Transparencia
Me autocito. Esta frase es de un artículo publicado en esta misma sección hace tres meses. “Tenemos en primer lugar a la ineludible Manos Limpias, oscura dónde las haya, y que ha lavado con el detergente de la Infanta ante la opinión pública el hecho cierto de que sus querellas son dirigidas con una certeza ideológica innegable (...) Cierto es que todas han sido archivadas o no admitidas y que incluso les han condenado en costas por hacer 'uso malicioso' de la Justicia. Ahí siguen. Sin que sepamos quiénes son, qué buscan y, sobre todo, quién les paga”. Resulta que ahora vamos a ir sabiéndolo al fin.
Al parecer, ha hecho falta que la avaricia que acompaña muchas veces al delincuente les llevara a picar tan alto como no podían ni soñar. Si realmente han intentado extorsionar a la familia del Rey es que su sentimiento de impunidad no tenía fin. Los abogados de la Infanta han reaccionado como lo que son y han puesto el hecho en conocimiento de la Justicia. Una querella de la Fiscalía de la AN ha propiciado que ahora un juez levante el velo sobre una oscuridad que no presagiaba nada bueno como todos sabíamos.
Volverán ahora los que clamen contra la acusación popular y pretendan limitarla o suprimirla. Me he autocitado por eso, para reafirmarme en lo que ya pedía en aquel artículo: que nadie aproveche el mal uso de las instituciones del Derecho para intentar limitar lo que no gusta al poder. Lo que yo pedía, y pido, es “que se lleve a cabo una regulación completa por ley que evite la inseguridad jurídica y el uso claramente abusivo que a veces se hace de esta figura. Es perfectamente posible dado que si bien se configura como un derecho constitucional, lo es de configuración legal, es decir, puede ser regulado por el legislador ordinario”.
Hoy voy un poco más allá. Esa ley debe regular la obligatoriedad de la transparencia para las asociaciones que pretendan ejercer la acusación popular. En el caso de las acusaciones particulares sabemos muy bien qué intereses defienden y quién está detrás. No podemos permitir que el principio acusatorio sea esgrimido por grupos de los que no conocemos nada. Si usted va a acusar “en nombre del pueblo” lo mínimo es que el pueblo sepa quién es usted.
Transparencia. Asociaciones auditadas y que hagan públicas sus cuentas como requisito ineludible. No basta sólo con el que se les añadió de tener que prestar fianza. Ya hemos visto que conseguir dinero, a veces de forma ilícita, no es tan difícil.
La transparencia nos deja al descubierto las miserias e impide al delincuente ocultarse. Lo hemos visto también estos días con las revelaciones de los Papeles de Panamá. Voy algo más allá de la indignación que produce que figuras relevantes no contribuyan como los demás a sostener este país. Esas figuras que luego además pretenden representarlo. Avanzo un poco. Esa lista recoge el nombre de 2000 personas. Los periodistas han seleccionado los nombres relevantes pero en esa relación están también extorsionadores, traficantes de personas, corruptos, narcotraficantes, terroristas, sicarios y todo tipo de escoria social que utiliza tales herramientas para cobijar el botín de sus delitos. Esos de los que muchas veces ni conocemos la filiación. Sin sitios en los que refugiar las ganancias, delinquir es mucho menos sugerente. Los altos organismos internacionales nos han dicho muchas veces que vencer a esos delincuentes pasa por abolir los paraísos fiscales. Han hecho mucho paripé con ello. Ahora los Papeles de Panamá los dejan desnudos. Ahora sabemos que si no se esfuerzan en hacerlo es porque también ellos se benefician.
La transparencia deja al aire las vergüenzas de los sinvergüenzas pero nos viste de razones y nos protege a los ciudadanos honrados. Por eso debemos de pelear por ella con denuedo. Es nuestro único salvavidas.
