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La Justicia militar tiene que acabar

Elisa Beni

Ha saltado a la opinión pública la intención del Ministerio de Defensa de ascender a coronel a un facha con todas las letras. Incluso se insinúa que la subsecretaria de Defensa habría movido algún hilo para que Miguel Ayuso estuviera entre los elegidos para ese ascenso. Es indignante que un hombre que ha dicho que el lema del carlismo “sigue siendo la única bandera de esperanza” sea promovido para el ascenso pero, me van a perdonar, lo que es inasumible e incomprensible es que haya llegado hasta este momento siendo juez. Un juez que ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución del 78 “cuyo origen es bastardo y espurio”, según él mismo ha afirmado. Un juez, que aún lo es, del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid.

Este asunto deja al descubierto de nuevo la inadecuación democrática que supone la existencia de una Justicia Militar en tiempos de paz (dejemos a parte el supuesto de guerra, que también sería cuestionable). No hay ninguna razón para que ésta perviva excepto que en su ejercicio se tengan en cuenta ciertos parámetros escasamente democráticos. La excusa de que en el caso de los militares hay que tener en cuenta cuestiones como la obediencia debida o la jerarquía no es suficiente para sustraer del conocimiento de la Justicia ordinaria estos asuntos. La Justicia ordinaria, esa Justicia independiente por oposición a una oscura Justicia militar que es dependiente, entre otras cosas de una jerarquía. Un juez con graduación que recibe órdenes de su superior jurídico. Eso no es muy acorde al espíritu que debe presidir el impartirla.

Lo de Ayuso es un caso que nos permite ver claro. Tenía obligación, como militar, de no posicionarse políticamente en público y como juez tenía vedado no solamente hacerlo sino proferir toda esa serie de disparates antidemocráticos y de cuestionar la legitimidad del Jefe del Estado. Lo ha hecho. Por tierra, mar y aire. De Intereconomía a los panfletos carlistas. Y ahí está. Créanme, por muy mal que funcione el CGPJ, nunca un juez hubiera conseguido no ser expedientado e incluso apartado de la carrera judicial con el curriculum de exabruptos ultra proferidos en público que posee esta persona. Como juez es un baldón y no puede seguir ejerciendo como tal.

Como militar su posición es también inadmisible puesto que incumple la norma básica de honorabilidad y respeto a unos valores que se le presupone a todo militar. Los valores son democráticos, como no puede ser de otra forma, y la honorabilidad casa poco con jurar una Constitución que consideras bastarda y fruto de la mentira a la vez que reconoces como a tu máximo superior a un Jefe de las Fuerzas Armadas al que también pregonas como ilegítimo.

El caso de Ayuso debe ser purgado hasta el final.

Pero la reflexión sobre la innecesariedad de la Justicia Militar es muy pertinente. ¿Qué han de aportar estos “jueces” militares respecto a la jurisdicción ordinaria que no sea el oportunismo, la obediencia y la conveniencia? Algunas gotas de oscuridad, solamente y, seguramente, bastantes dosis de injusticia aunque puedan después ser corregidas por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, la única que dota a esta Justicia de legitimidad democrática al incardinarla, sólo en el último escalón, con la Justicia que sustenta el Estado de Derecho.

Ayuso es un facha y ha llegado hasta aquí no sólo siéndolo sino proclamándolo a los cuatro vientos sin que nada le suceda. Eso sí, pasa el día juzgando a soldaditos y mandos por cuestiones muchas veces baladíes en comparación con la mácula que supone su presencia en un tribunal de justicia. ¿Protegido?, ¿consentido?, ¿aplaudido? Alguien debería explicar cómo ha llegado hasta aquí y hasta dónde pensaban auparlo.

Un agujero negro más en el gruyere de la calidad de nuestro sistema democrático.

Si algún día, de verdad, llegamos a reconstituir esta democracia, aunque parezca un tema menor, no lo olvidemos.

La Justicia militar se tiene que acabar.

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