El berrinche de los aforamientos
Los de Rivera la han cogido llorona con los aforamientos. El tira y afloja con el PP en Murcia lo deja muy claro. Lo malo es que su medida estrella en materia de regeneración no lo es tanto ni es tan clara ni pone el foco en el verdadero problema. Por contra, activarla sin más reflexión podría acarrear perjuicios para la democracia en el futuro que parecen no querer ver. No soy sospechosa de ser pepera, pero en algunos de estos aspectos llevan razón los populares. No creo que nadie tenga que dimitir incluso antes de haber sido oído por juez alguno. Comparto también la posición que en su día tuvo Podemos de rechazar en el Congreso una reforma exprés para anular los aforamientos.
Los aforamientos no son un privilegio de los políticos, como nos dicen ahora, sino una protección de nuestros legítimos representantes para que no puedan ser apartados del juego político de forma espuria. Los fueros e inmunidades especiales de los representantes del pueblo nacieron porque había una cierta tendencia del poder a interceptarlos para que no pudieran hacer valer su voto. Digamos que en aquella época no hacía falta dar tamayazos porque se podía detener o llevar ante el juez a los diputados justo antes de que fueran a depositar su voto que era necesario para tener mayoría. Me dirán que son otros tiempos pero yo hasta eso dudo. Estamos en franco retroceso y no quiero dejar puertas abiertas.
A veces para ver el efecto nocivo de propuestas aparentemente irreprochables hay que mirar los efectos que podrían provocar y mirarlos en carne propia. Imaginemos un escenario en el que un representante o un cargo electo no está aforado y además está obligado a dimitir en el mismo momento en que sea llamado por un juez a declarar como investigado (imputado). Imaginen que ese representante es el suyo. El que votaron. Basta con que una asociación o persona presente una querella con un relato de hechos que tenga apariencia de delito para que el juez se vea forzado a aceptarla. Una vez aceptada tendrá que tomar declaración a ese cargo y deberá hacerlo como investigado para que acuda con abogado y sin obligación de decir la verdad. Ese cargo tendría que dimitir.
Ya comprenden que si quiero quitar de en medio a alguien sólo tengo que hacer que se presente una querella de ese tipo. Si para colmo he hecho que el instructor ya no sea un juez sino un fiscal –como sigue insistiendo en hacer Catalá– pues ya me dirán si no corremos riesgos democráticos en un sistema que funciona como funciona el actual.
El verdadero problema no son los aforamientos y Ciudadanos debería darse cuenta. El verdadero problema es la politización y perversión de la forma de cubrir las plazas de los magistrados de los altos tribunales. No se trata tanto de que el político esté aforado sino de que está aforado ante magistrados que han sido nombrados con intervención de sus propios partidos. Esos presidentes de tribunal superior designados por el CGPJ con la aquiescencia del partido que gobierna en el territorio o la existencia del magistrado autonómico, nombrado por las cámaras a cuyos miembros tienen que controlar. Ese es el problema.
La otra cuestión ha sido, como hemos visto en estos tiempos de corrupción, el uso torticero que se hacía del aforarse y desaforarse para elegir tribunal en cada momento procesal. El Supremo ya puso coto a eso pero podía hacerse por ley. Empiezas como aforado y sigues en la misma jurisdicción aunque dimitas o pierdas el cargo.
Murcia parece ser una especie de laboratorio en el que cuestiones de calado del sistema jurídico español se están mercadeando con el telón de fondo del mantenimiento del poder. Como contrapartida el PP pide que se impida ejercer la acusación popular a partidos y sindicatos. Lo hacen aparentemente para paliar el riesgo que antes explicaba pero tampoco es una solución aceptable. Sin tales acusaciones populares el PP no hubiera visto en los tribunales ni el Caso Papeles de Bárcenas, ni el Caso Bankia ni otros muchos. Por otro lado me temo que es un primer ensayo de la restricción de la acusación popular que se plantean hacer y que es inaceptable, sobre todo si va unida a una instrucción por parte del fiscal.
Hay otras muchas cuestiones peligrosas y otros muchos argumentos. En cualquier caso baste con decir que los tira y afloja de dos partidos por cuestiones de mantenimiento de cuota de poder no pueden ser la base sobre la que se escriba una reestructuración de calado del sistema jurídico-político español. Hace falta un consenso más amplio y, sobre todo, hace falta no tocar partes esenciales del sistema sin pensar en cómo afectan a otras porque eso lo desequilibra y causa disfunciones que pueden ser graves.
Si estas cuestiones que ahora discuten para obtener un apoyo en una pequeña Comunidad se convirtieran en ley, dentro de nuestro contexto penal actual, podrían suponer una merma democrática grave. Por hacer política ficción con esas normas: ¿qué impediría que la Asociación Francisco Franco pusiera una querella contra, por ejemplo, un cargo de Podemos por alguno de sus tuits críticos alegando, por ejemplo, incitación al odio o cualquiera de los conceptos jurídicamente indeterminados que estamos viendo últimamente? ¿Qué impediría que un juez tuviera que llamarle a declarar como imputado? Sería obligado a dimitir o a no ir en las listas aunque luego todo fuera tan absurdo como lo que estamos viendo en la Audiencia Nacional. ¿Quién nos asegura que con tipos tan abiertos no se utiliza la desprotección de los cargos electos para controlarlos y neutralizarlos?
Los experimentos con gaseosa, y si algunos necesitan banderas de regeneración democrática que cojan cualquiera de las miles que hay disponibles y que no comportan tales riesgos. Todos se lo agradeceremos.
