¿Y si Puigdemont da marcha atrás?
Las hipótesis de que el presidente de la Generalitat renuncie a la declaración unilateral de independencia o la de que la postergue en el tiempo son más sólidas a medida que pasan las horas. Cinco días antes, el lunes pasado, casi ni se podían ni plantear. La clara advertencia de que no habrá contemplaciones con el independentismo que el Gobierno puso en boca de Felipe VI, el cambio de sede de bancos y empresas de Barcelona a otras ciudades españolas, el rechazo de los comunes catalanes a la DUI, así como los numerosos llamamientos a evitar el desastre final han cambiado sustancialmente el panorama. Y ya no se puede descartar que el martes Puigdemont de un paso atrás.
La batalla será dura y sin contemplaciones. Puede estar salpicada de episodios dramáticos. Y la economía y el empleo sufrirán mucho. Los catalanes en primer lugar, pero seguramente también los españoles. Aunque ninguna opinión es neutral, las advertencias que se han hecho desde distintas instancias internacionales, la última la del FMI, sugieren la posibilidad de derivas económicas y financieras muy malas. El Banco Central Europeo ha evitado en estos últimos días que la prima de riesgo española se desatase. Pero no podrá hacerlo durante mucho tiempo si la situación política se desmadra.
Esos son algunos de “los males peores” con los que Rajoy ha amenazado, utilizando un término que en política no se empleaba desde el franquismo. Puede además que en su cabeza haya otros no menos tenebrosos. Y si se confirma que el domingo pasado la represión policial se le escapó de las manos, que no estaba en sus planes golpear tan duro -y tan ineficazmente, porque más de dos millones de personas pudieron votar-, cabe temblar ante lo que pueden hacer las fuerzas represivas cuando se les ordene apagar sin más cualquier respuesta independentista a la intervención. Y no digamos si unidades militares contribuyen al empeño. Porque éstas no tienen la preparación ni los medios para actuar contra ciudadanos desarmados. Solo pueden usar sus fusiles.
Desde que el jefe del Estado habló por boca de ganso el lunes pasado, Puigdemont debe de saber que esta vez va en serio, que todo eso, o algo parecido, puede ocurrir o, mejor, ocurrirá si hace la DUI. Y si leyera con mirada calmada los mensajes que surgen del seno de la opinión pública española, debería saber, además, que millones de personas, y no sólo de derechas o de ultraderechas, apoyarían la dureza del Gobierno, al menos mientras no se saliera de madre. Nunca el ambiente ha estado tan caliente. Hay mucha más beligerancia popular contra el independentismo catalán, y los catalanes en general, que el que había contra ETA o los vascos. Y no digamos contra los golpistas el 23-F.
Que el Banco de Sabadell haya trasladado su sede a Alicante y que la Caixa se vaya a ir también han debido golpear muy fuerte en los vértices del independentismo y en el de todos sus seguidores. Ambas instituciones suman más del 80% del poder financiero autóctono con el que contaban para construir una Catalunya independiente. Aunque sólo fuera como un símbolo de fortaleza. Jordi Gual y Josep Feliu, presidentes de la Caixa y del Sabadell, son catalanes. Y se contaba con ellos, aunque no fueran independentistas.
Puigdemont también ha fracasado en su llamamiento a una mediación entre él y Rajoy. Como era inevitable. Porque ni Europa ni el Vaticano podían desautorizar al Gobierno español, porque están obligados a apoyarle a la hora de hacer cumplir las leyes. Y porque cualquier otra iniciativa en ese sentido carecía de base e incluso de sentido. Una intervención europea o de la Iglesia católica propiciada por el Papa sólo podría tener lugar en dos supuestos: el de que no hubiera DUI encima de la mesa y fuera de alguna utilidad una misión exterior, siempre discreta, de buena voluntad, que no de mediación para facilitar una negociación. O si la represión después de la DUI fuera tan grande que Bruselas o Roma se vieran impelidas a pedir clemencia.
¿Comprenderán el president y sus aliados, todos o en parte, que inmolarse en esas condiciones, a ellos mismos y a su causa, no tiene mucho sentido político? ¿Asumirán que el diseño de su proceso tenía un error de base, el de no reconocer que el Estado central siempre sería más fuerte que ellos, que ningún voluntarismo idealista se podría imponer a esa realidad? ¿Se les ocurrirá pensar que su causa puede esperar a un futuro más propicio o temen que renunciar a la DUI o postergar su aplicación, lo cual vendría a ser lo mismo dadas las circunstancias, les hará perder buena parte del apoyo con que ahora cuentan?
Veremos. Pero si el martes Puigdemont da un paso atrás, la situación seguirá siendo muy difícil. Primero, habrá que ver qué pasa con los procesos judiciales abiertos y los que se pueden abrir. ¿Negociará Rajoy a este respecto o cederá a Aznar y a la ultraderecha que le piden mano dura sin más? ¿Serán retirados los 10.000 policías y guardias civiles destacados en Catalunya ¿Se disolverá el Parlament y habrá nuevas elecciones? ¿Cuándo y cuáles serán sus resultados? ¿Cambiarán el actual panorama político? Y lo más importante, ¿están dispuestos el Gobierno, el PP, el PSOE y Ciudadanos a plantear un proceso de reformas tendente a que los catalanes encuentren un mejor encaje en el Estado español?
Caben respuestas muy distintas a esas y a otras muchas preguntas que podrían formularse a la hora de tratar de entrever un futuro sin DUI. Eso sin tener en cuenta las incógnitas que podrían plantearse en el terreno de la política española. Por ejemplo la de una eventual convocatoria electoral en 2018. Porque Rajoy se queda sin apoyos para seguir gobernando o porque cree que eso le conviene al PP.
En definitiva, que la opción de dar un paso atrás parece la más razonable. Pero el coste de esa decisión puede ser muy alto para Puigdemont y los suyos. De ahí que lo mejor sea no hacer pronósticos.
