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Déficit público en Francia: más allá del respeto a las normas

En 2013 la Comisión concedió a Francia un plazo de dos años para reducir el déficit al límite del 3% pero, de acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Manuel Valls, Francia no cumplirá hasta 2017

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Hollande insiste en adecuar políticas de estabilidad presupuestaria en la UE

El presidente francés, François Hollande; el ministro de Economía, Emmanuel Macron, y el primer ministro, Manuel Valls. / Efe

Según cuenta  Guy Abeille, economista en el Ministerio de Hacienda francés a finales de los 70 y principios de los 80, el criterio del 3% nació como astucia de comunicación política durante el primer mandato de François Mitterrand, siendo Secretario de Estado de Presupuestos Laurent Fabius (actualmente al frente de la cartera de asuntos exteriores), y no responde a ninguna condición macroeconómica fundamental.

Al parecer la deuda pública se aproximaba a pasos agigantados hacia la barrera psicológica de los 100.000 millones de francos y Mitterrand necesitaba una regla impactante, robusta y a la vez sencilla para contener la cascada de peticiones presupuestarias de sus propios ministros.

Como el déficit público francés representaba el 2,6% del PIB se apostó por un límite del 3% que cumplía los siguientes objetivos: era fácil de arraigar en el imaginario colectivo, cifraba el déficit en relación a la riqueza generada (en lugar de cantidades absolutas, cuya comunicación es más difícil de manejar) y todavía permitía, en aquel contexto, un margen de casi medio punto para contener la inercia del gasto público. El criterio se convirtió posteriormente en una regla de oro transmitida hasta nuestros días.

Paradójicamente, sea esta historia completamente cierta o no, Francia ha sido el país que más veces ha incumplido la regla del 3% desde que está recogida en el Tratado de Maastricht (ha superado el límite en diez de los últimos quince ejercicios, además del actual, frente a seis incumplimientos en los casos de Alemania y España). No es de extrañar que la Comisión Europea reproche a Francia la persistencia de su déficit público.

En 2013 la Comisión concedió a Francia un plazo de dos años para reducir el déficit al límite del 3% pero, de acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Manuel Valls, Francia no cumplirá hasta 2017.

Más preocupante todavía, a ojos de la Comisión, es que Francia se comprometió en junio pasado a reducir el déficit estructural (se llama así a la tendencia del déficit público exenta de las oscilaciones de corto plazo) en 0,8 puntos pero los Presupuestos enviados a Bruselas solamente recogían inicialmente un esfuerzo de 0,2 puntos.

El diario  Le Monde publicó hace unos días que Bruselas estaría dispuesto a emitir una resolución negativa sobre los Presupuestos presentados por París. Se llegó incluso a especular con la posibilidad de que la Comisión sancionase a Francia con una multa equivalente al 0,2% de su PIB (unos 4.000 millones de euros, cifra superior a los recortes previstos en el sistema de salud francés el año que viene).

No tardaron en levantarse voces denunciando la falta de soberanía presupuestaria de Francia; entre otras, la de Marine Lepen. Nunca ningún Estado miembro de la zona del euro ha sufrido tal sanción, y no iba a ser éste el primer caso.

Los tres actores principales de este conflicto, Moscovici, Montebourg y Macron, que comparten siglas políticas y han pasado por la cartera de economía en lo que va de año, han optado finalmente por una salida pactada. El primero es hoy Comisario Europeo de Economía, el segundo es jefe de fila de los diputados abstencionistas y el tercero es el actual Ministro de economía. Los tres saben perfectamente que una intervención de la Comisión habría debilitado, todavía más, la frágil mayoría presidencial en la Asamblea Nacional (ya describimos la situación en  “Francia en su laberinto”, a raíz de la crisis de gobierno del pasado verano).

De la noche a la mañana, literalmente, Francia ha anunciado nuevas medidas de ajuste por importe de 3.600 millones de euros. Por una parte se reduce el gasto en 1.500 millones adicionales, debido principalmente a la reestimación de la contribución de Francia al presupuesto europeo y a la actualización del coste de la deuda. Además, los ingresos se incrementan en 1.900 millones como consecuencia de la optimización fiscal y de nuevas medidas contra el fraude. Ninguno de estos nuevos ajustes afecta al gasto social.

Este golpe de varita mágica permitirá reducir el déficit estructural por encima de 0,5 puntos, más cerca (pero todavía lejos) del objetivo inicial de 0,8 puntos. Al menos así lo ha afirmado el Ministro de Hacienda de Francia. Sólo nos falta esperar que detrás de todo esto haya algún fundamento económico, porque lo que realmente está en juego es mucho más que el cumplimiento de una norma.

Reforma institucional

Thomas Piketty, en Le capital au XXIe siècle, sugiere una reforma institucional para solventar tensiones como la que hoy se vive entre París y Bruselas. Su propuesta consiste en construir una soberanía parlamentaria a partir de las legitimidades democráticas nacionales.

Piketty propone, concretamente, la creación de un “parlamento presupuestario europeo” compuesto directamente por diputados de los diferentes parlamentos nacionales de los Estados miembros de la zona del euro (el actual Parlamento Europeo representa a 28 países, sin vínculo directo con los parlamentos nacionales, diez de los cuales no tienen voluntad de incorporarse a la moneda única). Ese parlamento presupuestario, en el que se formarían coaliciones por intereses políticos y/o nacionales, sería en su opinión una respuesta al choque de legitimidades entre la zona del euro y sus Estados miembros, contribuyendo así a avanzar en la toma de decisiones fiscales y presupuestarias (punto débil del entramado institucional europeo en materia de política económica). Merece una reflexión.

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