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Puigdemont y Junqueras a lo Thelma y Louise

Los agravios que pudieran justificar el haber llegado tan lejos en el desafecto entre Cataluña y España nunca podrán ser compensados a través de una consulta sin cobertura jurídica (ni política) que garantice su validez

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Puigdemont: Junqueras ya tenía el encargo del referéndum desde septiembre

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (de izda. a dcha.). EFE

Quizás recuerden esta película dirigida por Ridley Scott en 1991 que consiguió un Óscar y un Globo de Oro al mejor guión. El argumento era sencillo: dos mujeres, dos trayectorias personales unidas por la amistad, dos vidas marcadas por cierta frustración deciden compartir un fin de semana en el que depositan grandes dosis de expectación.

La aventura, que se planteaba estimulante e inofensiva para las protagonistas, se complica de forma dramática. Así, las ofensas de las que son víctimas a lo largo del viaje que emprenden por carretera y las respuestas que las protagonistas van ofreciendo, al margen de la ley, acaban por convertirlas en fugitivas. En definitiva, la aventura se transforma en una huida hacia ninguna parte cuyo único final heroico, tras ser cercadas por la policía, pasa necesariamente por acelerar su descapotable y saltar al vacío. Salvando las distancias, creemos honestamente que, si nadie lo remedia, las últimas decisiones de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en relación con el procés anticipan un final no muy alejado del que, con tanto acierto, interpretaron Geena Davis (Thelma) y Susan Sarandon (Louise).

Así, el presidente y vicepresidente de la Generalitat han acordado una serie de movimientos políticos que confirman su voluntad firme de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para planificar y desarrollar un referéndum en los términos que ya anunciaron para el 1 de octubre. Tales decisiones serán asumidas solidariamente y en esa condición afrontarán las responsabilidades civiles, administrativas y penales que, en su caso, pudieran derivarse.

Desde este convencimiento político de querer llegar hasta el final, parece obvio que quienes dirigen el proceso necesitan preservar una cohesión interna incondicional de los miembros del equipo de gobierno y, también, de aquellos que ostentan cargos dentro de la administración autonómica con funciones estratégicas para el buen desarrollo de la consulta. Nada de lo hecho hasta ahora por quienes ostentan cargos de responsabilidad política en Cataluña debería, por tanto, causarnos sorpresa. No podemos desconocer, salvo que nos hagamos trampas al solitario, que el mismo presidente de la Generalitat se atribuyó la misión de convocar una consulta como elemento vertebrador de una legislatura llamada "de la desconexión" en la que el referéndum, por utilizar sus propias palabras, se realizaría "sí o sí". Con todo, los acontecimientos de las últimas semanas sí deben provocarnos una honda preocupación atendiendo a las consecuencias que tendrá para todos, catalanes y no catalanes, la irresponsable determinación política en seguir adelante con una consulta cuyo desarrollo –lo saben perfectamente quienes la alientan– difícilmente será asumida por el Estado en los términos en los que aquélla ha sido diseñada.

Los agravios que pudieran justificar el haber llegado tan lejos en el desafecto entre Cataluña y España – que existen y que legitimarían la negociación de un nuevo estatuto jurídico-político para Cataluña–  nunca podrán ser compensados a través de una consulta sin cobertura jurídica (ni política) que garantice su validez.

En estos momentos, las dos partes parece que han renunciado a cualquier fórmula de entendimiento, diálogo o negociación encaminada a reconducir la situación hacia un escenario en que resulte política y jurídicamente posible el reinicio de un proceso que permita negociar un estatuto para Cataluña en cuya elaboración tomarían parte los catalanes y sobre el que podrían expresarse en referéndum.

Para ello, claro está, es imprescindible recuperar la confianza entre las partes, confirmar la voluntad de entendimiento, fijar los cauces institucionales en los que se ordenaría el proceso y pactar el respeto por las reglas del juego. Soy plenamente consciente de que las condiciones actuales no permiten hacer realista un escenario como el descrito. Más bien al contrario.

Si nadie lo remedia, el mes de septiembre asistiremos a una confrontación territorial, social e institucional que difícilmente podrá ser abordada con garantías de éxito exclusivamente desde la fría aplicación del marco jurídico vigente por los tribunales de justicia.

Con todo, en este momento resulta imprescindible recordar que sólo desde el respeto a la ley podrán activarse los instrumentos de diálogo y negociación política adecuados para, en su caso, reformular un proyecto de Estado en el que los catalanes también puedan sentirse concernidos o desde el que, si así resultara en último extremo, poder negociar la manera de decirse adiós.

En el marco de un Estado de Derecho la ley nos obliga a todos, la ley nos ofrece garantías a todos y es la ley la que nos señala el camino para cambiarla. Todo lo demás son argumentos para una buena película: aventuras románticas que acaban con saltos al vacío.

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