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Con urgencia, las pensiones

Con un déficit anual de 15.000 millones y una reducción del fondo de reserva de 42.000 millones en tres años la inercia no puede ser la pauta en lo que se refiere a la seguridad social

Vincular la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones no sólo a los niveles de empleo sino a los niveles de riqueza del país es una decisión inteligente y justa que no podemos postergar más

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Los sistemas públicos de pensiones constituyen la columna vertebral del estado del bienestar siendo, al mismo tiempo, un mecanismo de solidaridad entre generaciones, de cohesión social y de estabilización de rentas.

No nos debería extrañar que mientras que los planes privados de pensiones, al inicio de la crisis financiera, acumulaban pérdidas por importes de un 20% de su valor, el denominado primer pilar de las pensiones conseguía mantener el nivel de renta y el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. En los países de la OCDE, gracias a las pensiones públicas, coincide que los menores índices de riesgo de pobreza y los mayores de igualdad de renta se da entre los mayores de 65 años.

Es por ello que garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo ha sido considerado una cuestión de Estado en la que todos decidimos asumir una cuota de responsabilidad. Así nació el pacto de Toledo.

Los próximos días estarán marcados por las negociaciones para la investidura de un nuevo gobierno en España. La falta de mayorías en el Congreso de los Diputados aumenta la corresponsabilidad de los grupos parlamentarios para que, junto con los agentes sociales, se corrija una política irresponsable que, en materia de pensiones, ha llevado al limite al sistema. Con un déficit anual de 15.000 millones y una reducción del fondo de reserva de 42.000 millones en tres años la inercia no puede ser la pauta en lo que se refiere a la seguridad social.

Sin embargo, y a pesar de estas cifras, el sistema público en España -al que dedicamos entre 2 y 4 puntos menos de PIB que países como Francia, Italia o Alemania- es más que sostenible si se adoptan las políticas adecuadas para ello.

En primer lugar en el empleo. En España se trabajan hoy veinticinco millones de horas semanales menos que en el 2011. El aumento de la contratación se debe, en gran parte, a un reparto de las horas disponibles de trabajo entre los desempleados a través de infinitos contratos temporales, falsos autónomos y trabajos a tiempo parcial cuyas remuneraciones medias rondan el salario mínimo interprofesional.

Del millón ochocientos mil contratos que se firmaron en España en mayo de 2016, cuatrocientos cincuenta mil duraron menos de una semana. Sólo ciento setenta y dos mil fueron indefinidos. Datos como éste que se repiten mes a mes explican, en parte, que mientras que la contratación aumentó en 2015 a un ritmo superior al 3%, los ingresos de la seguridad social lo hicieron sólo al 1% interanual.

Una alta precariedad con salarios bajos no explica por sí solo el déficit de ingresos. Para ello es necesario atender también a la política de incentivos a la contratación que, año a año, merman en más de dos mil millones los ingresos de la seguridad social.

El gobierno de Rajoy ha abusado de las bonificaciones pero sobre todo de las exenciones a la seguridad social como incentivo a la contratación privada. Mientras que en las primeras los servicios de empleo abonan a la seguridad social lo que el empresario deja de cotizar por contrato, en las exoneraciones tal obligación desaparece por completo. Así, con el Partido Popular, los pensionistas han estado soportando todo el peso de los incentivos al empleo.

Si queremos tapar el agujero de las pensiones en necesario acabar con esta política irresponsable de incentivos al empleo, mejorar la calidad del empleo, incrementar paulatinamente los salarios y reducir la temporalidad, al mismo tiempo que se penaliza el uso de este tipo de contratos incrementando la cuota que los empresarios pagan a la seguridad social.

Pero si además queremos garantizar su poder adquisitivo, amenazado hoy al desvincular el incremento de las pensiones al IPC y al introducir el denominado factor de sostenibilidad a partir de 2019 (por el que aplicará a las nuevas pensiones un coeficiente reductor según aumente la esperanza de vida) es necesario hablar de nuevas fuentes de ingresos.

Los dos puntos de PIB que, en financiación de pensiones, nos separa de los principales países europeos deben conseguirse a través de la fiscalidad y no sólo a través de las cotizaciones. Vincular la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones no sólo a los niveles de empleo sino a los niveles de riqueza del país es una decisión inteligente y justa que no podemos postergar más.

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