Voluntad popular
Voluntad popular y no voluntad de los populares. Las gentes del PP tienden a confundir los términos cuando se trata de decisiones que creen que les perjudican. La voluntad popular se ha expresado a través de los grupos de oposición en el Congreso al estimar que toda la extensión de la financiación irregular del Partido Popular debe ser sometida a escrutinio político. La voluntad del PP es que la podredumbre que lo penetra no sea sometida a control alguno y que sólo lo que no logran impedir que los tribunales juzguen sea lo expuesto a la vista pública; y eso no sin llegar a ejercer violencias inimaginables sobre el sistema judicial para intentar impedirlo.
La unión de los partidos de la oposición en el legítimo empeño de realizar una limpieza democrática de nuestra sociedad, que sólo es posible mediante el descubrimiento de los vicios que el PP quiere ocultar, ha sido calificada por el inefable Rafael Hernando como “un linchamiento por parte del resto de los partidos”.
¡Bienvenidos, señores del PP, al juego democrático en un Congreso en el que no tienen mayoría! Siento que la voluntad popular no les guste, pero esa comisión es la traducción exacta de lo que los españoles que no les votaron desean. Se lo está restregando por la cara tanto la inexorable matemática parlamentaria como la guinda de que el CIS vuelva a mostrar la corrupción como el segundo problema para los españoles. Los españoles mostramos así ser menos tontos, sumisos y maleables de lo que creen y eso es gratificante.
Me han restregado en mil tertulias la idea de que la corrupción ya no iba a pasar factura en esta nueva legislatura a la estabilidad del Gobierno: “Rajoy la da ya por amortizada”. ¡Ja! Primero habría que recordarle al presidente del Gobierno que la voluntad rajoyana tampoco se sitúa por encima de la voluntad popular y que, por mucha posverdad que predique, los hechos son contumaces. La corrupción le acecha. La corrupción le salpica en cada movimiento. La corrupción es el eje en el que se mueve la esfera pública porque no puede ser de otra manera en una sociedad que aún no está lo suficientemente gangrenada como para aceptarlo todo.
Rajoy está acostumbrado a un estado anómalo de cosas en que el Poder Ejecutivo campaba a sus anchas enseñoreado sobre los otros dos. Una mayoría absoluta y una política de penetración y asalto del Poder Judicial le hicieron pensar que todo estaba bajo su control. Desde Montesquieu a Hegel, pasando por otros muchos autores, en la teoría de las separación de poderes se ha resaltado siempre que los tres poderes tradicionales no lo son en términos de simetría o igualdad sino que existe una preeminencia del Legislativo sobre los otros dos. Es lógico puesto que tanto el Ejecutivo como el Judicial están sometidos a las leyes que sólo el Legislativo puede promulgar. Esta es la sana lógica de un sistema democrático que la voluntad de los populares se resiste a asimilar.
En términos de control de los actos del Parlamento, está establecido ya claramente que puede haberlo por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa en los casos referidos a personal y administración de las Cortes y por parte del Tribunal Constitucional de aquellas resoluciones que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (artículo 42 LOTC). Es evidente que la labor de control parlamentaria de los ilícitos cometidos por una fuerza política en el acto de presentarse a comicios electorales no constituye una violación de tales derechos. Nos van a intentar demostrar que sí y hasta puede que lo consigan porque, no lo olvidemos, ya colocaron a sus alfiles en los puestos en que les iban a ser necesarios. Por eso afirma Juezas y Jueces para la Democracia que “abusar de la Justicia para no responder políticamente es una atentado a la separación de poderes y a los ciudadanos”.
Otra de las astucias del Partido Popular ha sido desde el primer momento llevar la barrera de sus responsabilidades al terreno exclusivamente penal. Sólo lo judicial vale y eso porque no queda otro remedio que asumirlo. Así toda responsabilidad de la acción política ha quedado limitada a los términos de soy un delincuente/no soy un delincuente y todo el relato público sobre la corrupción y el asalto a las instituciones y al erario público se ha convertido en un relato regido por las normas del Derecho Procesal. Esa misma forma de presentar las cosas constituye de hecho una patología y es una radiografía de un sistema enfermo en el que no se busca la sanación sino la impunidad.
Ahora que les ha crecido el enano de la comisión de investigación residenciada allá donde se residencia el gran poder democrático –que emana del pueblo debo recordarles– llevan la vuelta de tuerca un paso más allá y pretenden controlar los daños aplicando las normas procesales también a un juicio meramente político en el que no existen castigos ni privaciones de derechos fundamentales sino, simplemente, la respuesta ante los representantes de la soberanía nacional.
El Partido Popular está podrido. El Partido Popular ha acudido dopado económicamente a las elecciones, en desigualdad de armas con el resto de fuerzas, y el pueblo tiene derecho a pedirles explicaciones por ello. El alcance de tales trampas es indelimitable dado que, hasta donde ahora sabemos, las dinámicas han sido las mismas en múltiples territorios y se remontan mucho en el tiempo. Ya sabemos que la financiación ilegal no era delito –pero era ilegal– hasta hace poco. Precisamente por ser una cuestión ajena a la actividad penal puede y debe ser controlada en el Congreso y su único castigo será aquel que el pueblo quiera. Si tal castigo se produce en las urnas será no sólo lícito sino moralmente deseable.
Por último quiero felicitar a los líderes de la oposición por este acto de coherencia, de unidad y de verdadero servicio al país. Esperemos que sea sólo el primero porque la tarea de regeneración es tan grande que no termina en una comisión.
