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Viejos dilemas, idénticos desafíos

Preferímos juzgar a los terroristas con todas las garantías, no sólo por convicción jurídica sino también como expresión de una superioridad moral que nos aleja de aquello que entendemos reprobable por abyecto

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Quienes crean que todavía merece la pena pagar por disfrutar de una película en una sala de cine quizás hayan visto ya   Espías desde el cielo. Si no ha sido el caso, permítanme que se la recomiende. Se trata, a mi juicio, de una magnífica película dirigida por Gavin Hood y protagonizada por Helen Mirren. La historia describe una operación secreta de captura a un grupo de terroristas en Kenia. En el momento en el que la inteligencia militar británica confirma que, en realidad, los terroristas preparan un atentado, la operación de captura se transforma en una de asesinato cuya ejecución requiere el lanzamiento de un misil que porta un drone dirigido desde Nevada. La autorización, competencia del poder político, se verá condicionada por los reparos que suscitan asesores jurídicos y, en último extremo, por la presencia de una niña en las inmediaciones de la casa que aloja a los terrorista y que podría convertirse en víctima inocente del ataque.

La película aborda el viejo dilema de los límites morales y jurídicos con los que se encuentra el Estado para hacer frente al terrorismo incorporando, a este debate las notas de actualidad que aporta una célula terrorista de Al-Shabab y los métodos propios de la ciberguerra. La esencia de los términos en los que se plantea la discusión sigue siendo, sin embargo, la misma: una representación de cómo transcurre un proceso de toma de decisiones en el que intervienen civiles y militares en el marco de una situación compleja, en la que la información es asimétrica o, incluso, intencionalmente equivocada, el factor tiempo es determinante y las diferencias entre europeos y norteamericanos cuando se trata de intervenir militarmente no es nada despreciable. En la película, el mando militar, aunque sometido al poder civil, proyecta una inquietante capacidad de persuasión a través de métodos poco ortodoxos que le permiten obtener, finalmente, el placet a su propuesta. No pasa desapercibida tampoco la incomodidad que provoca en quien tiene el mando civil el manejo de una decisión en la que se plantea, con crudeza, la categorización ética y jurídica del asesinato y, lo que resulta moralmente más complejo, la necesidad de asumir como inevitable la existencia de víctimas civiles a modo de daño colateral.

Sin restar importancia a la magnitud del debate planteado, me gustaría llamar la atención sobre un pasaje de la película que puede resultar menor, en lo que afecta a la trama, pero que la realidad de nuestra política internacional permite, sin embargo, traerlo a colación. Se trata del momento en el que Ministro que ha sido convocado para compartir el desarrollo de una operación de detención de un grupo terrorista, se ve requerido para que autorice una operación de asesinato a la vista de la evolución de los acontecimientos. Superado por las circunstancias, el citado Ministro duda acerca de su competencia para tomar una decisión como la que le reclama el mando militar y solicita poner los hechos en conocimiento de su colega, el Ministro de Asuntos Exteriores, para que asuma la responsabilidad, en su caso, de la autorización.

El Ministro de Asuntos Exteriores, caracterizado en la película con una personalidad aparentemente más decidida, interpela al mando militar acerca de la posibilidad real de que las imágenes de la operación —en la que aparecen los terroristas, pero también las víctimas inocentes que morirían como resultado de la misma— puedan ser conocidas por la opinión pública. La pregunta es del todo pertinente y refleja la importancia que en una democracia moderna tiene el tribunal de la opinión pública sobre las decisiones que el poder político asume bajo el convencimiento de que todos los detalles que acompañan a la decisión pueden ser (o no) conocidos. De hecho, al margen de lo que el derecho admite jurídicamente como aceptable, es la opinión pública la encargada, en último extremo, de validar aquello que resulta asumible de acuerdo con un «código de valores» que las sociedades se conceden en cada momento y lugar. Es, precisamente, en función de ese código de valores como se juzgan las decisiones adoptadas por quienes asumen responsabilidades de gobierno siempre, obviamente, que tales decisiones y el contexto en el que han sido adoptadas sean conocidas. ¿cómo garantizar este extremo en el marco de operaciones calificadas como secretas?.

Para las sociedades democráticas, especialmente las europeas, la vida ocupa un lugar privilegiado en ese código de valores que nos hemos otorgado. También la de los terroristas a quienes preferimos juzgar con todas las garantías, no sólo por convicción jurídica, sino también como expresión de una superioridad moral que nos aleja de aquello que entendemos reprobable por abyecto. Espías desde el cielo es solo una película, pero nos describe una realidad que no resulta alejada de los problemas a los que, como sociedades, debemos hacer frente. Los atentados terroristas de Daesh en París o Bélgica nos previenen sobre una amenaza creciente a nuestra seguridad que debemos combatir con eficacia y garantías sin que, la consecución de un fin aparentemente loable, ponga en peligro los pilares sobre los que se asienta nuestra cultura democrática, nuestra escala de valores y también nuestra tradición jurídica.

La seguridad es una responsabilidad de todos, preservar nuestro sistema de libertades también.

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