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Wert quiere cambiar la ley para garantizar la subvención de la educación segregada

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Ante las sentencias del Supremo, una nueva ley. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha mostrado partidario de reformar el marco legislativo para que ampare la aportación de fondos públicos a aquellos centros escolares que segreguen a los chicos y las chicas.


El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta de Andalucía y al último Gobierno de Cantabria, que negaron el concierto a dos colegios en los que se imparte educación diferenciada por sexo, en Torrevelo (Cantabria) y Brenes (Sevilla).

El Supremo se fundamenta en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación, que prohíbe la discriminación por "sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". La empresa Fomento de Centros de Enseñanza (vinculada al Opus Dei) ya ha anunciado su intención de llevar al Constitucional el fallo sobre el centro de Torrevelo.

Eso sí, lo que no hace el Supremo es prohibir los conciertos con centros segregadores, a lo que se aferra la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre: "Por supuesto que mantenemos todos los conciertos (...), las sentencias no prohíben los conciertos de ninguna de las maneras, y la Comunidad de Madrid está absolutamente a favor de la libertad de elegir colegio a los padres y está absolutamente en contra de que se quiera imponer un tipo de educación u otra". Y concluyó: "No soy dogmática ni talibán".

Para evitar más reveses judiciales, el ministro se ha mostrado a favor de reformar la ley en una entrevista en la Cadena Ser: "Creemos que esa modalidad es compatible con la no discriminación y no se excluye un cambio legislativo para aclarar las dudas".

Wert llevó a finales de junio al Consejo de Ministros un primer informe para reformar la LOE, de 2006. Mariano Rajoy llegó al Gobierno con la promesa de reformar la LOE y aprobar una Ley Orgánica de Mejora de Educación que entrará en el Congreso en el próximo periodo se sesiones y será aprobada "en los próximos meses". Y dado que el marco legislativo no establece que la segregación entre chicos y chicas sea discriminatoria, el ministro considera "que no debe existir discriminación económica", para lo cual una reforma aclararía el panorama.

Para apoyar su tesis, Wert (al igual que el voto particular del magistrado Antonio Martí García) se ampara en el artículo 2 de la Convención contra las Discriminaciones en la Enseñanza de 1960 de la Unesco, que afirma que no será constitutivo de discriminación "la creación de sistemas de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y femenino, siempre que ofrezcan facilidades equivalentes y permitan seguir los mismos programas".

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