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Ley de Transparencia: ¿va por buen camino?

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Los 38 miembros del Comité de Expertos nombrados para analizar el anteproyecto de Ley de Transparencia se levantaron ayer con una sorpresa: el Consejo de Ministros ya tenía lista una nueva versión del texto, tras incluir las aportaciones de la sociedad. Aunque esto no tendría por qué invalidar sus recomendaciones, nadie les había dicho nada en su reunión del día anterior. Sí hubo tiempo de contárselo a EFE.

Cerca de las 13:30 horas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba las modificaciones "significativas" hechas tras la consulta pública. Pero, ¿cómo saber cuánto caso se ha hecho a los ciudadanos si no se han publicado sus 3.683 sugerencias? Hacerlo no es algo inusual y hay ejemplos cercanos. Las aportaciones al Real Decreto de reutilización de información del sector público en 2010 o a la revisión del Reglamento de acceso a documentos de las instituciones europeas de 2007 están online. El problema en este caso es que no se preguntó de antemano si se podían publicar y ahora pedir permiso les resulta complejo, aunque tengan el email de los autores.

Es difícil valorar un texto legislativo sin leerlo, aunque parece que el nuevo borrador de anteproyecto se publicará en los próximos días, según las referencias del Consejo de Ministros. Por lo que se ha conocido hoy, quedan fuera las principales peticiones de los colectivos pro-transparencia:

  1. El derecho de acceso a la información no será reconocido como un derecho fundamental (como lo son el derecho a la intimidad o a la libertad de expresión). Esto contraviene lo reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.
  2. El silencio administrativo seguirá siendo negativo, con lo que se podría perpetuar la situación actual de que una de cada dos peticiones de información quede sin contestar, según el último estudio de la ONG Access Info Europe. Aún así, parece que el nuevo borrador de Anteproyecto incluye sanciones por el “incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas”. Habrá que ver cómo se mide esta reiteración.
  3. Quedan fuera de la ley la Casa Real y la actividad no administrativa del poder legislativo y judicial. Por ejemplo, no podremos saber quién hace lobby en el Congreso.

Todavía no se sabe qué pasará con la definición de información (que ahora mismo incluye una decena de excepciones) y con la lista de informaciones que no se pueden pedir. Parece que se tendrán en cuenta el interés público y posible daño como cuestiones a valorar a la hora de publicar o no, aunque el Gobierno lo exprese de manera aparentemente restrictiva: “Introduciendo como criterio para negar información a un solicitante que exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación.”

Sí habrá cambios al anterior borrador de anteproyecto. Esto es lo que ha conseguido cambiar la sociedad:

  1. El Ministerio de Hacienda tendrá la misión de analizar si los altos cargos vulneran la Ley de Estabilidad Presupuestaria o incumplen las normas de buen gobierno y sancionarles en su caso.
  2. Se incluye en el ámbito de aplicación a los colegios profesionales y a los adjudicatarios de contratos públicos, que tendrán que informar de su gestión.
  3. La información que se tiene que hacer pública (en la página web y en el Portal de Transparencia) se amplía a las renuncias o desistimientos de los contratos, a los contratos menores (con información trimestral de los montantes) y los informes de auditoría y fiscalización. Parece que sigue excluida la información “auxiliar” como las comunicaciones internas y las notas, borradores y mayoría de los informes.
  4. El futuro presidente de la Agencia Estatal de Transparencia ya no será nombrado a dedo tras la propuesta del Ministerio de Hacienda sino propuesto por el Gobierno y ratificado por el Congreso de los Diputados.

Ahora revisarán el anteproyecto la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado, antes de pasar a las Cortes. No se aprobará como ley hasta pasado el verano y aunque el título de buen gobierno se aplicará en el momento en el que se publique en el Boletín Oficial del Estado, la parte de transparencia y acceso a la información entrará en vigor un año después. Es decir, la sociedad no podrá ejercer su derecho hasta finales de 2013, como pronto.

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