Desafueros
La pérdida de calidad democrática y de libertades que experimenta España se ve aguzada por la utilización espuria del Estado de Derecho por parte de organizaciones no especialmente transparentes y muy ideológicas. Hora es de decirlo con toda claridad. La coexistencia de una peculiar institución jurídica española como es la acusación popular con un Código Penal que ha sido expandido hasta límites muy discutibles en el caso de los delitos apologéticos y otros que friccionan de largo con las libertades, ha propiciado que una serie de ¿asociaciones?, ¿lobbies?, ¿grupos de oscuros intereses? estén utilizando el sistema para hacer no sólo política sino también inquisición. Y sólo en un sentido porque, como se puede comprobar, casi todos los querulantes justicieros lo hacen sólo en una dirección ideológica marcada.
Tenemos en primer lugar a la ineludible Manos Limpias, oscura dónde las haya, y que ha lavado con el detergente de la Infanta ante la opinión pública el hecho cierto de que sus querellas son dirigidas con una certeza ideológica innegable. En los últimos tiempos se ha querellado contra la cúpula de Podemos, contra el concejal Zapata, contra Forcadella, Baños y Mas, por la pitada al himno en el Camp Nou o contra la concejala Maestre. Cierto es que todas han sido archivadas o no admitidas y que incluso les han condenado en costas por hacer “uso malicioso” de la Justicia. Ahí siguen. Sin que sepamos quiénes son, qué buscan y, sobre todo, quién les paga.
Nada distinto pasa con el Centro Jurídico Tomás Moro en cuyo haber figuran también querellas contra Maestre, contra el fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, contra la clinica Isadora o contra un juez de Avilés por autorizar el aborto de una deficiente mental. Una inquisición reconvertida en parte procesal. A estos también les han dicho en auto de archivo que sus querellas “carentes de todo fundamento” suponían una “utilización oblicua y torticera” del Derecho. Y siguen.
La llamada Asociación de Abogados Cristianos es otro caso de lobby confesional que en los últimos tiempos se ha querellado contra una juez de Vigo por autorizar el aborto de una menor, contra el director del Reina Sofía por las obras de una exposición, contra Femen y contra el paseo jocoso del Santísimo Coño Insumiso.
No podemos olvidarnos de Pro Justicia que, de forma más modesta, va sumando querellas presentadas contra Monedero, contra las expertas del Observatorio de la Violencia de Género y contra Mas por la pitada al himno. O de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos que, sin cortarse un pelo, se querelló contra Anasagasti, contra Ian Gibson y amenazó con hacerlo contra la alcaldesa Carmena.
No estoy a favor de la supresión de la acusación popular y menos mientras no corrijamos el estatuto de un Ministerio Fiscal jerárquico y dependiente de alguien nombrado por el Gobierno. Tampoco lo estoy de que se hayan creado delitos delicuescentes que rozan claramente con las libertades de opinión y expresión y que dejan al albur de la interpretación y del inicio de la acción penal por parte de actores con intereses propios el que los ciudadanos se vean llevados ante la Justicia. Diremos en descargo del Poder Judicial que en la mayor parte de las ocasiones todo acaba en nada pero también que mientras hay pie para que la prensa interesada en la pelea ideológica pueda estar paseando en ordalía a estas personas durante un tiempo. Para eso se crearon los aforamientos inicialmente, para que los representantes del pueblo no estuvieran expuestos a este riesgo. Lo malo es que los desafueros de estos grupos se dirigen ahora sin pudor hacia ciudadanos que no están aforados y que se encuentran posicionados política y moralmente dónde ellos no desean. Su actuación, por tanto, menoscaba la calidad de las libertades individuales de muchas personas y también la libertad como bien colectivo de nuestra sociedad.
Lo que pido es que se lleve a cabo una regulación completa en una ley que evite la inseguridad jurídica y el uso claramente abusivo que se hace de esta figura. Es perfectamente posible dado que si bien se configura como un derecho constitucional lo es de configuración legal, es decir, puede ser regulado por el legislador ordinario.
No es ya suficiente la distinción que de facto se hace de la legitimidad de las acusaciones populares entre aquellas que defienden intereses difusos, intereses que afectan a toda la sociedad y las otras. Esta diferenciación que conlleva que Ecologistas en Acción o FACUA o SOS Racismo pueda ejercer la acusación popular sin prestar fianza -porque se entienden que defienden intereses que en último término son de toda la sociedad- no ha solucionado el problema. Al final los profesionales de la querella como arma política e ideológica acaban encontrando financiación para pagar sus fianzas. No sabemos cómo ni de manos de quién para servir a qué intereses, pero lo hacen.
Mientras no solucionemos esto seremos un país con titiriteros en la cárcel, artistas imputados y gente que opina en libertad llevada ante los tribunales. Y eso no nos conviene como democracia.
