El Joder Judicial
Mariano Rajoy está jodido. El PP está jodido. Nunca una antigua errata en el BOE había dado para tanto chiste, pero hoy viene al pelo. El Joder Judicial les ha caído encima como una tromba... y les jode. El comunicado hecho público por el Partido Popular respecto a la citación de un tribunal para que testifique Rajoy sólo es comparable, por lo improcedente, al comunicado de la Zarzuela del anterior monarca cuando se conoció la imputación de la Infanta Cristina. La pataleta de los populares es tan evidente que sonroja. Confunden conceptos jurídicos –en la fase previa a un juicio un tribunal no sienta ninguna doctrina–, no es cierto que los jueces vengan obligados a aceptar la posición de una de las partes acusadoras –el Ministerio Fiscal–, ni en la fase de juicio oral los magistrados están amarrados por lo que hiciera el instructor en su día.
La traducción es tan simple como: ¡pero si todo lo que controlamos había operado para que esto no pasara y Rajoy no tuviera que vérselas nunca, ni como testigo, con un tribunal!
Cosas del Joder Judicial.
Lo cierto es que lo sucedido con Rajoy y la exhibición realizada en torno a Ignacio González por la Audiencia Nacional vienen a sacarles de su limbo. No está todo atado y bien atado. A pesar de todos los sabotajes de ingeniería legal que se han realizado al sistema, los pistones todavía giran a veces cuando al poder no le conviene.
Y de ahí arranca mi preocupación. No crean que la respuesta a esta jodienda que ha llegado hasta el mismo Rajoy va a ser recapacitar sobre la imposibilidad de dar un portazo a la corrupción y la necesidad de admitirla y erradicarla. No. Lo que va a suceder es que el Partido Popular va a intentar gripar los resortes que aún mantienen en marcha la maquinaria. El presidente del partido ha sido llamado a declarar como testigo a petición de una acusación popular y mucho me temo que este será el último detonante para que la operación ya diseñada de cargarse esta figura procesal se acelere. Y, lo que es peor, que el actual PSOE ha mostrado su aquiescencia para llevar a cabo esta castración de la única postura acusadora que nunca podrá controlar el poder. Lo ostente quien lo ostente.
Todo esto no ha comenzado ahora. Empezó con don Emilio Botín, siguió con la Infanta Cristina y culmina con la llamada a declarar a Rajoy. La figura de la acusación popular ha sido la única que ha osado poner en jaque a los poderes reales y fácticos de este país. El dinero, la Corona y el partido en el Gobierno, por distintos motivos y en diferentes condiciones, han visto cómo sus planes eran torcidos por el uso de esta figura.
En el caso del banquero se procedió a utilizar la ingeniería procesal precisa para salvar los trastos. El recorte que se realizaba a la acción popular parecía poco peligroso pues era tan quirúrgicamente hecho a medida que sólo podía afectarle a él: 'Doctrina Botín' se llamó. Quisieron los hados que al poco tiempo el Caso Atutxa, en el que había otros intereses, demostrara que en Justicia cuando haces una trampa no sabes cuándo se te volverá en contra. Hubo que contraprogramar con un nuevo traje a medida.
Llegó después el Caso Nóos. A todos los actores capaces de acusar llegaban las lianas del poder excepto a la acusación popular. Resultó que esta era ejercida por una banda de mangantes, lo que no invalida que hasta siete jueces validaran sus pretensiones. Al calor del escándalo producido por la utilización torticera y delincuencial de esta figura, ya estábamos calentando motores para proceder a caparla de nuevo. En el comunicado del PP se habla de “abuso de derecho” por parte de la acusación popular de ADADE. Otro argumento que usarán para arrebatarnos a los ciudadanos esa facultad recogida por nuestra Constitución.
El golpe de gracia a una Justicia independiente que planean debe ser cortado de raíz. Los ciudadanos no podemos consentir que lo perpetren y si los socialistas los respaldan estarán dando la razón a los que afirman que el PP y el PSOE no son sino la cara de una misma moneda. Una restricción de la acción popular unida al cambio a una instrucción fiscal, sin convertir a los fiscales en parte del Poder Judicial, sería el fin de una Justicia de la que pudiéramos predicar que fuera acorde a las exigencias de un estado democrático.
Hay que parar esta estocada que vendrá pronto y rotunda después de que el propio Rajoy se haya sentido perjudicado por la existencia de esta figura. Una figura que es un derecho de rango constitucional recogido en el artículo 125 de la Constitución y de la que somos sujeto activo todos los ciudadanos españoles siempre que gocemos de plenitud de derechos civiles. No se trata de una reformita de cosas técnicas, no señores, se trata de arrebatarnos un derecho porque les impide preservar impunidades.
Oiremos a partir de ahora clamar a Catalá y adláteres diciéndonos que es una “peculiaridad sólo española”, cómo si eso fuera un impedimento para los millones de diferencias y particularidades que mantenemos. Nos intentarán manipular. Lo cierto es que un sistema penal es un engranaje que está hecho de pesos y contrapesos y que el diseño de la acusación popular contrapesa a una Fiscalía demasiado atada al poder. Eso o que, desde allende los tiempos, los legisladores comprendieron que en España hecha la ley, hecha la trampa y que era mejor no dejar que la acción penal fuera monopolizada por los que pastan tan cerca del Ejecutivo.
Algunos colectivos organizados dentro del mundo legal, como la Brigada Tuitera, ya pusieron anteayer en marcha una campaña para alertar de este riesgo. Saben, como sabemos todos, que con Rajoy jodido lo más probable es que intenten jodernos nuestros derechos a todos. Al tiempo.
