El presidente luso sanciona la ley antipiratería que vetó hace dos meses

El jefe del Estado portugués, Aníbal Cavaco Silva, promulgó hoy la nueva legislación que regula la protección de los derechos de autor, aunque con reticencias, apenas dos meses después de haber vetado el documento.

En un mensaje enviado al Parlamento luso, responsable de la redacción del texto, Cavaco recordó que la Justicia europea ha advertido recientemente de que las leyes antipiratería no deben recoger “excesos” a la hora de establecer compensaciones para los autores.

En este sentido, el presidente luso aseguró que el nuevo decreto no incluye “una adecuada y equilibrada ponderación de todos los intereses”, ni tampoco protege de forma “real y efectiva los derechos de los creadores sin implicar costes injustificados para los consumidores”.

Cavaco defendió así su decisión de vetar a finales de marzo esta misma ley que, sin embargo, se vio obligado a aprobarla ahora, tal y como ordena la Constitución portuguesa.

La llamada “Ley de la Copia Privada” permitirá la creación de una tasa de entre cinco céntimos y veinte euros que se aplicará en el precio de diferentes productos tecnológicos, desde CDs hasta impresoras y fotocopiadoras.

Con este impuesto se pretende compensar a los autores por cada copia que haga un consumidor a través de estos dispositivos, aunque estarán exentos de abonarla quienes se dediquen a la fotografía, el diseño, la arquitectura, la ingeniería y algunos artistas.

La nueva legislación fue aprobada con los votos a favor de los dos partidos conservadores que gobiernan el país en coalición desde 2011.

Inspirada en la ley española de 2005, el plan antipiratería de Portugal ha generado debate en el país desde el año pasado, cuando se aprobó la norma en primera instancia, y ha recibido críticas tanto del sector audiovisual, como de los usuarios.

El Ejecutivo la ha defendido por ser idónea para recaudar más dinero destinado a las entidades gestoras de los derechos de autor y artistas, encargadas de remunerar a quienes producen las obras, perjudicadas por la proliferación de las nuevas tecnologías.

Se calcula que la tasa propuesta podrá generar entre 15 y 20 millones de euros y, en caso de que haya un excedente -si queda dinero después de haber pagado a los autores- irá parar a un Fondo de Fomento Cultural.