Norma odiosa
Oí ayer a Felipe González decir en un corte de un informativo de televisión que lo que está ocurriendo en Catalunya es el mayor motivo de preocupación que ha tenido en los últimos cuarenta años y, sin embargo, al preguntarle la periodista qué solución proponía, la respuesta fue: que los catalanes vuelvan a la Constitución y al Estatuto y después hablaremos.
Me sorprendió la distancia entre la enormidad de la preocupación y la simplicidad de la propuesta. ¿Realmente es eso lo que tiene Felipe González en la recámara para resolver el problema de la integración de Catalunya en el Estado? ¿De verdad cree que es posible volver a desandar el camino recorrido en estos últimos siete años como mínimo como si nada hubiera ocurrido?
Espero que esta opinión del expresidente González no sea compartida por la dirección del PSOE y por la mayoría de sus militantes, porque entonces sí que nos encontraríamos ante un problema insoluble.
La vuelta a la Constitución y al Estatuto en Catalunya no es posible. En realidad, Catalunya continúa estando en la Constitución y en el Estatuto, que en cuanto normas jurídicas han permanecido vigentes desde 2010 sin que se haya producido modificación de ningún tipo ni en la una ni en el otro. Catalunya formalmente tiene el mismo bloque de constitucionalidad que tienen las demás Comunidades Autónomas. No tiene, por tanto, que volver a ningún sitio.
La singularidad de Catalunya es que tiene que ejercer el derecho a la autonomía con base en un Estatuto que no ha sido aprobado por su Parlamento y ratificado por los ciudadanos, sino que le ha sido impuesto por el Estado a través del Tribunal Constitucional contra la voluntad expresamente manifestada tanto por el Parlament como por los ciudadanos.
Esto es lo que la Constitución intentó evitar que pudiera llegar a producirse y, por eso, los artículos 151 y 152 están en la Constitución en los términos que están. De acuerdo con la Constitución, los ciudadanos de Catalunya tienen que tener la última palabra en lo que a la definición de la titularidad y el ejercicio del derecho a la autonomía se refiere. Desde julio de 2010 no es así. Es la única comunidad autónoma en la que esto ocurre.
Y desde entonces, el Estatuto de Autonomía de Catalunya es lo que técnicamente en el mundo del derecho se califica de una 'norma odiosa', que, como fácilmente puede comprenderse, no es capaz de suscitar el más mínimo grado de adhesión en los destinatarios de la misma. Es una norma que afecta a la dignidad de los ciudadanos y que, como consecuencia de ello, resulta literalmente insoportable. Ningún ciudadano catalán que se respete a sí mismo puede aceptarla.
Este carácter de 'norma odiosa' se ha extendido por la sociedad catalana de una manera formidable. No solo entre los que pretenden la independencia, sino entre muchos más. En todos los procesos electorales celebrados hasta la fecha, los partidarios de la independencia no han ido más allá del 47-48 % de los votos válidamente emitidos, que vienen a ser el 33-34 % del censo. Si únicamente fueran ellos los que consideran el Estatuto una norma 'odiosa', tendríamos un gran problema, pero sería manejable constitucionalmente.
El problema resulta inmanejable porque el porcentaje de los que rechazan el Estatuto y quieren que se celebre un referéndum para poder decidir acerca de su integración en el Estado llega al 80 %. Cuando se alcanza este porcentaje la capacidad de persuasión del Estado se reduce a casi nada. Y también el margen de maniobra de las autoridades catalanas, que no pueden desconocer, sin deslegitimarse, el 'odio' que el Estatuto suscita.
La vuelta al Estatuto es una quimera. Si fuera un problema de elites, se podría encontrar una forma de arreglarlo. Pero no es así. Quien haya seguido los acontecimientos de Catalunya en estos últimos años, habrá podido comprobar que el impulso del 'procés' no ha venido de arriba, sino de abajo. A lo largo de estos últimos siete años los electores han desautorizado a todos los partidos que estaban en el gobierno en las sucesivas elecciones. Al PSOE, que encabezaba el tripartito en el otoño de 2010; a CiU, presidida por Artur Mas en 2012 (de 62 a 50 escaños); a CiU y ERC (Junts pel Sí), en 2015 (de la suma de 71 escaños que tuvieron ambos partidos por separado en 2012 a 62 entre ambos). Todos los sondeos conocidos indican que si se celebraran elecciones los resultados para quienes están en el gobierno ahora mismo globalmente serían todavía peores.
Y sin embargo, el 'procés' no se desinfla. Lo que le da consistencia es el número de ciudadanos que lo apoyan y que se movilizan para hacerlo visible y no los partidos que están al frente, respecto de los cuales hay mucha desconfianza entre la ciudadanía. Si esto no se entiende, no se entiende nada. A una 'norma odiosa' no se puede volver nunca.
Espero que esto no se deje de tener presente por nadie a partir del 2 de octubre, porque, de lo contrario, nos quedaremos atrapados en un círculo vicioso.
