La república independiente de muchas casas
Hay una razón muy poderosa para indignar a cualquiera: descubrir que el Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), relativo a los derechos laborales del trabajo doméstico, no fue aprobado ni en los revueltos principios del siglo pasado, ni en los constituyentes 40s ni en los combativos y desobedientes 70s. No, fue aprobado en 2011, ya bien entrado el siglo XXI, aunque parezca increíble tanto retraso, es real. Quizás tenga que ver que la mayoría de trabajadoras han sido, y son, mujeres. Quizás.
Sí todavía les dura la sorpresa y la indignación, prepárense porque lo peor está por llegar. El gobierno de España se ha negado a ratificar dicho convenio internacional. Países como Filipinas, Costa Rica, Bolivia, Alemania, Portugal o Suiza nos llevan la delantera.
Jornadas semanales interminables de 60, 70 u 80 horas, negativa a disfrutar de vacaciones pagadas, imposibilidad de bajas laborales, de maternidad mejor ni hablamos. Sin sindicatos, sin convenios y en muchos casos siquiera sin contrato, parecen temas de importancia menor para el gobierno del Partido Popular. Tras algunos casos, los más graves, se esconden situaciones de esclavitud, trata de personas, trabajo infantil, violencia y abusos sexuales. Resulta a todas luces imposible mirar para otro lado, se trata de una obligación ética, social, económica y política equiparar la situación del sector a la del resto de gente trabajadora de este país.
Lo hemos dicho un millón de veces pero no nos cansamos, o estas con las élites o estas con la gente; o estás con las más de 700.000 trabajadoras domésticas que doblan la espalda a diario o estás con quienes se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad para exprimir personas como si fueran naranjas.
Aunque los capos de la corrupción nos intenten colar la fábula de Ikea para justificarse, ni este país es una multinacional sueca ni las casas son “repúblicas independientes” donde los derechos laborales son una utopía irrealizable. El uso de la inspección de trabajo, en que posiblemente sea el sector más precarizado de la esfera laboral, es una necesidad urgente.
Nuestra insistencia en un gobierno de cambio, que ratifique este convenio de las Naciones Unidas, lo aplique y lo profundice, es firme. Permitir a cientos de miles de personas, la gran mayoría mujeres y muchas de ellas migrantes, disfrutar de una vida digna, bien merece el esfuerzo.
Y es firme porque nos avergüenza, nos sonroja, tener un gobierno como este, que solo cumple los dictados si vienen desde Alemania y les permiten usar las tijeras contra el estado del bienestar. Ahora bien, si esos dictados internacionales buscan garantizar los Derechos Humanos de la población, como el convenio 189, hacen oídos sordos.
Ya está bien, la votación del Congreso lo reflejó, hay una mayoría suficiente para construir un gobierno que tenga como prioridad los problemas de la gente, con políticas fiscales, económicas y laborales que permitan hacer un país más justo, menos desigual. Estamos empeñados y empeñadas en conseguirlo, vamos a darlo todo hasta el último aliento, que a nadie le quepa duda.
Solo hace falta que algunos superen el bloqueo, el miedo a los poderosos y cojan la mano que lleva ya dos meses tendida. Esperemos que el Partido Socialista gire la cabeza, los ojos y el corazón hacia la mayoría social y se coloque a la altura del momento histórico.
El objetivo es tan necesario, tan urgente, que no podemos rendirnos.
