro como herramienta de aceleración del proceso de retorno está poniendo en riesgo los derechos humanos.

Dudas sobre las garantías en el proceso de retornos

Por lo que a la UE respecta,  algunas de las deportaciones en el marco del acuerdo de la UE con Turquía parecen no haber tenido completas garantías respecto al cumplimiento de la legislación internacional en materia de asilo. Además, a pesar de la presión de la UE para que se reduzcan garantías en la identificación de demandantes en situación de vulnerabilidad, parece que existen serias deficiencias en la identificación de tales casos (mujeres embarazadas, menores no acompañados, personas con discapacidad, víctimas de tortura, etc.) que deberían quedar excluidos del procedimiento por "vía acelerada", según la legislación griega, y ser analizados caso por caso.

Hasta ahora,  solo alrededor de 2.000 retornos han tenido lugar desde Grecia en el marco del acuerdo, de los cuales la gran mayoría por voluntad propia (retirada de la demanda de asilo o por no haberse registrado como demandantes de asilo). En este contexto,  Human Right Watch ha advertido del impacto negativo del acuerdo en los derechos de los refugiados y su salud mental, debido a la política de confinamiento y saturación en las islas, así como a la lentitud de las autoridades turcas en la aprobación de los retornos. Por otro lado, son varias las organizaciones que han documentado la  mala protección de los menores no acompañados, así como de muchas mujeres que han sufrido episodios de violencia sexual en los campos de las islas del Egeo.

Un enfoque más centrado en la integración garantizaría una mejor protección de los derechos humanos, mientras que un reparto permanente entre Estados que vaya más allá de la lógica de Dublín debería ser establecido si de verdad queremos conseguir un esquema solidario. Desde el punto de vista humanitario, una verdadera misión de recate debería ser puesta en marcha en el Mediterráneo, mientras que se deberían tomar las medidas necesarias para dar prioridad a las vías legales y seguras, cumpliendo estrictamente con las cuotas de reubicación.

Finalmente, los Estados de la UE deberían evitar replicar el acuerdo con Turquía en otros países, analizando cuidadosamente sus implicaciones humanitarias como así lo ha pedido la defensora del pueblo europeo. Para ello, necesitamos más garantías de que éste cumple estrictamente con la legislación internacional y que el principio de país de origen seguro no es utilizado de forma sistemática en detrimento del asilo y la protección internacional de aquellos que buscan refugio en Europa.

___

Carlos Mascarell Vilar es politólogo y asesor del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) en gobernanza y ciudadanía. Participa en el "Partenariado sobre inclusión de migrantes y refugiados" de la agenda urbana de la UE.

*Las opiniones expresadas en este artículo no representan las del CMRE.

- PUBLICIDAD -
- Publicidad -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha