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Periodismo a pesar de todo

Las horas que pasó Franz Kafka ante el espejo

Este fin de semana viajé a Tánger con unas amigas. Entramos en el zoco para callejear un rato pero, primero atraídas por el color de las mercancías, después obsesionadas por encontrar el tamaño justo de tajín, y finalmente hipnotizadas por los dibujos de las telas y alfombras, cuando nos quisimos dar cuenta habían pasado horas. Inclinadas sobre todos aquellos productos, no habíamos visto nada más. De repente, alguien subió la cabeza.

Tánger. 23 de marzo de 2014. 13:05 horas aprox.

Tánger. 23 de marzo de 2014. Sobre las 13:05 horas.

En pleno mediodía, el cielo que rodeaba al sol se había vuelto oscuro formando un círculo perfecto. Aquello nos sacó de la obsesión por los tajines y nos mantuvo un buen rato con la cabeza ahora hacia arriba, comentando si sería el apocalipsis o por fin los marcianos. Se trataba, supimos luego, de un fenómeno meteorológico bastante común pero que nunca habíamos visto. 

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Adivina quién viene a cenar esta noche: el Leviatán de proximidad

Detenciones durante los episodios de violencia el 22M. / Olmo Calvo

El plato que nos han servido con ocasión de las marchas del 22M nos sabe a viejo. Un poco de  grupo de violentos por aquí, una actuación policial desproporcionada y arbitraria por allá. Sabe a viejo la reacción de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, apresurándose a aprovechar la ocasión para criminalizar a los manifestantes. Hasta la última reacción del Gobierno anunciando cambios en el texto del proyecto de nueva Ley de Seguridad Ciudadana, por el cuestionamiento de su constitucionalidad por parte del CGPJ, tiene un regusto ya familiar. Ya lo han hecho antes, jugando, como hacen, a generar confusión sobre cuál es la ley vigente en la mayoría de personas que no sigue los detalles de su tramitación. Y testando el terreno, como globo sonda que es el anteproyecto, para los demás que sí lo siguen. Querrán presentar como mérito que eliminan las disposiciones más abiertamente inconstitucionales del texto. Tiempo al tiempo.

Pero no nos equivoquemos: hay ingredientes nuevos tras ese sabor a viejo, a rancio. Que Cifuentes mantenga el mismo 22M, en televisión, que la manifestación ha sido pacífica y hasta “un éxito”, y prácticamente al día siguiente incoe un expediente sancionador contra sus organizadores, expresa algo nuevo: los ingredientes de un nuevo sistema de control social. Uno basado en una idea también vieja: que tenemos que pagar por ejercer derechos. ¿Acaso no quieren que paguemos por la sanidad, pese a estar reconocida como derecho universal en la Constitución? Pues también desean que paguemos por ejercer derechos políticos, por manifestarnos, protestar, o usar el espacio público. ¿La manifestación? Pacífica. ¿La participación? Un éxito. ¿La reacción administrativa? La sanción más alta legalmente posible. Sí: nos van a intentar hacer pagar, por mucho que ahora quieran demostrar disposición a negociar, con una mezcla de ingredientes viejos y nuevos que en distinta proporción está ya en la actualmente vigente Ley de Seguridad Ciudadana (que es la que está aplicando hoy Cifuentes), está también en el anteproyecto filtrado hace meses, y estará en sus futuras versiones, si no lo remedia nadie. Ingredientes que hay que aprender a paladear, para entrar en la cocina y exigir que nos los retiren del plato. O llegado el caso para poder escupirlos, pedir el libro de reclamaciones y si es posible irse sin pagar la cuenta.

¿Qué habrá de viejo en la nueva ley de Seguridad Ciudadana? Mucho. Bajo la etiqueta infrapenal de la “sanción administrativa”, tanto en la legislación sobre seguridad como en las ordenanzas municipales, aparecen amalgamados conflictos sociales muy diferentes. Así ha ocurrido hasta ahora, y así se va a mantener. Se seguirán eludiendo debates sociales y políticos de envergadura, como el del consumo de drogas o el de la prostitución: la nueva ley ya tiene previsto forzar su solución punitiva, sin más medias tintas. Bajo el totum revolutum de la noción de sanción administrativa se insistirá en naturalizar el castigo, equiparando moralmente al macarra que con su moto no deja dormir al vecindario y al activista que blande un megáfono para llamar a la protesta ciudadana, o al gamberro que destroza y guarrea los parques infantiles y al indignado que pinta las paredes con las letras y los colores de la movilización social. La atmósfera banal de la sanción administrativa lo seguirá envolviendo todo hasta ocultarlo, eso sí, de manera dual y diferenciada. En el nuevo enfoque de control “securitario” se han venido desarrollando dos grandes líneas de ejecución que a la postre implican a una amplia red de poderes institucionales: por un lado el modelo de “proximity police”, con sus efectos –digamos- ambivalentes en los barrios más empobrecidos (en donde también actúan próximos y circundantes al vecindario distintos dispositivos de protección social que en la práctica generan más control y más exclusión de la población pobre e inmigrante); y por otro, la hipertrofia del marco sancionador administrativo, lo que podría representarse con la imagen inquietante y nebulosa de un Leviatán de proximidad.

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Frenar el avance de la Europa insolidaria

Hubo un tiempo en que para los españoles Europa representaba la libertad, la modernidad, la solidaridad, el desarrollo. Es evidente que, de 2007 a esta parte, esa idea ha ido cambiando. Más que nada porque, de entonces aquí, de la Unión Europea no han llegado más que disgustos.

Amenazas de intervención económica global –eso que han dado en llamar rescate, como si fuera algo positivo– y, en la práctica, una intervención económica que ha consistido en forzar la aplicación de políticas de austeridad, dictadas por los intereses de los acreedores, que vienen a ser, en buena medida, esos mismos bancos alemanes que contribuyeron a inflar las burbujas inmobiliaria y financiera inyectando toneladas de dinero barato durante los años en que, según Angela Merkel, aquí vivíamos "por encima de nuestras posibilidades".

Es difícil que los ciudadanos españoles –y de otros países del sur de Europa– vean ahora la UE como la salvación de nada. Más bien la ven como la superestructura que ha impuesto las medidas que han empobrecido a buena parte de la sociedad. Eso que los economistas del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea denominan "devaluación interna" y que ha consistido en bajar los salarios de los más desfavorecidos y de las clases medias –los de los ejecutivos han seguido subiendo, un 7% en 2013–, y en recortar los servicios sociales que garantizaban la protección social en la infancia, en la enfermedad, en el paro, en la jubilación.

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Conflicto universitario: sin miedo para que todo cambie

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Policía en la Complutense / J. Robles

"No es esta la universidad ni el mundo que quiero". Así describía su desazón una buena amiga docente, Elena Casado, ante lo sucedido estos días en la Universidad Complutense.

53 jóvenes fueron detenidos por un destacamento de antidisturbios fuertemente armados que entraron en el recinto académico bajo autorización del Rector. Estos jóvenes en ningún momento se comportaron de un modo violento con la policía, tampoco con los trabajadores ni con otros estudiantes. Así lo reconocía ayer expresamente el jefe policial al mando del operativo de la Complutense.

Entonces, ¿por qué se los llevaron a los calabozos de Moratalaz? ¿Por qué entró la policía en la Universidad?

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Telemadrid, consumada la limpieza ideológica

Ha sido decepcionante. Como un jarro de agua fría. Entiendo la frustración de mis compañeros al conocer que el Tribunal Supremo ha ratificado el ERE improcedente de Telemadrid. Ahora la cadena de la Ciudad de la Imagen tendrá que pagar 45 días por año trabajado, sin límite de años, a los 861 trabajadores que el PP se cargó de un plumazo hace algo más de un año. En efecto, no es una buena noticia. Y no lo es para los despedidos, por supuesto, pero tampoco lo es para los madrileños por mucho que  el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, se empeñe en tergiversar la realidad. Este individuo, especializado en faltar sistemáticamente a la verdad, oculta que a los madrileños el ERE nos va a costar, con la sentencia de TSJM ratificada, 46 millones de euros. Si a usted le parece poco dinero, solo tiene que trasladarlo a pesetas: 8.000 millones.

A estas indemnizaciones hay que sumar las ingentes cantidades de millones que se han dilapidado o destinado a pagar favores y amigos desde 2004, año en que llegaron los ejércitos de Esperanza Aguirre a la televisión autonómica.  Así pues, a los madrileños no les va a salir gratis este atropello. Tendrán que pagar las indemnizaciones, el paro y, por si fuera poco, seguir manteniendo con sus impuestos el déficit que han creado y la Telemadrid que seguirá, al menos hasta mayo de 2015, al servicio del PP. El saqueo perpetrado no solo se lo han hecho a los trabajadores sino a todos nosotros, los ciudadanos, a través de dudosos y otras dádivas.

Los despedidos no querían ese dinero sino recuperar su puesto de trabajo, algo a lo que el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid no solo han rechazado de plano, sino que han puesto todas sus energías y todo el dinero necesario para impedirlo, prueba inequívoca de que se ha tratado de un ERE ideológico. Así, costara lo que costara, el objetivo era limpiar Telemadrid de la "rojería". Y esto no lo digo en balde.

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Estafas

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El encuentro de las Marchas de la Dignidad en Atocha. / Juan Luis Sánchez

Es éste un tiempo de falacias. Conviene caminar con pies ligeros para huir de ellas, con objeto de que no nos aplasten. Como losas han caído en los últimos días sobre nosotros dos falsificaciones suculentas que, apresurándose, han tratado de taponar el paso a la realidad que amenazaba con mantenernos los ojos abiertos. De un lado, la conversión de las exequias de Adolfo Suárez en un espejo de condolencias lastimeras, en cuyo reflejo intentaron recomponer su imagen los mismos que, en vida, le empujaron al olvido. De otro, la criminalización –previa jibarización, a cargo de los medios oficiales, que cada día son más– de la manifestación multitudinaria que inundó Madrid marchando, con su dignidad a cuestas, desde la España desangrada.

Suárez es ya una figura trágica e inmortal de nuestra historia, alumbrada por dos comadronas impías pero muy fotogénicas, de cara a la grandeza: la traición y la enfermedad. No me cabe duda de que merecía un entierro de estadista: quienes no lo ameritaban eran sus verdugos, que acudieron a darse un baño oportunista en el agua bendita de la Transición, antes finamente embotellada y hoy vendida a granel, en un intento desesperado de blanqueo.

Por suerte para nosotros, la función se vio sacudida por una parte del pueblo, que inesperadamente le despidió gritando vivas a la democracia, y reprochando a los de ahora no hacer política como debieran. Triunfo de Suárez más allá de la muerte: convertir lo que hizo, y más allá de lo que hizo, en algo que nos representa, en un bien tangible por defecto, en una loa –y nada revolucionaria: moderada, centrista– a lo que nos falta. Su epitafio bien podría ser: "Señorías, dejen ya de joder, y arréglenlo", en claro aviso a los flatulentos habituales. Eso es lo que a mí me queda del más o menos discutible primer presidente: lo que quiso que España fuera, con la ayuda de todos.

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El fantasma de Suárez ilumina este cementerio político

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Zapatero, González y Aznar, en las escalinatas del Congreso, donde se instaló la capilla ardiente de Adolfo Suárez. / Efe

Lo que podía decir de Adolfo Suárez ya lo dije, pero intentar decir lo que estamos viendo y viviendo, describir estas ruinas políticas, eso es una tarea tan desesperante como inacabable. Precisamente Adolfo Suárez era, ya desde hace años, un fantasma que rondaba y se aparecía en una apartada torre por las noches para denunciar su asesinato.

¿Quién liquidó a este intruso que creyó que tenía derecho por los votos a gobernar? Todos los que conspiraban, desde el Ejército y el rey, hasta los partidos que aceptaron a Armada formar un Gobierno de concentración nacional presidido por él. En aquel tiempo le podían poner la pistola en el pecho a un presidente de Gobierno, Suárez sabía que las pistolas ya estaban cargadas (Gutiérrez Mellado, también; casi nadie recuerda aquella figura enjuta siempre al lado de Suárez).

El miedo del que nadie habla ahora. Aquel tiempo criminal es el origen de esta democracia, una democracia que nació amedrentada y con pánico a la libertad. El propio Suárez, tan sincero, desnudaba en 1980 la realidad de una sociedad rehén del miedo: "Y yo no opino, como muchos, que el pueblo español estaba pidiendo a gritos libertad. En absoluto, el ansia de libertad lo sentían sólo aquellas personas para las que su ausencia era como la falta de aire para respirar. Pero el pueblo español, en general, ya tenía unas cotas de libertad que consideraba más o menos aceptables... Se pusieron detrás de mí y se volcaron en el referéndum del 76, porque yo los alejaba del peligro de una confrontación a la muerte de Franco. No me apoyaban por ilusiones y anhelos de libertades, sino por miedo a esa confrontación; porque yo los apartaba de los cuernos de ese toro". Esta democracia y la reiteradamente calificada de "modélica" Transición son hijas del miedo, el miedo a un monstruo llamado "Ejército". Y el miedo, ni entonces ni ahora, puede parir la libertad.

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Reconocimiento a una arquitectura fruto de la necesidad de una vida digna para los más pobres

Interior de una de las casas temporales construidas en Onagawa, tras el terremoto de marzo de 2011

El arquitecto japonés Shigeru Ban ha recibido el premio Pritzker (equivalente al Nobel de arquitectura). La lista de los Pritzker es una relación de los grandes maestros de la arquitectura  del último cuarto del Siglo XX hasta la actualidad y algunos se corresponden con el estereotipo del gran arquitecto que tiene interiorizada la sociedad… Algunos.

Muchos otros no y hay quienes son exactamente lo contrario. A diferencia de los Nobel de física, economía o matemáticas, de alto contenido empírico y cuyas investigaciones son medibles y tasables, el Pritzker de arquitectura, como el Nobel de literatura o de la paz, incorpora un grado de subjetividad que tiene mucho que ver con las corrientes de pensamiento imperantes en el momento en que se concede.

Shigeru Ban es un arquitecto comprometido con las dificultades de su tiempo, de su sociedad y de su entorno. Desde el inicio, su trayectoria está llena de respuestas sencillas a problemas gravísimos. Ha conseguido convencer al mundo de que las construcciones de emergencia -lo que se conoce como “habitabilidad básica”- , extremadamente  baratas, y rápidas de ejecutar pueden tener un grado de “calidad arquitectónica” comparable al de cualquier edificio emblemático.

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El 22M, un expediente contra el Gobierno

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Participantes en la manifestación del 22-M en Madrid / Foto: Olga Rodríguez

Es habitual que, en un contexto en el que crecen las desigualdades y la pobreza, los gobiernos tiendan a criminalizar las demandas y manifestaciones de la ciudadanía, con el objetivo de evitar que una enorme reacción popular termine expulsándoles. Es lógico que teman la movilización social. 

El pasado verano, sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe sobre España, en el que señalaba dos aspectos que podrían “comprometer el esfuerzo de reforma”. Cuando dice reforma, leáse más recortes. Esos dos aspectos eran: la tensión social y un cierto debilitamiento del bipartidismo.

Para evitar que crezca la ‘tensión social’, las protestas, las manifestaciones, no hay mejor estrategia que la de intentar estigmatizarlas. Y eso es lo que lleva haciendo el Gobierno desde hace tiempo: El 15M fue un movimiento de perroflautas y antisistema, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es el entorno de ETA, y ahora las Marchas de la Dignidad son violentas y neonazis. El país se tambalea, se empobrece de forma vertiginosa, y ante ello las autoridades refuerzan sus estrategias para mantenerse en el poder. Nada nuevo en la historia.

Ahora bien, a la hora de informar y de analizar la actualidad hay que tener en cuenta el contexto político y económico en el que nos encontramos y asumir que las fuentes de información oficiales no son suficientes para saber qué está pasando. Quien crea que los mensajes procedentes de las autoridades no deben ser cuestionados y contrastados estará haciendo un flaco favor al periodismo.

Dentro de los parámetros del Gobierno, toca criminalizar el 22M, tergiversarlo, reducirlo a un episodio violento. Se presentan multas contra los organizadores de las marchas, se les abre expediente, e incluso se muestran pruebas falsas para inculpar a los manifestantes.

A veces hay contextos que entendemos mejor si los observamos con cierta distancia.

Cuando las fuerzas de seguridad egipcias dispersaron la enorme manifestación de Tahrir en 2011 entendimos que allí había un problema con la libertad de protesta. Cuando los medios egipcios silenciaron o minimizaron las revueltas, comprendimos que había un déficit en la libertad de información. Cuando las autoridades de El Cairo arrestaron a activistas, blogueros y manifestantes lo interpretamos como un intento de criminalizar las movilizaciones.

