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  • Comunidad Valenciana

    La prisión de Picassent facilita presos como mano de obra barata a empresas con EREs aprobados

    #5 Esclavitud. O peor aún, se aprovechan de la condición de los internos para lucrarse. Inaudito e intolerable.

  • Tenerife Ahora

    Desalojo a la fuerza

    #3 Dictadura.

  • Política

    Jaume Matas ingresa en la prisión de Segovia

    #18 Presos de primera, presos de segunda. El futuro de las prisiones en España.

  • Política

    Pedro Sánchez promete al PSOE una remontada electoral

    #59 ¿No somos más que mercancía de los "nuevos líderes" salvapatrias? ¿qué es eso de "prometer una remontada electoral"? ¿Quien se han creído que somos los votantes? ¿Unos dóciles e ingenuos depositarios de la confianza? Ah, pues tal vez...

  • Política

    Podemos denuncia ante el Parlamento Europeo el ascenso de prácticas de tortura en España

    #41 Su nombre es "terrorismo (casi siempre impune, por falta de pruebas) de Estado".

  • Política

    UPyD pide la despenalización del cannabis

    #36 Imaginaos el grado de sandeces que puede proferir Cantó tras una buena degustación del producto.

  • Economía

    Madrid fija un mínimo de cinco noches para alquilar una vivienda "turística" y frenar a Airbnb

    #20 "En una economía de base capitalista como la española, el Estado se abstiene de intervenir" Carcajada sonora en 3, 2, 1...

  • Política

    Manos Limpias denuncia ante el CGPJ al juez Pedraz por no archivar el caso Couso

    #2 Fundamento jurídico tercero del Auto del Señor Pedraz: TERCERO.- Podría pensarse que la solución sería plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo en estos casos ello no es posible; tanto por lo expuesto anteriormente como porque los convenios y tratados internacionales no tienen una jerarquía supraconstitucional, sino que, por el contrario, se exige su subordinación a la Constitución, pues así se deduce del artículo 95.1 CE, además de que requieren un control previo de constitucionalidad (art. 95.2 CE) y un control posterior de constitucionalidad, equiparados en este sentido a la ley (art. 161.1ª) CE). El propio Tribunal Constitucional así lo ha entendido (SSTC 49/88, 28/91, 64/91, 214/91, 142/93 37/94): estos supuestos carecen de relevancia constitucional al no existir un problema de validez constitucional de la norma, puesto que no se encuentra afectada su conformidad con la Constitución, siendo una cuestión de aplicabilidad de una norma al caso concreto cuya resolución corresponde a los órganos judiciales. Por tanto, es a los órganos judiciales a los que corresponde, en uso de su facultad de interpretar las normas jurídicas, decidir si la norma nacional es contraria a una norma de derecho internacional, procediendo en caso afirmativo a su inaplicación. En consecuencia, procede inaplicar el apartado citado del artículo 23 de la LOPJ, y en su lugar aplicar el apartado 4 p) antes citado; y con ello reafirmar que la jurisdicción española SÍ es competente para conocer de los hechos a que se refiere la presente causa. Se entiende o qué.

  • Política

    El Gobierno ucraniano estudia declarar el estado de excepción en Kiev ante las protestas

    #17 Un ejemplo. Independientemente de que compartamos o no su reivindicación, almenos salen a la calle...

  • Política

    Guía práctica para manifestantes bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

    #4 Este artículo huele a resignación. No me gusta. Salir a la calle y quemar todo. Punto.