Debate en Portugal por la polémica ley antipiratería inspirada en la de España

Inspirada en la ley española de 2005, el plan antipiratería de Portugal que tasa aparatos como teléfonos móviles o tabletas ha generado un debate en este país, donde ha recibido críticas tanto del sector audiovisual como del de los usuarios.

Considerada una copia casi integral de la ley española aprobada durante el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la norma aprobada por el Gobierno de Portugal a finales de agosto intenta poner freno a las nuevas formas de piratería.

La implantación de una inédita tasa para los aparatos que permitan grabaciones, como los teléfonos móviles o las tabletas, es la principal y más controvertida medida, que aún está a debate, pues el Parlamento luso debe refrendarla para su entrada en vigor.

Es una norma compleja y “no muy bien entendida por la mayoría de las personas”, admitió el secretario de Estado de Cultura, Jorge Barreto-Xavier, cuando se presentó públicamente el documento.

Para muchas voces, la lucha contra la piratería la acabarán por pagar los usuarios, ya que serán ellos quienes abonen un impuesto cuando adquieran cualquier apartado que permita grabaciones.

“Todos los consumidores pagan la tasa cuando compran el equipo, independientemente del destino que le den”, afirmó en un análisis la Asociación en Defensa de los Consumidores de Portugal (DECO), para quien el texto “confunde piratería y copia privada”.

El Gobierno conservador defiende que la meta de esta tasa es recaudar más dinero destinado a las entidades gestoras de los derechos de autor y artistas, encargadas de remunerar a quienes producen las obras, muy perjudicadas por la proliferación de las nuevas tecnologías.

Se calcula que la tasa propuesta podrá rendir entre 15 y 20 millones de euros (19,6 y 26,2 millones de dólares) y, en caso de que haya un excedente -si queda dinero después de haber pagado a los autores-, éste irá parar a un Fondo de Fomento Cultural, apuntó Barreto-Xavier.

La ley que se debatirá en el Parlamento, donde los partidos conservadores tienen mayoría, también define el perfil del infractor y contempla la creación de una policía especializada en los delitos de piratería, aunque no se definen multas de manera específica.

Para la Asociación Portuguesa de Defensa de las Obras Audiovisuales (Fevip), la ley portuguesa calca la puesta en marcha en la vecina España en el 2005, considerada un fracaso y reformulada años después.

“Es una copia casi integral del documento español del 2005: más de un 70 % es una traducción literal”, constató en entrevista a EFE Paulo Santos, el director general de la Fevip.

El documento, al que EFE tuvo acceso, del plan portugués para combatir la Violación de Derecho de Autor y Derechos Conexos presenta cinco medidas idénticas a las del texto español.

“No deja de ser irónico que el Plan de Combate a la Violación de Derecho de Autor sea, él mismo, un plagio”, resaltó el portavoz de la Fevip.

Paulo Santos predice un fracaso de una norma que considera “obsoleta” al ignorar medidas destinadas a la nueva realidad de los derechos de autor en internet.

Por ejemplo, la revisión de la ley no contempla los ficheros en internet (en la nube o “cloud”).

En su opinión, el texto “sirvió solo para justificar la ausencia de voluntad y la incapacidad para legislar eficazmente en la lucha contra la piratería”.

Además, considera que la falta de adecuación de la legislación portuguesa a la realidad “permite que proliferen páginas web que diseminan contenidos piratas”.

El sector audiovisual portugués afirma que los niveles de piratería en Portugal son muy elevados y han destruido más de 20.000 empleos en la industria cultural, responsable por el 2,8 % del PIB portugués.

Las prácticas más comunes de piratería son descargar archivos a dos (“peer-to-peer”) o a través de páginas de alojamiento gratuito. También es habitual que se compartan vídeos en visualizados en tiempo real.

De acuerdo con el Instituto del Cine y lo Audiovisual, hace tres años que Portugal pierde consecutivamente espectadores en salas. En el 2013, el número se situó en los 12,5 millones, el valor más bajo desde que existen registros en Portugal.