 Si algún integrante de las fuerzas de seguridad de un país árabe se pasea por las televisiones mostrando pruebas falsas- armas- para inculpar a manifestantes, lo interpretaríamos como síntoma del deterioro de su Estado de derecho.

Somos capaces de percibir la represión y los recortes de libertades en territorios ajenos. La reacción de las calles fuera de nuestras fronteras puede llegar a parecernos algo lógico y, según el caso, legítimo y necesario. La prensa estará incluso dispuesta a barnizar de una pátina romántica determinadas desobediencias extranjeras, como ocurrió con Túnez, Egipto o más recientemente Ucrania. Pero cuando se trata de las nuestras, la cosa cambia.

Aquí aún nos creemos que esto es un Estado de derecho donde todos somos iguales ante la ley, donde las fuerzas de seguridad se comportan siempre de forma ejemplar y donde las autoridades nunca mienten, ni roban, ni abusan del poder para enriquecerse.

Partir de esa base es fallar estrepitosamente en el análisis de la actualidad. Este país se encuentra en un punto de inflexión que han venido a observar incluso integrantes de la OSCE, como antes lo hicieran en Grecia, para vigilar el experimento al que nos están sometiendo y ver hasta dónde llega la capacidad de aguante de la gente, de la calle.

Por el escenario instalado en Colón el 22M pasaron discursos frescos, exigencias necesarias, posiciones interesantes y muy legítimas. Hablaron mujeres y hombres, desempleados, excluidos sociales, activistas, afectados por los recortes. Pero eso no interesó a buena parte de la prensa.

Todas esas personas fueron elegidas en asamblea por las Marchas de la Dignidad para intervenir en público. Representaban el sentir de la movilización, en la que participaron miles y miles de ciudadanos. Pero sus palabras no se consideraron noticiables. Sin embargo, lo que un grupo de jóvenes, algunos encapuchados, hizo después de la concentración sí fue tratado como algo de remarcable actualidad.

Se ha cogido la parte por el todo: se señala la violencia protagonizada por un grupo minoritario para concluir que el 22M debe ser expedientado y estigmatizado. Pero a las ya habituales cargas policiales contra manifestantes pacíficos se las llama orden.

A los eslóganes que se corean en las protestas reivindicando derechos los tachan de antisistema. Pero los discursos oficiales que tratan de convencernos de que la pobreza es inevitable son una llamada a la responsabilidad.

Salirse del arcén de una autovía y ocupar parte de la calzada en una marcha de protesta hacia Madrid es uno de los motivos por los que la Delegación del Gobierno abre expediente contra los organizadores de las Marchas de la Dignidad. Pero seis millones de parados, una brecha entre ricos y pobres récord en la UE y los recortes drásticos en servicios sociales y en libertades no son suficiente para que podamos abrir expediente al Gobierno.

 Mientras las Marchas de la Dignidad estudian impulsar una nueva movilización para exigir derechos fundamentales, el Gobierno intenta neutralizarlas. Cuenta para ello con grandes aliados. Las consecuencias de semejante estrategia pueden ser impredecibles. La historia nos muestra trágicos ejemplos de lo que ocurre cuando las manifestaciones no sirven, cuando las palabras no cuentan, cuando los intereses de la gente no importan, cuando las exigencias no son escuchadas.

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El verdadero problema de España

La gente recuerda cómo hablaba Suárez.

Hay que ver lo bien que hablaba Suárez. Qué dominio del lenguaje. De las pausas. De las aliteraciones. Puedo prometer y prometo. Cuánta r. Cuánta p.

Ya no hay políticos que hablen así, con esa conciencia de fondo y forma. Ahora gritan y balbucean y maltratan las orejas ajenas. La segunda ya tal. A nivel de. Quicir. Mirusté.

Ahora todo es una cosa. La valla de Ceuta es una cosa y alguna cosa habrá que hacer para solucionar la cosa. La gente se cachondeó de Ana Botella con aquello del relaxing cup of café con leche, pero más doloroso es cuando se la entiende. "El empleo es la mayor medida social que se puede hacer", decía hace poco más de un año. A ver qué replicas a eso.

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sobre este blog

Zona Crítica es el canal de opinión política de eldiario.es. Un espacio colectivo de reflexión, análisis y testimonio directo.

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