Un calendario judicial a la medida de un duque

A medida que se aproxima el final de la instrucción del caso Nóos, en el que los principales imputados, el duque consorte de Palma por su matrimonio con la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, se pueden ir extrayendo conclusiones significativas del procedimiento judicial.

La primera es un aviso a navegantes: la impunidad de la que ha gozado la familia del rey en los últimos 35 años se ha terminado. Quizá durante la transición y su proceso posterior, las informaciones negativas sobre el rey Juan Carlos y su familia fueran tabú, pero ahora como jefe del Estado está sometido a la misma vigilancia que el resto de instituciones del país a pesar de la condición de inviolabilidad judicial de la que goza el monarca.

Urdangarin, Torres y su entorno han conseguido reunir cerca ce nueve millones de euros en los últimos años, 5,8 de los cuales han salido directamente de las administraciones autonómicas del PP de Baleares controlada por Jaume Matas, y de la de Valencia liderada por Jaume Camps. Y, según el último auto del juez de Palma José Castro, lo han logrado esencialmente porque Urdangarin hacía un uso indebido de su parentesco con la familia real.

Pero también destacan algunas paradojas. De entrada, todo parece indicar que quien ha levantado la veda sobre Urdangarin y, en menor medida, sobre la infanta Cristina, ha sido el sector más duro de la derecha española. No es casual que el medio que más se ha destacado en la denuncia de las actividades de Urdangarin haya sido El Mundo, de Pedro J. Ramírez, y que, como acusación popular se haya personado el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, con la obsesión de lograr la imputación de la infanta Cristina, que hasta ahora no han conseguido.

Hasta que llegó el escándalo Urdangarin, los miembros de la familia del rey gozaban casi de la más absoluta impunidad. De hecho, eran conocidos los manejos del duque de Palma en el mundo de los negocios, sin que medio de comunicación alguno osara siquiera comprobar si lo que era vox populi respondía a la realidad y en qué medida.

Hay, eso sí, un precedente inmediato. El reportaje que publicó la revista Época, del grupo Intereconomía, sobre la supuesta vida disoluta del otro yerno del rey, el exmarido de la infanta Elena, Jaime de Marichalar.

Ese asunto acabó en los tribunales y se exigió a Época una fianza que amenazaba la continuidad del grupo, un millón de euros. Para sorpresa de muchos, la sentencia que absolvió tanto al director de la revista en el momento que se publicó el reportaje, Carlos Dávila, como a la autora del trabajo, Eugenia Viñes, parecía un mensaje claro del poder judicial a los otros poderes y al resto de la sociedad: la patente de corso de la que disfrutaban se había terminado.

Tres cuartos de lo mismo ocurrió cuando Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, Letizia Ortiz, acudió a los tribunales para denunciar el acoso que supuestamente sufría de la prensa rosa. La cuñada del heredero a la Corona recurrió nada menos que a la abogada de Pedro J. Ramírez, Cristina Peña, para defender sus intereses en los juzgados. Y perdió.

El caso Nóos nació como parte del caso Palma Arena, por el que se procesó y condenó al exministro de José María Aznar y ex presidente de Baleares, Jaume Matas, por expoliar las arcas de la comunidad isleña. Dada la estrecha relación que había unido al director de El Mundo con Matas, la implicación de Urdangarin parecía originalmente una cortina de humo para desvar la atención de la persecución del exdirigente del PP. Pero el caso cayó en manos del juez Castro, titular del juzgado de instrucción número 5 de Palma, muy próximo a la jubilación y con muy poco que perder.

Las investigaciones sobre los negocios de Urdangarin se iniciaron durante la primera mitad de 2011, aunque el escándalo estalló finalmente el 21 de octubre de ese año, cuando la policía, por orden de Castro registró las sedes de las sociedades de Urdangarin en Barcelona.

A pesar de los informes policiales, del abundante material incautado de carácter incriminatorio, y del mensaje de Navidad del rey a la ciudadanía en el que dejaba claro que “todos los españoles son iguales ante la ley”, la imputación de Urdangarin no se produjo hasta marzo de este año, así que, buena parte de los delitos imputados a Urdangarin habrían prescrito, especialmente los cometidos antes de que fuera contratado por Telefónica a petición del rey para ser enviado a Estados Unidos ante el clamor del escandaloso tren de vida de los duques de Palma.

El juez Castro ha demostrado que es independiente y que le importa poco ni de dónde parten las denuncias ni cuáles son sus intenciones, sino si los hechos son ciertos. Pero la Fiscalía es una institución jerárquica, que sigue una cadena de mando con la cúspide en el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido hasta que Mariano Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno, y Eduardo Torres-Dulce, desde entonces.

El caso Nóos ha dejado de formar parte de Palma Arena para constituir una pieza separada en la que los únicos imputados son los miembros del universo del duque de Palma. Si parecía que con el escándalo habría sido suficiente, los negocios que hizo Urdangarin después de 2006, oficialmente sin el conocimiento del rey, han estropeado la explosión controlada en la que parecían comprometidos tanto el sector moderado del PP al que pertenece Rajoy como el PSOE. El hecho de que la esposa de Torres, Ana María Tejero, haya sido imputada en la causa, mientras la infanta Cristina ni siquiera ha sido citada a declarar como testigo, demuestra que la afirmación del monarca sobre la igualdad de los ciudadanos ante la ley es cuanto menos dudosa.

Ese hecho enojó profundamente a Torres, que cuenta con información documental importante sobre la implicación de la familia del rey en el caso Nóos. Y, por eso, ahora Urdangarin y Torres han retomado los contactos para encontrar un mediador que logre un acuerdo con la Fiscalía que deje el asunto en penas menores o incluso simples sanciones si los principales imputados devuelven la parte del león del dinero que se apropiaron de una entidad que nominalmente era sin ánimo de lucro como Nóos, y que ya alcanza los tres millones de euros, pero que podría superar los cinco millones porque todavía quedan dos millones desaparecidos en Suiza a la espera de que el país alpino remita las comisiones rogatorias enviadas por el juez Castro.

Está por ver si Urdangarin y sus hombres acabarán sentándose en el banquillo, pero todo apunta a que los poderes económicos que respaldan al monarca harán todo lo posible para que el Gobierno de Rajoy lo impida. Pero ahí queda el aviso: en un país al borde del rescate, con seis millones de parados, y en el que el Gobierno ha puesto el máximo posible de trabas para que los desempleados en riesgo de exclusión puedan acceder a la ayuda de 400 euros, frivolidades, las justas.